La UCO participa en un estudio sobre el establecimiento de una ecotasa al uso del agua

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha indicado que la factura del agua corriente incluye conceptos como el mantenimiento de las canalizaciones o la depuración, pero generalmente no se cobra el bien en sí. En política económica, se discute desde hace años el establecimiento de tasas sobre recursos, que como el agua tienen un valor económico, aunque se encuentren libremente en la naturaleza. Precisamente, porque también tienen un valor ecológico al ser un recurso limitado.

El mayor consumidor de agua es el sector agrario. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente el 70 por ciento del uso de este bien se realiza en campos de cultivo como las zonas de regadío mediterráneas.

La demanda de agua es creciente, por el aumento de la población y la actividad industrial, y las perspectivas de la disponibilidad del recurso negativas, debido al calentamiento global. Diferentes instrumentos económicos podrían regular su uso. Uno es reconocer el valor del agua, tanto económico como ambiental, por medio de una tasa. En la Unión Europea, Estados Unidos o Australia ya ha sido planteada esta solución para minimizar los efectos de las sequías.

Con el fin de conocer los efectos que medidas fiscales tendrían sobre el uso del agua y sobre la economía agraria y local en su conjunto, un equipo de investigadores en ingeniería agronómica ha simulado diferentes escenarios impositivos en una región agrícola italiana Emilia-Romaña, un territorio fértil bañado por las aguas del caudaloso Po, el río más largo de la península italiana.

"La idea de partida es que, si se sube el precio, el uso será más racional. En el campo, esto podría suponer una apuesta por cultivos con un mayor valor añadido", ha indicado Carlos Gutiérrez, del Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria de la UCO, participante del estudio.

Para conocer los efectos del sobrecoste, dividieron la región en distritos de riego. A partir de una herramienta llamada 'modelo de preferencia revelada', se reprodujo el comportamiento de los agricultores en cuanto al uso del agua. Con la tasa, su uso disminuía y los caudales de los ríos se mantenían más copiosos; pero a partir de un punto de incremento de costes, la economía de estas explotaciones se resentía y entraba en pérdidas. Esto no sólo sucedía en los campos de cultivo.

A nivel macroeconómico, también había consecuencias. La simulación mostraba que el incremento del precio del agua tenía efectos globales en el valor bruto añadido de la zona. Los resultados de este estudio han sido publicados recientemente en 'Environmental Modelling & Software'.

LA UTILIDAD "DEPENDE DE LA REGIÓN"

Vistas las consecuencias negativas en la economía, pero positivas para el medio ambiente, cabe preguntarse hasta qué es punto es bueno establecer este tipo de tasas. Gutiérrez cree que la herramienta es útil "dependiendo de la región".

En este sentido, ha explicado que "en Andalucía, sería negativa, ya que el uso agrícola del agua ya está en el límite, puesto que no se dispone de más". Si se estableciera un sobrecoste, los productores se verían obligados a abandonar el regadío por cultivos menos eficientes de secano. "Sin embargo, en regiones más ricas en agua, como las del norte de España, puede ser una herramienta positiva, aunque hay que tener en cuenta que se perdería algo de valor bruto añadido".