Este viernes finaliza el plazo para que los accionistas del Banco Popular reclamen ser indemnizados por los posibles daños y perjuicios que les habría causado la resolución y posterior venta de la entidad al Banco Santander, que conllevó la amortización o reducción a cero de sus inversiones. Aunque el límite expiraba el pasado 7 de junio, coincidiendo con el tercer aniversario de la operación, la suspensión de los plazos procesales durante el estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia, amplió 82 días el tiempo para solicitar dicha compensación ante los tribunales, hasta mañana.
Si bien la Audiencia Nacional instruye actualmente la causa penal contra los dos últimos equipos gestores del Popular, los expertos mantienen que la mejor opción para que los afectados recuperen sus inversiones lo antes posible es la vía civil. Una de las acciones que se pueden plantear es, precisamente, una solicitud de indemnización por daños y perjuicios, reclamación que, explican desde Lean Abogados, "está siendo aceptada en la inmensa mayoría de tribunales de nuestro país".
Se basa, añaden, en que "la información contenida en el folleto que el banco emitió con ocasión de su ampliación de capital de 2016 no reflejó de ninguna manera el estado real de la entidad, y omitió datos clave para que los inversores tuvieran una imagen fiel de su situación". Por ello, interpretan, "todos aquellos inversores que confiaron en el Popular y compraron acciones entre el 25 de mayo de 2016 y el 25 de mayo de 2017 están amparados por el folleto informativo que emitió el banco".
Por su parte, Rúa Abogados, que asesora a más de 9.000 perjudicados, habla de la posibilidad de evitar que prescriba el plazo si el accionista presenta una reclamación extrajudicial. En toda España habría unos 300.000 afectados por la venta del banco, de los que sólo el 20% habría iniciado acciones legales, según estimaciones de Vallverdú Abogados, que indica que los plazos pueden variar dependiendo de la demanda.
De este modo, quienes quieran anular el contrato de compra de obligaciones subordinadas y acciones de la última ampliación por vicio en el consentimiento, podrán hacerlo hasta mediados del próximo año. Los titulares de bonos subordinados convertibles, en cambio, podrán reclamar un resarcimiento de daños y perjuicios hasta el próximo 25 de noviembre.
Se trata de una emisión de 700 millones de euros que la entidad colocó en 2009 a un precio que quedó establecido en 3,64 euros por título y que más tarde fueron canjeados por otros de nueva emisión. Sin embargo, en 2015, apenas meses antes de su vencimiento, se sucedieron las primeras demandas contra el Popular por la comercialización de un "producto financiero de inversión complejo y arriesgado" que algunos clientes calificaron de "tóxico".
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