Agbar deposita en cuenta ante notario el dinero que no quiere pagar a ATLL

  • Aigües de Barcelona, la empresa metropolitana del agua participada por Agbar (85 %) y la AMB (15 %), ha depositado en una cuenta con consignación notarial los 9,9 millones que ha dejado de pagar a Aigües Ter-Llobregat a la espera de que se anule la adjudicación de esta empresa pública a Acciona.

Barcelona, 19 nov.- Aigües de Barcelona, la empresa metropolitana del agua participada por Agbar (85 %) y la AMB (15 %), ha depositado en una cuenta con consignación notarial los 9,9 millones que ha dejado de pagar a Aigües Ter-Llobregat a la espera de que se anule la adjudicación de esta empresa pública a Acciona.

Fuentes de Agbar han precisado a Efe que se trata de una cuenta en la que permanecerá depositado el dinero, correspondiente a la factura del agua del mes de agosto, hasta que se anule definitivamente la adjudicación de la gestión de esta empresa a Acciona.

Esta medida es la consecuencia del burofax enviado el pasado 31 de octubre por Aigües de Barcelona a ATLL en el que comunicaba su intención de no abonar estos 9,9 millones.

Un total de 7,2 millones corresponden a Aigües de Barcelona, mientras que el resto de la deuda corresponde a Sorea, otra filial de Agbar.

Agbar suministra el agua a buena parte del área metropolitana de Barcelona, un recurso que compra a ATLL, que es la compañía encargada de la gestión del ciclo de agua en alta, es decir, de captar el agua de los ríos y potabilizarla.

La sociedad mixta formada por Agbar y la Autoridad Metropolitana de Barcelona, a la que se incorporará antes de final de año Criteria CaixaHolding, argumentaba en esa comunicación que ATLL Concesionaria es ahora "un mero gestor de facto del servicio mientras culmina el correspondiente procedimiento administrativo de liquidación" de esta concesión.

Y es que Agbar considera que, después de la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer en octubre, la Generalitat debe revocar el contrato con Acciona y adjudicarle la gestión de esta compañía pública.

Por el contrario, tanto la Generalitat como Acciona insisten en defender la legalidad de la concesión hasta que no haya un pronunciamiento sobre el fondo de conflicto.

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