![Miquel Iceta](https://imagenes.lainformacion.com/files/image_606_387/files/fp/uploads/imagenes/2021/05/27/miquel-iceta.r_d.1256-1223.jpeg)
La reforma de la regulación laboral de la Función Pública que ultima estos días el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos mayoritarios del sector público - UGT, CCOO y CSIF - reconocerá por primera vez el derecho a indemnización de los interinos cuando estén en una situación no ajustada a la ley y obligará a la administración pública responsable a abonarles una compensación idéntica a la prevista en el Estatuto de los Trabajadores para los despidos improcedentes, de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades de salario, según se recoge en la última propuesta planteada por el Ministerio a la que ha tenido acceso La Información.
El texto elaborado por el Ministerio se limita a regular esta indemnización a futuro y no reconoce, por el contrario, el derecho a una compensación a los cientos de miles de interinos cuya situación en la Administración se ha perpetuado a lo largo de los últimos años al margen de la legalidad, según se ha encargado de recalcar de manera particularmente dura el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las plataformas de defensa de los intereses de este colectivo reivindican esa compensación, al menos para los miles de interinos que en los últimos años han perdido su puesto de trabajo en la Administración después de desempeñar su función durante periodos que en algunos casos rondan las dos décadas.
Esa reivindicación del colectivo aparece, de hecho, en el documento de trabajo conjunto elevado por CCOO, CSIF y UGT al Ministerio, en el que se asume que las disposiciones recogidas en esta materia en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público - entre las que se recoge la limitación a un periodo máximo de tres años de este tipo de relación laboral - solo serán de aplicación al personal funcionario interino nombrado con posterioridad a su entrada en vigor, "salvo en lo referente al derecho de indemnización para el personal interino que a la entrada en vigor de la actual reforma mantenga una relación contractual con la Administración en situación de abuso".
La redacción de la plataforma de negociación sindical abre la puerta a reconocer el derecho a una compensación al personal interino perpetuado en la Administración en el momento en que éste pierda su puesto de trabajo en la misma, lo que desde el Gobierno se observa como una amenaza en gran medida por el coste millonario que podría generar a las arcas públicas.
![Miquel Iceta](https://imagenes.lainformacion.com/files/image_203_157/files/fp/uploads/imagenes/2021/05/26/miquel-iceta.r_d.1572-1719.jpeg)
El asunto podría terminar en los tribunales porque la sentencia del TJUE parece sentar el derecho a indemnización del personal interino y porque los tribunales nacionales sí ha reconocido el derecho a una compensación del personal laboral, lo que según fuentes jurídicas genera una situación de agavio comparativo hacia los interinos.
Ajustes en el perímetro del proceso de estabilización
El texto que el Ministerio de Función Pública ha circulado a los sindicatos define el perímetro del proceso extraordinario de estabilización que las Administraciones Públicas deberán abordar de aquí al próximo 31 de diciembre con el objetivo declarado de reducir la tasa de temporalidad en el sector público al entorno del 8% que la Comisión Europea le exige a España. En este punto también hay un pulso latente entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. Mientras desde Función Pública se habla de un perímetro de unos 300.000 interinos, las plataformas de interinos y los propios sindicatos elevan esta cantidad hasta el entorno de los 800.000. El asunto no es menor porque marca el objetivo de estabilización de empleo interino que se plantea el Ejecutivo.
Contra el criterio de los sindicatos, que entienden que el proceso de estabilización debería extenderse a todos los interinos que a 31 de diciembre de 2020 llevaran más de tres años trabajando para la Administración en lo que denominan como 'ley de punto final', el Gobierno ha decidido poner ese punto de corte un año antes: el 31 de diciembre de 2019. La idea del Gobierno es incluir en el proceso todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente y que no hayan sido incluidas en los procesos de estabilización ya regulados de los años 2017 y 2018.
Hasta la fecha, se han incluido 218.000 plazas en esos procesos de estabilización, de las cuales se han convocado 154.000 plazas y se han estabilizado de manera efectiva unas 56.000. Las plataformas de interinos rechazan este proceso de estabilización masiva de interinos y aboga por reconocer la 'fijeza' a estos empleados, que en algunos casos tienen trayectorias larguísimas en la Administración.
El Gobierno estima que el reconocimiento directo de la 'fijeza' es incompatible con el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la ley en los procesos de selección de personal público y pretende regular un proceso de concurso-oposición en el que se reconozca de manera especial la experiencia de estos trabajadores para garantizarles una pequeña ventaja respecto al personal que oposite sin experiencia previa en la Administración.
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