El bono eléctrico toca fondo y pierde 1,3 millones de beneficiarios en cuatro años

El bono social eléctrico, una ayuda diseñada para hacer frente a la pobreza energética que se puso en marcha en 2009 y que desde esa fecha ha sufrido importantes modificaciones, no ha conseguido buena parte de sus objetivos y se ha dejado en el camino a 1,3 millones de consumidores que en algún momento fueron considerados vulnerables. En un contexto en el que el precio de la electricidad del mercado regulado está en máximos, la bonificación no ha conseguido reducir la factura lo suficiente e incluso muchos de los antiguos beneficiarios han renunciado a la bonificación y se han refugiado en las innumerables ofertas de las compañías energéticas en el mercado libre. Y todo pese a que el Gobierno ha hecho un nuevo esfuerzo para subvencionar el 70% del recibo eléctrico a los consumidores vulnerables severos y el 40% de los severos hasta el 30 de junio y que quizás sea prorrogado.

El bono no llega a todas las personas vulnerables, pero tampoco su diseño consigue reducir la vulnerabilidad energética de los hogares que recurren a él, según admiten los propios responsables del Ministerio de Transición Ecológica, que abogan por la puesta a punto de los hogares para hacerlos eficientes energéticamente y el recibo se reduzca. Los hogares que no consiguen pagar las facturas energéticas siguen subiendo y también los que son incapaces de calentar sus casas. "El bono social eléctrico y el bono social térmico son medidas importantes, pero no dejan de solucionar el problema a muy corto plazo", señalaba recientemente el subdirector general de eficiencia en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Jacobo Llerena.

Los cambios legislativos, que han ido marcando los beneficiarios idóneos en cada momento, no han contribuido a clarificar el modelo y poder trabajar sobre él. El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue el impulsor del sistema con un descuento en la factura de la luz del 25%, que prácticamente se ha mantenido. En los inicios, hasta uno de cada diez hogares pudieron beneficiarse de la bonificación, una cifra que ha caído drásticamente y que está muy alejada de las necesidades de las familias más necesitadas. En marzo de 2010, pocos meses después de su puesta en marcha, había cerca de tres millones de beneficiarios, frente a los 1,23 millones actuales.

Apenas 127.800 de pensionistas, un colectivo que agrupa a casi diez millones de personas, se beneficiaban en diciembre del bono social eléctrico

Una de las principales trabas para acceder al bono social es la burocracia. Mientras unos pierden el derecho de acceso a la bonificación al no poder acreditar determinadas situaciones, los que lo consiguen, tras complejos y lentos trámites, deben superar renovaciones periódicas y comprobar si es más rentable la subvención o asumir las 'ofertas' del mercado libre. De los abandonos son protagonistas los pensionistas, que suponen a fecha de diciembre de 2021 apenas 127.800, en un colectivo que agrupa a casi diez millones de personas, de los que 2,2 millones necesitan de media 225 euros para llegar a la pensión mínima, entre 720 y 890 euros en 2022. En julio de 2018 los pensionistas beneficiados rondaban los 295.000.

Examinando los datos que proporciona de forma periódica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el bono social, el escudo de Pedro Sánchez contra la vulnerabilidad energética, no ha cumplido objetivos, está en caída libre y evidencia problemas similares al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida estrella que también ha chocado con la burocracia, en cuyos trámites se deniegan el doble de expedientes que los que se aceptan y que tras dos años de su puesta en marcha está muy lejos de cumplir con los objetivos previstos. Este subsidio aprobado en plena pandemia del coronavirus para luchar contra la pobreza, los ingresos bajos o los empleos precarios, que el Gobierno se comprometió hacer llegar a 850.000 hogares vulnerables y 2,3 millones de personas, de momento solo llega a un millón. 

La primera radiografía del bono social, en 2010, con mínimos requisitos y supervisión, permitió el pico de tres millones de beneficiarios. Apenas un 0,67% eran desempleados, uno de cada diez cobraba una pensión mínima y solo un 2,7% eran familias numerosas. El resto, un 85,5% eran consumidores con una potencia contratada menor a 3 kW, un criterio, que sin considerar las rentas podía llevar a la picaresca de miles de ciudadanos. El bono llegaba a los hogares de forma automática y muchas segundas residencias y pequeños locales se beneficiaron. Determinados ajustes hicieron que desaparecieran de un plumazo 600.000 receptores, pero los ajustes de Pedro Sánchez han hecho que los actuales beneficiarios sean 1,8 millones menos que hace 12 años. 

Se considera vulnerables aquellos hogares en los que la renta es igual o inferior a 1,5 veces el Iprem, 12.159 euros anuales, si no hay menores

Se considera vulnerables aquellos hogares en los que la renta es igual o inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 12.159 euros anuales, si no existe unidad familiar o no hay menores en la misma; o dos veces el indicador, 16.212 euros al año, si además existen circunstancias especiales. A partir de ahí, cada menor en la unidad oficial, hasta dos, suma medio punto y uno si en el hogar existe una situación especial. Pese a todo, ni siquiera la crisis económica consiguió un aumento de perceptores, aunque miles de hogares en los que sus miembros perdieron el empleo o el negocio, y tampoco lo ha hecho, como se podía esperar, la provocada por el coronavirus.

No fue hasta 2017, a través de un Real Decreto, cuando se reguló la figura del consumidor vulnerable y se introdujeron algunos cambios en el bono social, además del concepto de vulnerables severos, que desde esa fecha reciben un descuento mayor y tienen un IVA reducido. En la actualidad suponen más de medio millón, prácticamente la mitad del total de los beneficiarios, y deben estar acogidos a tarifas de último recurso y ser atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas por hallarse en riesgo de exclusión social. Pese a que muchos hogares pueden solicitar la ayuda tal y como está estipulada, que supone un recorte de hasta casi la mitad de la factura de la luz en algunos casos, muchas familias se quedan sin ella al no solicitarla o desconocerla, ya que no se otorga de forma automática. 

El Banco de España señalaba en un reciente informe que los hogares en situación de pobreza o exclusión social en España suman 4,5 millones, pero el bono social solo llega a 1,2 de familias. El 17% de los hogares de un total 18,7 millones tiene ingresos inferiores a mil euros netos mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone que casi 3,2 millones familias estarían en las franjas de vulnerabilidad previstas para el bono social. Estos datos muestran la necesidad de que el bono social llegue automáticamente a los hogares desfavorecidos y potenciar el conocimiento de un mecanismo que puede sacar de apuros en el corto plazo a miles de familias.