Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Los agentes sociales volvieron a fracasar ayer en el intento de alcanzar un acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en condiciones favorables para las empresas y los trabajadores más allá del 30 de junio, fecha prevista para su extinción si no se da un paso definitivo en esta negociación que acabe plasmado en un Real Decreto Ley. Ni la presión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que según revelan fuentes del diálogo social ha sido intensa en los últimos días, ha logrado convencer a las partes para cerrar un documento conjunto. Las conversaciones siguen abiertas y todo apunta a que, en caso de acabar fructificando, será 'in extremis', como viene acostumbrando el tripartito en los últimos meses.
"El pesimismo inicial podría mutar en acuerdo ante la presión de Moncloa, que está siendo muy fuerte", trasladaba un líder empresarial con amplia experiencia en el diálogo social al inicio de la reunión que se celebró ayer. El encuentro dio comienzo a las cuatro de la tarde y se extendió hasta el filo de las siete, pero a primera hora de la mañana Sánchez lo dejaba claro públicamente: "Los ERTE están para quedarse". Así de contundente se pronunciaba el líder del Ejecutivo en el acto de presentación del plan de ayudas al turismo. Fuentes del diálogo social aseguran que Presidencia presionó hasta el último momento, a los propios ministerios y a patronal y sindicatos, para lograr un acuerdo "a toda costa". No fue posible, dejando en el limbo a los más de dos millones de trabajadores que siguen en ERTE.
No es la primera vez que el presidente del Gobierno se involucra personalmente en las negociaciones entre los departamentos ministeriales, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. De hecho, como se reveló en estas páginas, Sánchez ya puso en marcha el teléfono rojo directo entre Moncloa y Diego de León en un Consejo de Ministros Extraordinario celebrado a principios de mayo, mientras un tenso Comité Ejecutivo empresarial se posicionaba formalmente sobre el preacuerdo alcanzado entre los técnicos la noche anterior al respecto de la primera prórroga de los ERTE. Para no llevar de nuevo la situación al extremo, el presidente ha optado esta vez por intervenir de manera temprana. Sin éxito.
No hay negociación sin cesión. Es la regla básica del diálogo social y, según han demostrado los agentes en los últimos meses, el secreto del éxito. Todos van a tener que dejar alguna de sus pretensiones a un lado. La que más se ha movido, por el momento, es la CEOE, que apostaba desde el principio por prorrogar los ERTE hasta que acabe el año. Finalmente ha terminado por aceptar como fecha límite el 30 de septiembre, tal y como querían los ministerios involucrados en esta negociación (Trabajo, Seguridad Social, Economía, Hacienda e Industria). El Gobierno, por su parte, ha accedido a estudiar los porcentajes de exoneración de cotizaciones sociales, un punto clave a la hora de encajar el coste de estos expedientes para el erario público.
Fuentes del diálogo social explicaban ayer a La Información al término de la reunión fallida que el Ejecutivo ha dado pasos importantes en la negociación y que el acuerdo está cerca. Resaltaban dos aspectos: se mantendrán los ERTE por fuerza mayor parciales, que permiten acompasar la reincorporación de los trabajadores a la actividad con un expediente abierto, y se elimina el ERTE de fuerza mayor total. A cambio, se propiciará el tránsito de los expedientes por fuerza mayor a aquellos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, abriendo la posibilidad de exonerar las cotizaciones también en estos ERTE en los mismos porcentajes que se plantea para la fuerza mayor de carácter parcial.
Otra de las novedades que ya se avanzó en estas páginas y que ha sido bien recibida por los sindicatos es la prohibición a las empresas inmersas en expedientes de regulación temporal de empleo de hacer horas extraordinarias o concertar nuevas contrataciones, así como externalizar trabajos, si todavía tienen a personas afectadas por el ERTE. Esta idea no gustó tanto a la patronal, así como el hecho de que el Gobierno mantenga hasta 30 de septiembre la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales de las personas afectadas por un ERTE. Fuentes empresariales trasladan que, por su parte, este es uno de los principales puntos de fricción en el acuerdo.
Tanto la patronal como los sindicatos coinciden en que 'la pelota' está en estos momentos en el tejado del Gobierno, en concreto en el departamento de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá y que tiene la potestad de revisar el modelo de exoneraciones establecido a día de hoy. No obstante, y a pesar de que el expresidente de la Autoridad Fiscal es clave en esta tarea, no hay que olvidar que el área económica del Ejecutivo, liderada por la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, tiene voz y voto en este asunto y, según fuentes conocedoras de las negociaciones, ya han hecho 'piña' para cerrar el grifo de los ERTE por el elevado coste que está suponiendo para las arcas públicas.
El Gobierno debe mover ficha
Las tres partes están convencidas de que habrá acuerdo y señalan como novedad importante frente a negociaciones anteriores que en esta ocasión la patronal y los sindicatos han presentado una propuesta conjunta que de primeras ha sido rechazada por el Gobierno. Ahora, insisten desde los flancos sindical y empresarial, le toca al Ejecutivo mover ficha con un planteamiento concreto. Sánchez ya ha hecho su parte, presionando en público y en privado para que se alcance un acuerdo que permita mantener este mecanismo amortiguador del empleo frente al desplome de la actividad empresarial por el impacto de la crisis del coronavirus.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, juega un papel importantísimo en estas negociaciones. En su mano está la defensa de la amplia selección de sectores que ha acogido esta semana en una 'megacumbre' empresarial celebrada en la sede de la patronal. La flor y nata del tejido productivo español ha expuesto en abierto sus reclamaciones en materia de política económica y esperan ser escuchados. Para sectores especialmente golpeados por esta crisis como el turístico es fundamental la prórroga de los ERTE, porque de ello van a depender no solo cientos de miles de empleos, sino también la propia supervivencia de las empresas.
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