VIVIENDA. LA FEMP PROPONE A HACIENDA DOS ALTERNATIVAS PARA LA REFORMA DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA

- Pide al Gobierno que actúe con celeridad. El presidente de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, hizo este martes dos propuestas al Ministerio de Hacienda y Función Pública como alternativas para la reforma del impuesto de plusvalía después de que el Tribunal Constitucional haya dictaminado que no se ha de pagar este impuesto si la vivienda se ha vendido a pérdidas.
En declaraciones a los periodistas tras la Junta de Gobierno de la FEMP, Caballero recordó que en el año 2015 la Federación pidió al Gobierno que hiciera una nueva legislación sobre este impuestos “porque veíamos que iba a ser anulado en parte por el Constitucional”.
En este sentido, destacó que “queríamos que el Gobierno iniciara la tarea de llevar a cabo un proyecto de reforma de la ley para que el Parlamento eventualmente lo aprobase”.
Sin embargo, agregó, “lo cierto es que no se hizo y el Tribunal Constitucional ha anulado parte del impuesto, por lo que ha dejado sin efecto la posibilidad de seguir recaudando y utilizando el impuesto, generando así un gran vacío legal y una inseguridad jurídica”.
Por tanto, dijo el presidente de la FEMP, “urgimos al Gobierno de España con toda celeridad que cubra este vacío legal y que envíe un proyecto de ley para que el Parlamento pueda legislar y para que se resuelva la situación de vacío legal e inseguridad que tenemos en este momento”.
Caballero apuntó que el Gobierno pidió a la FEMP una opinión al respecto, pero subrayó que “como todos los impuestos, está aprobado y promovido por el Ejecutivo”, aunque sí que reconoció que tienen “una relación directa con el impuesto después de tanto años trabajando en su recaudación”.
Ante esta situación, el responsable de la FEMP informó de que la federación aprobó hoy unas proposiciones que mañana mismo se harán llegar mediante dos propuestas.
PRIMERA PROPUESTA
La primera, expuso, “es proceder en la reforma del impuesto fijando la base liquidable del impuesto con criterios y normas objetivas”. Caballero explicó que se trata de que, eventualmente, se legisle, mandatando al catastro a que elabore un índice anual de la evolución del valor de los terrenos de naturaleza urbana, donde puede haber aumento o disminución, “de tal modo que ese índice refleje la evolución del mercado”.
“Con ese mecanismo tendríamos un índice que cada año que diría si el valor del suelo de cada una de las zonas de España ha aumentado o disminuido o han permanecido sensiblemente estables”, recalcó.
Según el presidente de la FEMP, “este hecho, en su aplicación, produciría y resolvería la indefinición y la situación que describe el Tribunal Constitucional cuando dice que hubo pasos en los que hubo minusvalías en lugar de plusvalías y, sin embargo, la fórmula anterior de cálculo del impuesto, que siempre era un multiplicador positivo, daba por definición plusvalías”. De este modo, “tendríamos una aplicación razonable del mercado donde unos años habría plusvalías y otros minusvalías”, subrayó Caballero.
SEGUNDA OPCIÓN
La otra opción “sería subjetiva y muy fácil de entender”, señalaron desde la FEMP. Consistiría en una base imponible para ser gravada, que sería el valor de venta menos el valor de compra. “Cuando el valor de venta fuese superior al valor de compra, habría plusvalía y, por tanto, ese impuesto gravaría, mientras que cuando el valor de venta fuese inferior al valor de compra, no habría habido plusvalía y, por tanto, el impuesto sería cero”, aclaró Caballero.
Ante estas dos propuestas, Caballero indicó que urgen al Gobierno a que actúe y decida con celeridad “si puede ser en semanas o antes de que acabe junio mejor” y añadió que “le ofrecemos toda nuestra cooperación”.
COMPENSAR A AYUNTAMIENTOS
Al mismo tiempo, hicieron otro planteamiento al Ejecutivo y le pidieron que reúna “de forma urgente” a las corporaciones locales para estudiar de qué forma se va compensar a los ayuntamientos en aquellos casos en los que un tribunal decida que tiene que haber una devolución, lo que “significará que ha habido un daño a las arcas municipales”.
Por tanto, la FEMP demandó que el Gobierno plantee a la Federación “cómo va a resarcir de esa caída de ingresos o de esa indemnización que supondrá un coste en las arcas municipales, porque el impuesto está aprobado por el ejecutivo”, por lo que añadió que “no se puede hacer responsable a los ayuntamientos”.
En este sentido, Caballero apuntó que “no puede ser que el coste financiero de esa eventual devolución tenga que ser sufragado por los ayuntamientos”, por lo que el Gobierno de España “tendría que asumir el 100% de todas las devoluciones que puedan producirse por la sentencia del Tribunal Constitucional”.