Protección Civil constituye la Comisión Interministerial de seguimiento de ayudas por los temporales del pasado invierno

El Gobierno constituye la Comisión Interministerial de Seguimiento de las ayudas por los últimos temporales para aplicar el Real Decreto ley 2/2017 de medidas urgentes por el que se adoptaban medidas urgentes para paliar los daños causados por los sucesivos temporales ocurridos desde noviembre de 2016 a enero de 2017.

La reunión de constitución ha estado presidida por el Subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, que ha estado acompañado por el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz.

En la cita, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han presentado los correspondientes informes sobre los daños producidos en su ámbito territorial y una valoración económica detallada. Además, los distintos Ministerios han expuesto un informe de daños y medidas adoptadas en su ámbito competencial.

Así, en aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, es la primera vez que el Real Decreto-ley recogía la declaración previa de 'zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil' realizada por el Consejo de Ministros.

En las reuniones del 9 y del 23 de diciembre de 2013 el Gobierno declaró 'zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil' a las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante por el episodio de lluvias de finales de noviembre y primeros de diciembre; a la provincia de Badajoz por el pedrisco del mes de julio; a las comunidades autónomas Valenciana, de la Región de Murcia y de Islas Baleares, así como a las provincias de Almería y Albacete, por las inundaciones producidas desde el 17 y hasta el 23 de diciembre de 2016.

El Real Decreto-ley también contemplaba las consecuencias de los temporales de nevadas, lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017 en las Comunidades Autónomas Valenciana, de Islas Baleares, de Cataluña y de la Región de Murcia, así como a la provincia de Albacete.

Posteriormente se publicó el Real Decreto 265 de 17 de marzo de 2017 que extendía el ámbito de aplicación a la reparación de determinados daños en las costas de algunos municipios de Girona, Huelva, Ibiza, Mallorca, Cádiz, Málaga y Granada, causados durante los temporales de febrero.

Desde el Ministerio del Interior informan de que además de las perturbaciones por el corte de carreteras y la interrupción del servicio ferroviario, así como por la del suministro eléctrico, los principales daños se centraron en las zonas costeras, sobre todo en playas y paseos marítimos, y también en la producción agraria.

Asimismo, hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que intervenir en multitud de actuaciones de rescate y evacuación. Igualmente, los temporales causaron cortes en el suministro de servicios esenciales, daños en viviendas y vehículos, desbordamiento de ríos y daños en carreteras.

En su intervención, el director general de Protección Civil y Emergencias ha resumido el contenido de este Real Decreto-ley y, así mismo, ha recordado la excepciones existentes respecto al Real Decreto de 2005, como la exención del IRPF para las ayudas excepcionales por daños personales, la concesión de una subvención de hasta el 7% (y un máximo de 8.000 euros) de la cuantía de los daños indemnizables producidos en establecimientos mercantiles, industriales o de servicios; así como una subvención del 70 por ciento de los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, valorados por un perito colegiado, siempre que los bienes no sean asegurables. Para estas últimas, se está tramitando una Orden por parte del Ministerio del Interior, dada la singularidad de los requisitos exigidos.

Tras la introducción de Díaz Cruz, los representantes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han presentado los correspondientes informes de daños y los distintos Departamentos Ministeriales han facilitado información relativa en cuanto a la tramitación de las ayudas y las medidas adoptadas hasta ahora en el marco de su ámbito competencial.

Desde el Ministerio del Interior, la subdirectora general de Gestión de Recursos y Subvenciones ha informado que, de acuerdo con los datos registrados a 31 de marzo, se han presentado un total de 2.645 solicitudes por distintos conceptos: ayudas por daños personales; ayudas por daños materiales en viviendas y enseres, en comunidades de propietarios, gastos de emergencia en corporaciones locales, así como daños en establecimientos comerciales y explotaciones agrarias. Hasta esa fecha, se han abonado ya más de 1.300.000 euros en ayudas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha informado sobre la situación de los créditos presupuestarios, indicando que el pago de las ayudas se realizará con cargo al Fondo de Contingencias y es preciso informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto.

Se están tramitando los correspondientes expedientes de modificación de crédito solicitados por los Departamentos Ministeriales para el pago de las ayudas.

Desde el Consorcio de Compensación de Seguros se ha comunicado que han recibido más de 37.000 solicitudes por un importe que alcanza los 185 millones de euros. De esas solicitudes, han sido ya gestionadas más del 80 por ciento de las correspondientes a los episodios de 2016 y, en menor medida, las de enero, febrero y marzo de 2017.

En lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, su representante ha expuesto las actuaciones de emergencia adoptadas sobre el dominio público hidráulico y marítimo terrestre. En el dominio hidráulico, están previstas 80 actuaciones por un importe de 42,7 millones de euros.

En cuanto al dominio marítimo terrestre, se han destinado 35,9 millones de euros a obras de emergencia, muchas de ellas ya finalizadas. Junto a estas ayudas, se están tramitando otras para la red de caminos naturales.

Por su parte, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ha destacado, entre otros aspectos, que de los 84,8 millones de euros calculados en daños en producciones agrícolas ya han sido pagados 83 por las compañías de seguros.

Una vez constituida la Comisión de Seguimiento, antes del día 1 de julio deberá reunirse de nuevo para informar sobre la situación de las ayudas y actuaciones llevadas a cabo y elaborar el informe definitivo.

Además del director general de Protección Civil y Emergencias, a la Comisión han asistido representantes de los Ministerios del Interior; Presidencia y para las Administraciones Territoriales; Hacienda y Función Pública; y Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También ha participado el director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el director general de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

También han estado presentes los subdelegados del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca; Málaga, Miguel Briones; Valencia, José Vicente Herrera; Alicante, José Miguel Saval; Badajoz, Pilar Nogales; y Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante; junto con otros representantes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Murcia.

La reunión de constitución ha estado presidida por el Subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, que ha estado acompañado por el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz.

En la cita, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han presentado los correspondientes informes sobre los daños producidos en su ámbito territorial y una valoración económica detallada. Además, los distintos Ministerios han expuesto un informe de daños y medidas adoptadas en su ámbito competencial.

Así, en aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, es la primera vez que el Real Decreto-ley recogía la declaración previa de 'zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil' realizada por el Consejo de Ministros.

En las reuniones del 9 y del 23 de diciembre de 2013 el Gobierno declaró 'zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil' a las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante por el episodio de lluvias de finales de noviembre y primeros de diciembre; a la provincia de Badajoz por el pedrisco del mes de julio; a las comunidades autónomas Valenciana, de la Región de Murcia y de Islas Baleares, así como a las provincias de Almería y Albacete, por las inundaciones producidas desde el 17 y hasta el 23 de diciembre de 2016.

El Real Decreto-ley también contemplaba las consecuencias de los temporales de nevadas, lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017 en las Comunidades Autónomas Valenciana, de Islas Baleares, de Cataluña y de la Región de Murcia, así como a la provincia de Albacete.

Posteriormente se publicó el Real Decreto 265 de 17 de marzo de 2017 que extendía el ámbito de aplicación a la reparación de determinados daños en las costas de algunos municipios de Girona, Huelva, Ibiza, Mallorca, Cádiz, Málaga y Granada, causados durante los temporales de febrero.

Desde el Ministerio del Interior informan de que además de las perturbaciones por el corte de carreteras y la interrupción del servicio ferroviario, así como por la del suministro eléctrico, los principales daños se centraron en las zonas costeras, sobre todo en playas y paseos marítimos, y también en la producción agraria.

Asimismo, hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que intervenir en multitud de actuaciones de rescate y evacuación. Igualmente, los temporales causaron cortes en el suministro de servicios esenciales, daños en viviendas y vehículos, desbordamiento de ríos y daños en carreteras.

En su intervención, el director general de Protección Civil y Emergencias ha resumido el contenido de este Real Decreto-ley y, así mismo, ha recordado la excepciones existentes respecto al Real Decreto de 2005, como la exención del IRPF para las ayudas excepcionales por daños personales, la concesión de una subvención de hasta el 7% (y un máximo de 8.000 euros) de la cuantía de los daños indemnizables producidos en establecimientos mercantiles, industriales o de servicios; así como una subvención del 70 por ciento de los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, valorados por un perito colegiado, siempre que los bienes no sean asegurables. Para estas últimas, se está tramitando una Orden por parte del Ministerio del Interior, dada la singularidad de los requisitos exigidos.

Tras la introducción de Díaz Cruz, los representantes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han presentado los correspondientes informes de daños y los distintos Departamentos Ministeriales han facilitado información relativa en cuanto a la tramitación de las ayudas y las medidas adoptadas hasta ahora en el marco de su ámbito competencial.

Desde el Ministerio del Interior, la subdirectora general de Gestión de Recursos y Subvenciones ha informado que, de acuerdo con los datos registrados a 31 de marzo, se han presentado un total de 2.645 solicitudes por distintos conceptos: ayudas por daños personales; ayudas por daños materiales en viviendas y enseres, en comunidades de propietarios, gastos de emergencia en corporaciones locales, así como daños en establecimientos comerciales y explotaciones agrarias. Hasta esa fecha, se han abonado ya más de 1.300.000 euros en ayudas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha informado sobre la situación de los créditos presupuestarios, indicando que el pago de las ayudas se realizará con cargo al Fondo de Contingencias y es preciso informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto.

Se están tramitando los correspondientes expedientes de modificación de crédito solicitados por los Departamentos Ministeriales para el pago de las ayudas.

Desde el Consorcio de Compensación de Seguros se ha comunicado que han recibido más de 37.000 solicitudes por un importe que alcanza los 185 millones de euros. De esas solicitudes, han sido ya gestionadas más del 80 por ciento de las correspondientes a los episodios de 2016 y, en menor medida, las de enero, febrero y marzo de 2017.

En lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, su representante ha expuesto las actuaciones de emergencia adoptadas sobre el dominio público hidráulico y marítimo terrestre. En el dominio hidráulico, están previstas 80 actuaciones por un importe de 42,7 millones de euros.

En cuanto al dominio marítimo terrestre, se han destinado 35,9 millones de euros a obras de emergencia, muchas de ellas ya finalizadas. Junto a estas ayudas, se están tramitando otras para la red de caminos naturales.

Por su parte, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ha destacado, entre otros aspectos, que de los 84,8 millones de euros calculados en daños en producciones agrícolas ya han sido pagados 83 por las compañías de seguros.

Una vez constituida la Comisión de Seguimiento, antes del día 1 de julio deberá reunirse de nuevo para informar sobre la situación de las ayudas y actuaciones llevadas a cabo y elaborar el informe definitivo.

Además del director general de Protección Civil y Emergencias, a la Comisión han asistido representantes de los Ministerios del Interior; Presidencia y para las Administraciones Territoriales; Hacienda y Función Pública; y Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También ha participado el director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el director general de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

También han estado presentes los subdelegados del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca; Málaga, Miguel Briones; Valencia, José Vicente Herrera; Alicante, José Miguel Saval; Badajoz, Pilar Nogales; y Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante; junto con otros representantes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Murcia.

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