Barcelona, 10 feb.- El director de la Agencia Catalana de Consumo, Alfons Conesa, ha denunciado hoy que la CNMV quiso evitar la actuación de este organismo en defensa de los afectados por las preferentes en Cataluña, y ha defendido la gestión de la Generalitat de impulsar el arbitraje en lugar de recurrir a la justicia.
Durante su comparecencia en la comisión del Parlamento catalán que investiga la quiebra de las cajas, ha explicado que en marzo de 2012 recibió una carta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que le instaba a abandonar la vía de las reclamaciones iniciada para defender los derechos de los preferentistas con el argumento de que estaba incurriendo en una invasión de competencias. Según Conesa, la CNMV recordaba en su misiva que la competencia para supervisar, velar por la transparencia del mercado, proteger a los inversores y sancionar posibles infracciones recaía sobre ella en el mercado de valores y no sobre la Agencia Catalana de Consumo.
Pese a la intervención de la CNMV, la Agencia Catalana mantuvo su iniciativa de abrir expedientes informativos a las entidades bancarias radicadas en Cataluña que comercializaron participaciones preferentes a pequeños inversores sin conocimientos sobre productos financieros tan complejos acogiéndose a la normativa de consumo y a las competencias que le otorga el Estatuto de Cataluña.
Ante las críticas de los partidos de la oposición, Conesa ha defendido la actuación de la Generalitat, aunque ha evitado calificar en repetidas ocasiones como estafa o fraude la colocación de miles de estas participaciones a pequeños inversores, muchos ancianos y algunos analfabetos, y se ha limitado a considerar estas actuaciones como "mala praxis".
"Si hubiéramos ido a la Fiscalía para denunciar los posibles casos de estafa o fraude, que hubiéramos podido hacerlo, todas estas personas que han recuperado ya su dinero no lo hubieran hecho", ha argumentado, frente a los reproches de ICV, ERC, la CUP y Ciutadans de "falta de valentía política" y "negligencia".
Entre 200.000 y 300.000 personas, según algunas fuentes, han resultado afectadas en Cataluña por la colocación de participaciones preferentes a pequeños y medianos inversores sin conocimientos suficientes, la gran mayoría, para entender la complejidad de estos productos financieros.
Los procesos de arbitraje instados por la Agencia Catalana de Consumo se saldaron en Cataluña en 2013 con la emisión de un total de 11.415 laudos, que han permitido a estos pequeños inversores recuperar la totalidad de su inversión, según Conesa.
En lo que va de 2014, la Agencia Catalana de Consumo ha recibido ya 11.600 peticiones de laudos, todos ellos de CatalunyaCaixa.
Conesa, que ha admitido que esta cifra aún no es "suficientemente satisfactoria", se ha mostrado convencido de que el número de laudos pueda crecer de manera importante en los próximos meses.
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