El panorama laboral español, tras la crisis generada por la Covid en la economía debido a los cierres y las restricciones impuestas por el Gobierno central y las comunidades autónomas durante la pandemia, oculta su peor cara en años tras los nuevos ocupados en el sector público, todos interinos y con contratos precarios, y los trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), 638.283 en abril, que han evitado que el empleo se desangre y que el paro alcance cotas peligrosas.
Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que elabora semestralmente el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a partir de datos aportados por la Administración central, las locales y la autonómicas, el número de funcionarios creció en el peor año del coronavirus en 112.693 efectivos. Lo hizo gracias al importante aumento de interinos, más de 120.000, y del ligero incremento del personal laboral, 6.288 más, puesto que los funcionarios de carrera se redujeron en 13.649 debido fundamentalmente a la ausencia de oposiciones durante dos ejercicios en un contexto de jubilaciones masivas.
Mientras, el sector privado, según refleja la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), perdió durante el año pasado 468.100 ocupados, en un ejercicio en el que además se registró en varios momentos más de 900.000 trabajadores en ERTE, y el sector público creó 149.400 nuevos empleos, un número muy similar al que refleja el Boletín Estadístico, que no tiene en cuenta los ocupados en la empresa pública. También se puede ver esta tendencia en la estadística del primer trimestre de 2021 comparada con la del mismo periodo del año anterior, con un aumento de 131.100 asalariados públicos y un descenso de 623.900 trabajadores privados.
El empleo precario y en muchos casos irregular, con interinos que pasan décadas en la Administración sin un contrato fijo, se ha convertido en un recurso de las comunidades autónomas para cubrir vacantes, una práctica que eleva la tasa de temporalidad en muchas de ellas muy por encima del 35%, frente al objetivo previsto por el Ministerio que estaba en manos de Miquel Iceta hasta hace unos días y que ahora coordinará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de situarla en el 8%.
Nuevos problemas para las AAPP
Entre los problemas más graves a los que se enfrentarán las administraciones públicas en los próximos años están la fuga de talento; las dificultades para captarlo, debido a la competencia de otros organismos públicos y del sector privado; y, sobre todo, el envejecimiento de la plantilla, que supone, en el caso de la Administración General del Estado (AGE), la jubilación durante la próxima década de más de la mitad de sus efectivos, que de media tienen casi 52 años.
El Ministerio pretende reorientar los perfiles de los funcionarios a las TIC -digitalización, robotización e inteligencia artificial- e incorporar perfiles técnicos, estratégicos y creativos. Para eso agilizará los procesos de oposiciones, haciéndolos mucho menos memorísticos y en los que primarán más los perfiles profesionales, evaluando a través de entrevistas conceptos como el liderazgo, resiliencia, el desempeño práctico o la expresión oral y escrita. Seis de cada diez de los empleados que se retirarán son auxiliares y administrativos, pero serán reemplazados en buena medida por otros diferentes.
Las comunidades autónomas tienen 131.492 interinos más que hace un año. El número empleados públicos en la EPA alcanza su mayor cota en dos décadas
Según la estadística oficial de Función Pública, a finales de 2020 las administraciones autonómicas contaban con 1.612.211 efectivos, de los que nada menos el 35% formaban parte del epígrafe otro personal, que agrupa a los interinos y a un pequeño número de asesores no funcionarios en los gobiernos de las autonomías. Por su parte, el sector público del Estado apenas tenía un 3% de trabajadores interinos, 15.735 frente a un total de 514.514. En solo un año, las comunidades autónomas incrementaron su plantilla de temporales y precarios en 131.492 efectivos.
Los ERTE, el instrumento con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salvado a cientos de miles de trabajadores de acabar en el paro durante la pandemia del coronavirus y le has permitido seguir cobrando una prestación, daban cobertura a cerca del 3,3% de los asalariados en abril pasado y evitaba que el número de desempleados durante el primer semestre de 2021 superase la cota psicológica de los cuatro millones.
El número de asalariados públicos registrados en las tablas del INE logró en el primer trimestre de 2021 su mayor nivel en toda la serie histórica, que comienza en 2002, y ya hay 828.400 efectivos más que en esa fecha, lo que supone un incremento del 32,25%. Pese a todo, la crisis del coronavirus ha tenido impacto menor en el empleo privado -gracias a los ERTE- que la de 2008 y la proporción de empleados públicos, aunque elevada, no alcanza los porcentajes de la gran crisis económica, que llegaron al 21,7% en 2012, en el último tramo de la recesión, frente al 21,1% actual.
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