La última Junta Directiva de Activa Mutua no sólo ha dejado resuelto su futuro, tras aprobar la fusión de la entidad con la valenciana Umivale, que controlará el 60% de la futura mutua; también ha decidido ajustar cuentas con su pasado más inmediato y activar una investigación interna sobre Miguel Ángel Díaz Peña, el que fuera su primer ejecutivo entre mediados de 2019 y julio de 2021 por decisión expresa de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, para determinar si como piensa una parte importante de los órganos de gobierno de la entidad cometió un delito de administración desleal con graves perjuicios para la entidad durante su gestión.
La mutua aprobó el pasado jueves remitir una notificación formal a Díaz Peña para comunicarle la apertura de una investigación interna sobre su mandato como director gerente al objeto de determinar si alguna de sus actuaciones como director gerente pudiera ser considerada como delito a la luz de las graves consecuencias que acarreó posteriormente a la entidad en su conjunto. La mutua quiere acelerar el asunto para evitar la prescripción de los eventuales irregularidades que Díaz Peña hubiera podido cometer. Fuentes internas señalan que el objetivo es plantear una demanda en los tribunales contra el exdirector gerente de la entidad.
En el punto de mira, especialmente, las maniobras que realizó al poco de llegar para impedir que la Junta Directiva de Activa Mutua atendiera a los informes jurídicos que le proporcionó el despacho Cuatrecasas y recurriera las actuaciones sancionadoras realizadas contra la mutua por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que le acarrearon un perjuicio patrimonial estimado de 2,2 millones de euros y activaron una serie de actuaciones en paralelo de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas que erosionaron la reputación de la entidad.
Según fuentes de la entidad, Díaz Peña persuadió entonces a los miembros de la Junta Directiva de Activa Mutua, que ya había decidido de manera formal en una reunión recurrir la sanción de la Inspección de Trabajo, de no presentar el recurso con los argumentos de que tenía muy pocas opciones de prosperar y de que lo único que conseguiría es empeorar el clima de la relación con la Seguridad Social. Incluso llegó a remitir una carta a la Junta Directiva para convencerles de no recurrir, lo que finalmente consiguió.
El desarrollo posterior de los acontecimientos ha cuestionado esa decisión, ya que el Tribunal Supremo ha dado la razón a otras mutuas como MC Mutual e Ibermutua en sus recursos por actuaciones similares de la Inspección de Trabajo que pretendían poner coto a los gastos supuestamente suntuarios en los que incurrían las mutuas con los fondos que les llegaban de la Seguridad Social, anulando de paso en todo o en parte las sanciones que les fueron impuestas.
Las resoluciones favorables a las mutuas emitidas desde el Tribunal Supremo y el coste económico y de reputación que supuso para Activa Mutua aceptar la sanción de la Inspección de Trabajo, que luego se acompañó de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de un doloroso escarnio público a golpe de informaciones periodísticas, han terminado de convencer a una parte mayoritaria del consejo de Activa Mutua de que todo respondió a un plan trazado para debilitar la posición de la entidad y favorecer su absorción por otra mutua dentro del proceso de consolidación del sector diseñado en los despachos de la Seguridad Social.
Activa Mutua ha decidido abrir un proceso administrativo para tratar de revocar la firmeza de la sanción que le impuso en su día la Inspección de Trabajo con el argumento de las resoluciones favorables a otras mutuas emitidas por el Tribunal Supremo. Pero al margen de recuperar el dinero y reparar el prestigio de los directivos a los que la Seguridad Social obligó a salir por las presuntas retribuciones y prebendas irregulares recibidas, también se pretende abrir un proceso judicial para tratar de liquidar todas las responsabilidades que correspondan por aquellas decisiones que, según buena parte de la Junta Directiva, han llevado a Activa Mutua a su situación actual, en la que ha tenido que asumir su absorción por Umivale.
Miguel Ángel Díaz Peña, que fue el director general de Ordenación de la Seguridad Social en la primera etapa de Octavio Granado como secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011, fue propuesto por la Seguridad Social como director gerente de Activa Mutua después de que las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra la entidad llevaran al Gobierno a exigir la dimisión de un puñado de directivos de Activa Mutua y sustituirlos por un equipo bajo los mandos de Díaz Peña. Desde su nombramiento en julio de 2019 hasta este pasado mes de julio, Díaz Peña ha sido director gerente de la mutua, si bien ha estado parte de ese periodo de baja por problemas de salud.
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