Quiere conseguir más y mejor financiación

Acciones de doble voto, sin trimestrales... Calviño busca igualar el Ibex a Europa

  • El Anteproyecto de Ley de implicación de accionistas a largo plazo persigue mejorar el gobierno corporativo y evitar el cortoplacismo.  
Calviño comparece en el Congreso. /EFE
Calviño comparece en el Congreso. /EFE

El Anteproyecto de Ley de fomento de la implicación de accionistas a largo plazo que ha aprobado el Consejo de Ministros este mismo martes busca convertir a la bolsa española en un mercado a la altura de los mejores de Europa. Este es uno de los objetivos principales que persigue esta modificación que, entre otras normas, afecta a la Ley de Sociedades de Capital, según confirman fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. Entre sus objetivos también se encuentra mejorar el gobierno corporativo y adaptar la normativa de emisión de valores al nivel europeo. 

La forma de conseguir "mejorar la competitividad de España como mercado bursátil" será, de acuerdo con las mismas fuentes, gracias a la eliminación de requisitos no obligatorios en otros países y que sí lo eran en España hasta ahora. Es el caso de la presentación de informes trimestrales que, como ya adelantó La Información, dejará de ser obligatoria. En concreto, la nueva normativa deroga el artículo 120 de la Ley de Sociedades de Capital y, de acuerdo con la documentación del anteproyecto a la que ha tenido acceso este medio, se elimina "la obligación de las empresas cuyas acciones cotizan en mercados regulados de publicar información financiera trimestral".

Esto supone homologar la norma española con la práctica totalidad de países de la Unión Europea y con los mercados más relevantes del continente. Ahora serán las empresas las que decidan si hacerlo o no, no estarán obligadas. Salvo en una excepción. La norma habilitará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que, en caso de que lo considere, obligue a la entidad correspondiente a presentar resultados o emitir información adicional, tal y como ahora hace en caso de peticiones de datos a través del Reglamento de Abuso de Mercado. De esta forma, todos los accionistas tendrán la misma información. 

Pero más allá de esto, también introduce una figura muy controvertidas en el mundo empresarial: las acciones de doble voto o acciones de lealtad, tal y como publicó este medio. Desde la aprobación definitiva de la norma, las compañías tendrán la posibilidad de incluir este tipo de beneficios a sus estatutos sociales. Para ello, tendrá que ser aprobado por una mayoría cualificada de los accionistas -en caso de que el quórum sea superior al 50%, deberá tener el visto bueno del 60% de los propietarios de títulos, si apenas supera el 25%, necesitará hasta el 75%-.

Una vez que se incluya en los reglamentos, el contador se pondrá a cero y empezará a correr el periodo de dos años que es necesario para que la máxima de 'una acción, un voto' se convierta en 'una acción, dos votos'. Este hecho podría ayudar a las grandes sagas familiares que cuentan con firmas en nuestro país y que podrían verse respaldadas ahora contra la llegada de posibles fondos que, gracias a su poder de capital, tendrían la facilidad de comprar acciones. Cada compañía deberá contar con un registro interno de acciones de lealtad, de acuerdo con la nueva normativa. 

Esta medida, que podrá ejercerse a petición del consejo de administración o de un accionista en concreto, es la que busca perpetuar a los propietarios de títulos en las compañías y disuadir las inversiones a corto plazo, igualando las condiciones a las de varias de las bolsas europeas e internacionales. 

Mayor implicación para los accionistas

Más allá de estas medidas, también se exigirá más transparecia en la política de remuneraciones ('say on pay'), el derecho de identificar a los accionistas y la obligación para las gestoras y aseguradoras con sede en España de contar con una hoja de ruta a través de la que muestren su política de implicación con las compañías en las que participan. En ella, deberán especificar el plazo y el tipo de inversión a realizar, así como el nivel de cumplimiento con respecto a ejercicios anteriores. 

También se adaptará la normativa de emisión de valores, elevando de cinco a ocho millones el límite mínimo, con el fin de que "dar más libertad", permitiendo que se siga publicado información, confirman desde el fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. El objetivo es, en definitiva, conseguir "empresas mejor gobernadas, más transparentes, capaces de crecer y crear empleo de calidad", señalan. 

Mostrar comentarios