Aguilar insiste en que la propuesta económica para la PAC es "insuficiente"

  • La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha insistido hoy en que la primera propuesta económica conocida para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013 es "insuficiente".

Madrid, 22 sep.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha insistido hoy en que la primera propuesta económica conocida para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013 es "insuficiente".

En declaraciones a Telecinco, recogidas a Efeagro, Aguilar ha remarcado que esta ficha financiera inicialmente aprobada por el Colegio de Comisarios "no es bastante para la PAC".

La ministra ha subrayado que Europa tiene que estar en "la primera línea" de la producción de alimentos, de la seguridad alimentaria y de la erradicación de la pobreza.

Por esta razón, ha asegurado que España "luchará" por una mayor ficha financiera de manera conjunta con otros países de la Unión Europea "para tener mayor fortaleza".

En este sentido, ha señalado que el Ministerio es conocido entre sus colegas comunitario por dos cuestiones: por realizar propuestas "con firmeza y contundencia" a la que se suman "de forma habitual" el resto de países, y por su forma de trabajar "buscando alianzas firmes" con naciones como Francia, Alemania, Polonia o Italia.

Según ha explicado Aguilar, con estas alianzas se pretende "nuclear espacios de fortaleza" en el seno de la Unión Europea, que permitan "dar la batalla" por el sector agrario y por los productores españoles.

La titular del ramo también se ha referido a la finalización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias que pondrá a hombres y mujeres "en pie de igualdad".

Ha puntualizado que esta nueva normativa supondrá "un paso más" en las políticas de igualdad del Gobierno, "una de sus señas de identidad".

En cuanto a la crisis del "E.coli", Rosa Aguilar ha recordado que Bruselas ha accedido a hacerse cargo del 100 % de los daños y pérdidas certificadas por las comunidades autónomas, que se han valorado en un total de 72 millones de euros.

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