El Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos se ha dado hasta 2022 para decidir qué hacer con las cinco autopistas de peaje y las cuatro autopistas radiales cuya gestión recuperó el Estado a lo largo de 2018, después de que las empresas concesionarias privadas responsables de su gestión -la mayoría sustentadas por las grandes constructoras y los principales operadores de autopistas del país- fueran incapaces de hacerlas rentables y terminaran en la quiebra.
Ábalos, que paralizó al poco de aterrizar en Fomento el proceso de 'relicitación' de las vías que el ministro Íñigo de la Serna pretendía sustanciar antes del cierre de 2018, es partidario de chequear el potencial de las autopistas antes de ofrecerlas en el mercado al mejor postor. Tiene sus razones. Los datos que maneja el Ministerio de Fomento apuntan a que la gestión de las autopistas rescatadas va a ser un buen negocio para el Estado. Según las previsiones oficiales recogidas en las cuentas anuales de Seittsa de 2018, consultadas por La Información, la sociedad mercantil estatal ingresará este año 122 millones de euros por el negocio de explotación de las autopistas de peaje de titularidad estatal, que por el contrario apenas le significarán un coste operativo de 57 millones de euros, lo que dejará un colchón de beneficios de 65 millones.
A lo largo de 2018, Seittsa ha gestionado ocho autopistas de peaje: las radiales 2, 3, 4 y 5 de la Comunidad de Madrid, la Autopista Eje Aeropuerto que conecta el centro de Madrid con la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, la Autopista Ocaña-La Roda, la Circunvalación de Alicante y la Autopista Cartagena Vera. El pasado 22 de febrero entró en la cartera de Seittsa la última autopista de pago cuya gestión estaba pendiente de recuperar, la Autopista Madrid-Toledo, la AP-41.
La nueva línea de negocio que el Estado le ha abierto a Seittsa ha cambiado radicalmente el signo de su balance. Las pérdidas endémicas que lastraban las cuentas de la mercantil se convirtieron en 2018 en unos beneficios de 70 millones de euros, de los cuales 50 millones vinieron directamente de la gestión de las autopistas rescatadas, según se recoge en las cuentas anuales de la sociedad de 2018. Es decir, que en los dos primeros años en que Seittsa va a gestionar las autopistas rescatadas va a obtener unos beneficios por esta línea de negocio de 115 millones.
La cifra palidece ante los cerca de 2.300 millones de euros que el Estado se ha visto obligado a asumir en concepto de Responsabilidad Patrimonial por el fiasco de las autopistas rescatadas, pero también muestra que la gestión de esas vías puede ser rentable, incluso después de haber rebajado un 30% los peajes como ha hizo el Gobierno el pasado 15 de enero con resultados muy positivos sobre el tráfico.
Hasta hace un puñado de meses la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seiitsa) era uno de esos entes estatales bajo sospecha. Ideada en 2003 como un vehículo para canalizar las inversiones en infraestructuras de carreteras y ferrocarriles del Estado sin comprometer el déficit público, un demoledor informe del Tribunal de Cuentas, publicado en noviembre de 2017, la puso en la diana al recomendar su liquidación inmediata tras concluir que su "limitada actividad" no justificaba la elevada factura que suponía para las arcas públicas y recalcar, además, que no cumplía el fin para el que había sido creada: centralizar toda la construcción de carreteras y ferrocarriles impulsados por la Administración del Estado, promoviendo la participación de la inversión privada, algo que jamás ocurrió.
Todo cambió en agosto de 2017. El Gobierno de Mariano Rajoy consideró llegado el momento de recuperar las cinco autopistas de peaje y las cuatro autopistas radiales de gestión privada a las que la crisis y la mala gestión habían conducido a la quiebra y decidió encomendar a Seittsa la gestión temporal de las mismas en tanto no fueran sacadas de nuevo a licitación en el mercado. La maniobra supuso la contratación de 420 personas por parte de la sociedad mercantil y de alguna manera también su salvación.
Críticas a la gestión de las sociedades concesionarias
Las empresas concesionarias no han dado ni mucho menos por cerrado el caso tras la reversión de su propiedad y la gestión directa por parte del Estado. Las por aquel entonces adjudicatarias y los fondos que se quedaron con las deudas que contrajeron durante su periodo de funcionamiento privatizado reclaman en concepto de indemnización cantidades que ascienden hasta los 5.000 millones de euros. En cambio, no confían en recibirlo en el corto plazo e incluso algunas señalan que no cuentan con esta cantidad "nunca".
El Gobierno tampoco tiene intención alguna de que la factura para el Estado del rescate de las autopistas de peaje exceda los cerca de 2.500 millones de euros en los que se ha calculado su responsabilidad patrimonial y que ya han sido cargados al déficit. Uno de sus argumentos es la presunta mala gestión que realizaron de las vías y el también presunto incumplimiento de sus obligaciones, que el Ministerio de Fomento no tiene ningún interés en ocultar.
Fomento ha aprovechado el informe de gestión de Seittsa para revelar que aplicará todos los beneficios que se obtengan de la gestión de las autopistas radicales -esos 115 millones de euros en dos años- "a la ejecución de grandes reparaciones y nuevas actuaciones, con objeto de garantizar el perfecto estado de las autopistas, resentido por la falta de inversión de las antiguas concesionarias". Un aperitivo de lo que las empresas se pueden encontrar cuando llamen a la puerta del Estado para recuperar parte de las inversiones realizadas durante su gestión.
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