Canarias busca soluciones para rebajar el precio de los billetes de avión que les conectan con la Península Ibérica, pero la solución que han encontrado podría ser incompatible con las directivas europeas. El gobierno canario anunció la semana pasada un acuerdo con el Ministerio de Transportes para establecer una prueba piloto que tope los precios máximos que se pueden ofertar en una ruta aérea entre el archipiélago y la España peninsular, que todavía está por determinar y que se pondrá en marcha antes del verano. El objetivo, según el ejecutivo insular, pasa por "establecer un límite al precio de los billetes para evitar incrementos desproporcionados".
La fórmula elegida se basa en otorgar a esta línea el estatus de "Obligación de servicio público" (OSP), aunque con carácter experimental. Esta herramienta jurídica, vigente en la legislación europea y española, permite a los gobiernos subvencionar determinados trayectos de transporte público que puedan resultar de interés por atender recorridos singulares, garantizar la cohesión territorial o cuando el libre mercado no garantiza una adecuada movilidad de los ciudadanos en cuanto a precios o disponibilidad.
Sin embargo, estos planes podría ser contrarios a la normativa europea, según ha alertado la Asociación de Líneas Aéreas, que ejerce de patronal de las aerolíneas. Su presidente, Javier Gándara, ha puesto en duda que este piloto cumpla con los requisitos establecidos por la Comisión Europea para declarar una ruta como OSP: "las directrices establecidas fijan que en rutas donde ya hay un determinado número de operadores y cierto tamaño, superior a 100.000 viajeros, no suele ser razonable establecerla".
Alega que Bruselas "hay que tener cuidado a la hora de establecer OSP con límites a las tarifas máximas porque puede afectar a la oferta de servicios aéreos". La patronal de las aerolíneas considera que antes de establecer alguna intervención en el mercado "hay que valorar la conectividad que tenemos hoy en día, con más de 50 rutas entre las islas y distintos puntos de la península, y con precios muy competitivos".
Aunque el debate sobre los precios a Canarias lleva años rondando las redes sociales, volvió a estallar las pasadas navidades, cuando se extendieron las quejas por los altos precios que debían pagar para viajar de vuelta a las islas pese a disponer del descuento de residentes. La oposición, liderada por Coalición Canaria, reclamó medidas al gobierno canario, que sacó a relucir sus planes la pasada semana tras reunirse con el Ministerio de Transportes.
Los precios "no son desproporcionados"
Para ALA, los precios medios de los billetes que abonan los canarios no son excesivos. El gobierno insular pretende limitar los precios en temporada alta, que se suele dar en verano y Navidad. Según el cálculo del consejero de Obras Públicas del gobierno de las Islas Canarias, Sebastián Franquis, el precio medio de los vuelos para no residentes sería de unos 117 euros.
"Aplicando el descuento a este precio, para los residentes dejaría el precio en unos 30 euros, algo que no nos parece desproporcionado", asegura Gándara en declaraciones a La Información. También cuestiona los picos de demanda, que interpelando los datos que dio el responsable autonómico, "afecta a 6 de cada 100.000 pasajeros, no nos parece problemático. Antes de poner una solución hay que ver si tenemos un problema", asegura.
Tras la reunión mantenida la semana pasada, el consejero canario puso en valor esta experiencia piloto "porque queremos ver los resultados que se van a producir a partir de que se ponga en marcha". Franquis defiende que esta nueva OSP se pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía, la CNMC y la Comisión Europea. Una vez fijada la ruta piloto, también se reunirán con las principales compañías aéreas para explicarles la medida. La intención del Ejecutivo insular es no perder conectividad con la Península, sino que sea "una medida de proporcionalidad que limite los precios en esos incrementos que se están produciendo".
Billetes subvencionados al 75%
En la actualidad, los billetes de avión para los residentes de las Islas Canarias y Baleares están subvencionados en un 75% por el Estado, fruto de un acuerdo entre el PSOE y los gobiernos regionales en el verano de 2018, tras la llegada de los socialistas a la Moncloa. Esta subvención fue cuestionada por organismos como la AiReF, que cuantificó que los precios de los billetes habían subido un 12% de media tras aprobarse la medida.
En un estudio publicado en 2020, la CNMC también ratificó la subida en el precio medio, aunque el precio definitivo a abonar, una vez aplicada la bonificación, era inferior que antes de aprobarse la medida. También cuestionó que la medida haya incrementado el coste que deben asumir las arcas públicas, que desde su entrada en vigor se ha duplicado hasta superar los 765 millones de euros en 2019. ALA justifica este incremento por el cambio de hábitos de los consumidores, que cada vez más optan por adquirir tarifas flexibles, que incluyen más servicios a cambio de un mayor precio, aprovechando que la bonificación es más alta.
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