A la espera de una Ley Estatal de Función Pública

El sueldo no es lo único: los agravios laborales, otra brecha entre funcionarios

Horarios, sexenios, traslados, requisitos, seguridad, primas y ayudas sociales marcan distancia entre regímenes y autonomías en la función pública. 

Movilizaciones de los funcionarios
Los empleados públicos se movilizan. / EFE

Duele el bolsillo, pero no solo. Sexenios, horarios, lectivos, libranzas, licencias, permisos, bajas, maternidades y paternidades… A simple vista todos los funcionarios parecen iguales en condiciones, pero las diferencias saltan a la menor comparativa. Molestos ante ciertos agravios, el personal de Prisiones y Justicia se echó a la calle a principios de marzo para reivindicar iguales condiciones que sus colegas profesionales en otras administraciones y/o comunidades autónomas. Bajo el lema 'Iguales en el trabajo, iguales en salario', los trabajadores penitenciarios pararán a partir del 3 de abril. No solo se quejan de salarios, también denuncian inferiores medidas seguridad entre cárceles.

Y es que el variopinto abanico de condiciones laborales entre funcionarios y autonomías va más allá de diferencias salariales. Horarios, sexenios, traslados, requisitos, primas y ayudas sociales marcan distancias entre regímenes y autonomías provoca "desbandadas en los concursos de desplazamientos", denuncia Antonio González, responsable de Función Pública en CC OO. 

Esta es la razón por la que los funcionarios gallegos de Justicia llevan mes y medio de huelga: piden la equiparación salarial y laboral con los trabajadores de otras comunidades y “un trato digno”. Al paro también se ha apuntado la Asociación Galega de Médicos Forenses. Un enfado que no se queda en Galicia. No en vano, facultativos de toda España se manifestaron en Madrid el 21 de marzo pasado para pedir, además de un 9% de subida salarial, igualar la carrera profesional, garantizar los mismos requisitos de titulación en todos los servicios autonómicos de salud y eliminar el de lenguas cooficiales.

El altavoz lo pusieron Policía y Guardia Civil, cuyas reivindicaciones de equiparación salarial llegaron a buen puerto con un preacuerdo que ha pasado a mayor gloria en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, presentados por los ministros de Economía y Hacienda este martes. Pero tampoco a ellos el sueldo es lo único que les preocupa. "Tras casi 40 años de democracia muchos agentes carecen de chaleco antibalas", denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el documento 'Retribuciones y agravios comparativos entre policías españolas', y los que hay tampoco se adaptan "a su fisonomía". Desigualdad de género que se manifiesta también en la brecha salarial que CSIF denunció a finales de febrero ante los tribunales

35 horas

Una jornada semanal de 35 horas en Andalucía y el País Vasco, 37,5 en el resto de España. A la espera de que el Ministerio de Hacienda se decida a recuperar las 35 horas para toda la función pública, los trabajadores autonómicos de los extremos norte y sur del país cumplen jornadas laborales de diez horas de diferencia a la semana.

En la superficie, las diferencias horarias entre Estado y autonomías y entre éstas entre sí parecen nimias, pero el cómputo total de horas trabajadas marca una importante brecha entre docentes, según critican desde la Federación de Servicios Públicos de UGT. "Hora arriba, hora abajo, tanto en horas lectivas como en permanencia, suman", denuncian.

Los profesores de La Rioja, Navarra, las dos Castillas y Murcia disfrutaban hasta hace cinco años de un horario semanal de 35 horas, ya aumentado, frente a las 37,5 horas que se echa al lomo el profesorado del resto de España.  "Cada maestro está obligado a impartir 25 horas de clase, pero esto es solo la norma general", matiza Javier Sanz, desde UGT. Euskadi y Cataluña, con 23 y 24 horas, son excepciones. Y, mientras que en Murcia el profesorado permanece en el centro 31 horas, en La Rioja y Castilla-La Mancha solo 29, cuando lo normal son 30.

En Madrid, los docentes lograron en 2017 un pacto con los gobiernos de sus respectivas comunidades para reducir su jornada lectiva, algo que también reclaman los cuerpos de docentes asturianos desde hace años. En Asturias las negociaciones no fueron por tan buen camino y los docentes han tenido que asumir un recorte salarial y el incremento de su jornada lectiva. El Gobierno central y el del Principado sumaron, respectivamente, dos horas lectivas y dos horas complementarias a la jornada laboral del profesorado. Los protagonistas aseguran que están sobrecargados de trabajo y consideran necesario un recorte de la jornada.

Reducción de jornada

La legislación contempla que cuando los docentes llegan a una edad avanzada en su profesión puedan rebajar el número de horas lectivas. La reducción de jornada para los mayores de 55 años depende de cada autonomía, por lo que el escenario de realidades asemeja un gran puzzle sobre el mapa de España. En Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y Galicia este derecho no existe y en otras comunidades se aplica solo a partir de los 59. En algunas regiones se pagan las tutorías y en otras no. Los maestros de Andalucía, Baleares, Ceuta, Euskadi, Galicia, Melilla y Murcia las cobran pero con diferencias que van desde los 58,18 euros de Euskadi hasta los 26 de Andalucía.

Los funcionarios también sufren agravios a la hora de solicitar sexenios. Canarias no otorga este tipo de complementos salariales a sus maestros, la antigüedad en Navarra se denomina quinquenio y se consigue, como indica, al quinto año mientras que en el País Vasco solo se reconocen tres. Los 'pluses' se conceden tras cumplir ese tiempo mínimo de ejercicio y después de contar con suficientes horas de formación. El mínimo varía según comunidades. La norma es acreditar cien, pero en Andalucía se reduce a 60, en Madrid aumenta hasta las 250 y en Cataluña rige un sistema de créditos distinto. El importe tampoco es igual, oscila entre los 589,23 euros de Cataluña a los 379,23 que se cobran en Madrid. El Tribunal Constitucional reconoció el derecho a los interinos en noviembre de 2015, excluidos hasta entonces. 

El listado continúa con diferencias de acceso y cuantía en las ayudas de los programas de acción social, billetes de retorno para familiares en el caso de personal de la Aecid, ayudas al estudio de los hijos, asistencia sanitaria, atención a problemas de salud como la intolerancia al gluten o la lactosa... 

CC OO de La Rioja ha habilitado, de hecho, un buzón para recoger las quejas de los funcionarios regionales sobre discriminaciones en la carrera profesional. 300 euros menos al mes, falta de folios, caos informático... Los funcionarios de la Justicia asturiana están que arden. También en Asturias los docentes fueron excluidos del complemento de desarrollo profesional. Los funcionarios de las Cortes de Castilla y León disfrutan de cinco moscosos al año frente a los tres a los que se tiene derecho en el resto de España.

El fertilizante de estas diferencias lo vierte el Estatuto Básico del Empleado Público, que deja en manos de cada Administración la definición de su política de personal, y la ausencia de una ley de función pública, un punto que estaba en el acuerdo de gobierno de 2016 entre PSOE y Ciudadanos. Ante tal tesitura, las comunidades autónomas se mantienen a la espera de que el Estado formule su propia ley para tener un modelo en el que inspirarse para redactar normas.

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