El Gobierno 'vende' a los inversores una docena de medidas que no ha implantado

El Gobierno en funciones ha hecho balance de la denominada 'Agenda del Cambio', su ambicioso programa de reformas estructurales que establece la hoja de ruta de la política económica del Ejecutivo español para la próxima década y aspira a atraer 380.000 millones de euros en inversiones. En el primer informe de seguimiento, el Ministerio de Economía y Empresa que dirige Nadia Calviño, encargado de coordinar el plan, destaca la puesta en marcha de hasta 97 medidas en seis ámbitos de actuación (formación y capital humano, transición ecológica, avance  científico y tecnológico, mercado laboral, reducción de la desigualdad y protección del estado del bienestar y administración más eficiente), sin embargo, la realidad es que una docena de ellas no se han implantado.

La Información ha analizado el informe de seguimiento de la 'Agenda del Cambio' que está disponible en la página web del Ministerio y el resultado es que del centenar de medidas que el Gobierno asegura haber adoptado, todas han recibido la luz verde del Consejo de Ministros, pero muchas están pendientes de su aprobación definitiva. No tienen, por tanto, efectos prácticos a día de hoy. Se trata del grueso de medidas, las más relevantes, de las que cabría esperar el mayor impacto, sobre todo en materia fiscal, transición ecológica, formación y capital humano y avance científico y tecnológico.

La debilidad de un Ejecutivo en minoría parlamentaria, que no cuenta con unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 y que ha trabajado durante la mayor parte del tiempo este año con las limitaciones de estar en funciones ha dejado en el cajón una docena de iniciativas. Sin embargo, el pasado viernes el departamento de Calviño presentó un informe que recoge "las medidas puestas en marcha hasta el 30 de septiembre", incluyendo anteproyectos y proyectos de Ley, planes estratégicos dependientes de estas iniciativas que no han sido respaldadas por el Congreso y otras medidas que están en estos momentos en suspenso, pendientes de aprobación.

Por ejemplo, en el apartado "reformas para un sistema fiscal del siglo XXI", entre las medidas "adoptadas" aparece el "aumento del tipo marginal del IRPF en las bases imponibles más altas" (sin concretar a qué nivel de rentas se refieren), la implantación de un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades o la reducción del 2% en el IS para las empresas que facturen menos de un millón de euros. Todas estas medidas estaban recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, que pactaron el PSOE y Unidas Podemos y no salió adelante por el rechazo de los independentistas catalanes, lo que acabó precipitando la anterior legislatura con la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril.

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Estas medidas también se incluyen en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril. Aunque no aparecen en el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea el 15 de octubre, donde se explicó que el contexto político actual ha impedido la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2020, al encontrarse el Gobierno en funciones, no pudiendo proponer ni adoptar nuevas medidas de ingresos o gastos, más allá de lo que se considera gestión ordinaria del Estado. Sin embargo, se aclaró que estas iniciativas se retomarían en el diseño del nuevo presupuesto para 2020, una vez se forme gobierno. Por tanto, los cambios en Sociedades y la subida de impuestos a las rentas más pudientes siguen entre los planes del Ejecutivo socialista.

Entre el centenar de medidas de la Agenda del Cambio que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado pero no ha podido implantar también aparecen el Proyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales y el Proyecto de Ley del Impuesto sobre transacciones financieras. Son las famosas tasas 'Google' y 'Tobin', con las que el Ejecutivo pretende recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente. Ambas fueron aprobadas en Consejo de Ministros el 18 de enero de 2019, pero se atascaron en la tramitación parlamentaria por la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral del 28-A. Y lo mismo sucede con el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que también decayó.

En el apartado de transición ecológica el documento de seguimiento también contempla como adoptadas iniciativas que en realidad han decaído y no se retomarán hasta que se forme gobierno. Se trata de lo más relevante, la columna vertebral de la lucha contra el cambio climático: el  Anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética y dos textos complementarios, el Borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Este 'pack' vio la luz en el Consejo de Ministros del 22 de febrero y poco después se guardó en el cajón, junto con el resto de iniciativas que decayeron con la disolución de las Cámaras. También está pendiente la culminación de la tramitación de la Estrategia Española de Economía circular. 

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En materia de educación, en el epígrafe bautizado como "formación y capital humano" figuran una decena de enunciados. Sin embargo, de nuevo, el grueso de este apartado de la Agenda del Cambio está en 'stand by'. Se trata del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación, aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero. Es la conocida como LOMLOE, la ley diseñada por la ministra Isabel Celaá que aglutinó la gran apuesta del Gobierno de Sánchez en materia educativa pero que no llegó a prosperar en el Congreso de los Diputados, como el resto de iniciativas antes mencionadas. 

El Ejecutivo también presume de haber puesto en marcha el Anteproyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero, que regulaba la creación del 'sandbox' (un entorno controlado de pruebas) también en suspenso desde su aprobación el 22 de febrero. Con esta, una docena de medidas que forman parte de la columna vertebral de la 'Agenda del Cambio' y que, en estos momentos, están sin efecto. Aparecen acompañadas en este informe de seguimiento de decenas de planes estratégicos, directrices generales y programas nacionales cuya base depende de la aplicación efectiva de las normas con rango de ley. 

Donde sí se han producido más avances es en materia laboral. El departamento que hasta ahora capitanea Magdalena Valerio (está sobre la mesa de negociación entre el PSOE y Unidas Podemos) es uno de los que más medidas ha adoptado. En el documento se incluyen hasta trece, entre las que destaca la implantación del registro horario obligatorio en las empresas, la subida del salario mínimo a 900 euros en 2019, el incremento de las cotizaciones o la derogación del contrato de apoyo a emprendedores. En paralelo, se han puesto en marcha el Plan de Choque por el Empleo Joven y el Plan Director por un Trabajo Digno, que ha permitido convertir 174.000 contratos irregulares en indefinidos.

Fuentes del Ministerio de Economía admiten a La Información que, efectivamente, de las 97 medidas a las que hacen referencia como adoptadas, muchas decayeron con la anterior legislatura. Las iniciativas estaban en "grados de desarrollo" distintos y se pretenden retomar cuando se forme gobierno. La "voluntad de fondo" en materia económica es "avanzar hacia un sistema fiscal más justo". Se retomará, por tanto, la creación de nuevos impuestos cuando se elaboren los Presupuestos para 2020. Eso sí, "habrá que adaptarse a las circunstancias del momento y, en función de la situación, tomar decisiones y aprovechar el trabajo hecho o empezar de cero en algunos casos", zanjan. 

De cualquier manera, todas las medidas mencionadas forman parte de la agenda socialista (y, en principio, también de la del Gobierno progresista que se pretende conformar con Unidas Podemos). La propia ministra Calviño insistió ayer en la intención del Ejecutivo de crear una 'tasa Google' sobre determinados servicios digitales y otra sobre las transacciones financieras. La titular de Economía y eventual vicepresidenta del futuro gobierno de Sánchez, de salir adelante la investidura, descartó conflictos con Pablo Iglesias en materia económica y enfatizó aspectos como la disciplina presupuestaria, la reducción del déficit y la deuda pública.

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Sin embargo, La Información ha podido saber que la ministra está levantando el teléfono estos días para tranquilizar a los empresarios, entre quienes cunde el pánico ante el acuerdo con UP por sus propuestas más radicales en materia económica y el rechazo que han manifestado públicamente a la gran empresa. Calviño está trasladando este mensaje: será el PSOE quien controle la economía y ella misma ejercerá de interlocutora con el Ibex, como hasta ahora. Hace apenas una semana la ministra se embarcó en un 'roadshow' por Berlín para 'vender' su 'Agenda del Cambio' y buscar el concurso de los grandes fondos internacionales interesados en apostar por España a medio y largo plazo.