La Generalitat se adelanta al Gobierno al aprobar la ley contra el cambio climático

En plena disputa con el Gobierno central a cuenta del referéndum soberanista, el diario oficial de la Generalitat publicó el 3 de agosto la ley 16/2017 de cambio climático aprobada por el Parlamento catalán a finales de julio. El Gobierno de Puigdemont toma la delantera en una cuestión capital para el futuro de todo el país, aunque algunas de las medidas que plantea, especialmente en el terreno de los impuestos, son difíciles de aplicar, según aseguran los expertos. La ley catalana se aprobó con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y la CUP. El PPC se abstuvo. 

Aunque el cambio climático y lo que conlleva es una prioridad, el Ejecutivo central tiene otros tiempos. En contraste con la celeridad que ha mostrado el Gobierno catalán, el de Rajoy ha preferido ganar tiempo para pensar y hasta repensar de qué forma abordar el problema del cambio climático y la transición energética. Con ese fin, en julio, el ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal constituyó una comisión de 14 expertos "independientes y de reconocido prestigio" para elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Una forma de aplazar decisiones que, sin duda, pueden ser polémicas. Cautela del Gobierno

Frente a la cautela del Gobierno central, la norma aprobada por el Parlamento catalán plantea reducir un 40% las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2030 con respecto al nivel registrado en 2005 y llegar al 65% en 2040 y al 100% en 2050. 

Asimismo, establece que las administraciones públicas deben gravar con impuestos aquellas actuaciones que aumenten las emisiones contaminantes e incentivar fiscalmente sus reducciones. 

La ley también crea un fondo público para impulsar el fomento de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico -una cuestión especialmente polémica-, las viviendas energéticamente eficientes, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad. 

En opinión de expertos como Javier García Breva, presidente de N2E y asesor en políticas energéticas, la norma catalana sigue las recomendaciones de los expertos internacionales e incorpora las directivas comunitarias en materia de transición energética y renovables. 

La norma publicada parte de una idea: "el calentamiento global" recoge en su preámbulo "no es exclusivamente un problema ambiental. Incide en muchos ámbitos y se convierte en una cuestión primordial que afecta a la biodiversidad, el modelo económico, la movilidad, el comercio, la soberanía alimentaria, el acceso al agua y a los recursos naturales, las infraestructuras y la salud". El artículo 133 

Ese convencimiento y el hecho de que en opinión del Parlamento catalán "el artículo 133 del Estatuto otorga a la Generalidad la competencia compartida en materia de energía, competencia que incluye, en todo caso, el fomento y la gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética" ha bastado para que el Ejecutivo de Puigdemont de el paso.  

Todo está justificado por la importancia de la energía en el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña. La norma publicada explica que, según datos de 2012, en la comunidad, el conjunto del ciclo energético (producción, transformación, transporte, distribución y consumo de energía) representa el 76% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y el 93% de las emisiones de dióxido de carbono. 

Pero la aprobación de la ley 16/2017 tiene también una lectura más allá de las cuestiones energéticas o económicas. El propio texto de la norma recoge que su puesta en marcha "debe permitir reforzar el posicionamiento internacional y el liderazgo que hasta ahora ha mantenido Cataluña en los foros internacionales, al situarse como una nación líder no solo por la asistencia de forma ininterrumpida en las cumbres mundiales de las Conferencias de las Partes de la Convención marco de las Naciones Unidas desde el 2003, sino también por el trabajo realizado en el campo de la acción climática". Informes de cambio climático

En este sentido, la norma catalana recuerda que en 2005, la Generalidad y el Instituto de Estudios Catalanes publicaron el «Primer informe sobre el cambio climático en Cataluña», un documento que se actualizó y amplió en diciembre de 2010. 

La ley recién aprobada, al plantear medidas impositivas para gravar las emisiones, sigue las recomendaciones de la llamada Alianza por el Clima, en la que 400 entidades cívicas pidieron al Gobierno que la futura Ley de Cambio Climático y de la Transición Energética incorpore medidas de fiscalidad ambiental. Estas entidades reclaman que la ley incluya objetivos ambiciosos sobre reducción de emisiones de gases para el año 2030 y establezca una estrategia española “para lograr la plena descarbonización de la economía para el 2050”, en palabras de Laura Martín Murillo, directora de la Fundación Renovables, una de las entidades de la Alianza.