Abogado imputado en los ERE dice la juez que Zarrías presionaba a Guerrero

  • El abogado Carlos Leal, director del Bufete Estudio Jurídico Villasís e imputado por siete delitos, ha dicho hoy ante la juez que el diputado del PSOE Gaspar Zarrías presionaba, como consejero de Presidencia, al exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero para agilizar pagos a empresas.

Sevilla, 5 jul.- El abogado Carlos Leal, director del Bufete Estudio Jurídico Villasís e imputado por siete delitos, ha dicho hoy ante la juez que el diputado del PSOE Gaspar Zarrías presionaba, como consejero de Presidencia, al exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero para agilizar pagos a empresas.

El abogado, que está imputado por siete delitos en el caso de los ERE, ha afirmado a la juez Mercedes Alaya que un día encontró a Guerrero "descompuesto" por las presiones que había recibido de Zarrías para agilizar pagos de la empresa de Jaén Cárnicas Molina, según fuentes del caso.

Ese día, Guerrero, que ha estado encarcelado en dos ocasiones por este caso, se quejó de que "todo el mundo" le llamaba para solucionar los problemas de la empresas.

Además, el abogado ha afirmado que la ayuda de 15 millones de euros que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en 2008 a fondo perdido para la empresa Dhul fue como consecuencia de una comida previa en la sede de la Presidencia en la que participaron Zarrías y dos consejeros más junto a José María Ruiz Mateos y un hijo, según las fuentes conocedoras de la declaración.

En octubre de 2008, el Consejo de Gobierno anunció el proyecto industrial que se pondría en marcha en Jaén, de la mano de Dhul y Proasego, que absorberían a todos los trabajadores afectados por el cierre de Primayor, antigua Cárnicas Molina, tras presentar suspensión de pagos en julio de 2007.

Según el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, estas dos empresas invertirían en una primera fase más de 86 millones de euros en sus plantas, y crearían más de 234 puestos de trabajo directos dentro de un plan industrial para los próximos cinco años.

El abogado, que empezó su declaración ayer, está acusado de siete delitos: malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricación impropia, contra la hacienda pública, asociación ilícita y cohecho, que habría cometido desde 1999, cuando se produjeron los primeros ERE fraudulentos.

Carlos Leal es el último en declarar de la rama de los ERE falsos relativa al cobro de sobrecomisiones, que se puso de manifiesto en marzo pasado tras la operación Heracles de la Guardia Civil, en la que se detuvieron a 22 personas.

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