Las sanciones incluyen la prohibición para los ciudadanos y empresas radicadas en la UE de importar al mercado europeo productos originados en Crimea y Sebastopol, invertir en propiedades ni empresas en Crimea, financiar a compañías en el territorio y de suministrar servicios relacionados.
También están prohibidos los servicios de turismo. En particular, los cruceros europeos no podrán hacer escala en sus puertos, salvo en caso de emergencia.
Las exportaciones a compañías de Crimea o para su uso directo en el territorio de determinados productos y tecnologías en los sectores del transporte, telecomunicaciones y energía, así como para la prospección, exploración y producción de petróleo, gas o recursos minerales quedan prohibidas. También están prohibidos los servicios de brokering, construcción e ingeniería relacionados con la infraestructura en estos sectores.
Los Veintiocho impusieron por primera vez sanciones económicas a Crimea en junio de 2014 en respuesta a la anexión ilegal rusa del territorio y fueron reforzadas en diciembre de ese año y se han venido extendiendo desde entonces en línea con "la política de no reconocimiento" del territorio anexionado, algo que ha venido condenado de forme repetida.
"La situación en Crimea no ha cambiado y por tanto las sanciones se renuevan", ha justificado una fuente diplomática de alto nivel de la UE.
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