Yolanda Díaz puede presumir de haber alcanzado tres grandes acuerdos con los agentes sociales en apenas medio año. Nada tiene que ver el primero, para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con los dos últimos, para dar respuesta a la crisis del coronavirus con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero si algo evidencian estos pactos es que la ministra de Trabajo no va a renunciar al diálogo social para hacer cambios en el marco laboral. Los equipos negociadores admiten cierto agotamiento tras las últimas reuniones maratonianas, pero tienen ya la vista puesta en los acuerdos que vienen para regular desde el teletrabajo y las plataformas digitales hasta la brecha salarial de género. A largo plazo, a nadie se le olvida que la intención de este Gobierno es dar un vuelco a la reforma laboral del PP y ese sí será, de lograrse, el gran consenso social de esta legislatura.
Son varias las negociaciones pendientes, algunas con mesas ya abiertas como la de los planes de igualdad y el registro salarial para acabar con la brecha de género en las empresas y otras que arrancarán a partir de la próxima semana, como es la que debatirá sobre el trabajo a distancia o la que tratará la problemática de los falsos autónomos en la economía digital. En el primer caso, se trata de una regulación que dejó pendiente la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y en lo que se refiere al teletrabajo y las plataformas, son proyectos que estaban en la agenda del Gobierno desde el principio de la legislatura, pero su tramitación se ha acelerado por la irrupción de la pandemia, que ha puesto en evidencia que muchas empresas se han visto obligadas a funcionar mediante ensayo y error.
Pero eso no significa que los agentes sociales pasen ya la página de los ERTE, pues en paralelo se mantiene activa la comisión de seguimiento tripartita que va a valorar los cambios adoptados para prorrogar los expedientes hasta el 30 de septiembre, en función de la evolución de la actividad económica de las empresas, y plantear eventuales medidas futuras para la protección del empleo, tal y como consta en el Real Decreto Ley aprobado el viernes. Díaz hizo el jueves una defensa acérrima de esta comisión en rueda de prensa, pero lo cierto es que en su propuesta inicial la había eliminado y fue por la insistencia de la patronal y los sindicatos que decidió recuperarla al final de las negociaciones. Empresarios y trabajadores podrán así fiscalizar los ERTE en los próximos meses e influir en una eventual prórroga hasta final de año.
Pero no solo eso. El Real Decreto Ley prevé la convocatoria, "a la mayor brevedad", de una reunión entre Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT "para tratar cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los expedientes de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19 a las personas con varios contratos a tiempo parcial y las posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo". Se trata de flecos para ampliar la cobertura a los trabajadores, en función de las distintas situaciones que han ido surgiendo durante esta crisis, que han quedado por cerrar en las negociaciones de las últimas semanas y que el Ministerio de Trabajo está estudiando cómo abordar. En cualquier caso, se hará con diálogo social.
Y hay más. En el acuerdo para prorrogar los ERTE se contempla lo que se ha denominado un 'Pacto por el empleo' en el que el Ejecutivo y las organizaciones sindicales y empresariales "se comprometen, a través de las cuatro mesas de diálogo constituidas con el presidente del Gobierno, a incorporar medidas tendentes a la creación de empleo". En este sentido, los agentes sociales destacan que la redacción de esta disposición es amplia y difusa y por eso reclaman a Pedro Sánchez que convoque cuanto antes a los interlocutores al más alto nivel, es decir a los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y a los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para abordar con ellos la agenda para todas estas negociaciones.
Mientras tanto, ya están en marcha las mesas para la discusión de varios proyectos normativos que ya pasaron el trámite de consulta pública, como los relativos a las obligaciones de registro y transparencia para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Igualdad efectiva sobre planes de igualdad. Como se avanzó en estas páginas, los cambios que el Gobierno pretende implantar en esta materia, en una iniciativa de conjunta de Trabajo e Igualdad, con Yolanda Díaz e Irene Montero al frente, van a tener un gran impacto en las empresas, que van a estar obligadas a exponerse a auditorías externas. Y no les va a salir gratis, pues la factura que se va a cargar a los empresarios por estas auditorías alcanza los 47 millones de euros.
Por otro lado, Díaz ha acelerado para regular el teletrabajo o, como se denomina en el anteproyecto de ley, el "trabajo a distancia". La pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia que la mayoría de las empresas no estaban preparadas para tener a la totalidad de sus plantillas trabajando desde sus casas y durante estos meses el Ministerio de Trabajo ha detectado abusos, sobre todo, en lo que se refiere a los costes y a los horarios. Por eso dos de las principales cuestiones que abarca esta nueva ley son el cargo a las empresas de los gastos en los que incurran los trabajadores y el derecho de los mismos a disfrutar de horarios flexibles. La ministra ya ha advertido de que el teletrabajo "no le puede salir gratis a las empresas", un aviso que en la patronal han percibido como un nuevo posicionamiento hostil de Díaz hacia los empresarios, que pretenden dar la batalla en esta negociación.
La contrarreforma laboral
A largo plazo, todas las miradas están puestas en la reforma laboral del PP. Tras la tormenta provocada por el pacto del Gobierno con Bildu para su derogación "íntegra", las aguas parecen haber vuelto a su cauce y los agentes sociales vuelven a asumir que lo que se hará finalmente es acabar con algunos aspectos de la norma, por ejemplo, con la prevalencia del convenio de empresa. También se busca recuperar la ultraactividad de los convenios y limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros asuntos. Los agentes sociales ya habían empezado a debatir sobre estos asuntos y de hecho algunas cuestiones estaban bastante avanzadas, según fuentes conocedoras de las negociaciones, pero la irrupción de la pandemia lo paralizó todo.
Fuentes de UGT explican que tienen previsto dirigir una carta al Gobierno durante la próxima semana para poner en marcha la mesa de la contrarreforma laboral cuanto antes. Los sindicatos aseguran que gran parte del daño que esta crisis va a provocar en el empleo se podría evitar si se cambiasen algunos aspectos de la legislación actual. La patronal, por su parte, rechaza de plano la idea de tocar el marco regulatorio laboral en estos momentos. Así quedó patente durante la cumbre empresarial celebrada por la CEOE y cuyas conclusiones giran en torno a dos ideas, principalmente: no es el momento de subir los impuestos ni de quitar opciones de flexibilidad interna a las empresas. El Banco de España ha pedido reformar el mercado de trabajo a medio plazo, así como el sistema de las pensiones, pero ha insistido en que lo más urgente ahora es mantener abierto el grifo del gasto público y el esquema de protección de empresas y trabajadores a través de los ERTE.
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