El Congreso de los Diputados y los Tribunales no son los únicos escenarios donde se están intentando depurar responsabilidades por el descalabro de las cajas, en general, y el rescate de Bankia, en particular.
Las asambleas regionales también están intentando dar pasos para aclarar cómo España ha llegado al punto de pedir a Europa un rescate de hasta 100.000 millones para su sector financiero, mientras miles de ahorradores han perdido su dinero en productos tóxicos, como las preferentes, o en bolsa, con las participaciones de CAM o las acciones de Bankia.
Sin embargo, los cerrojos echados para intentar abrir estas puertas está protegidos con siete llaves. O, mejor dicho, cinco. Al menos, en el caso de la Asamblea de Madrid, donde hasta en cinco ocasiones se ha vetado cualquier iniciativa dirigida a verter algo de luz.
Según denuncia UPyD, la falta de transparencia del Gobierno de Esperanza Aguirre va mucho más allá de bloquear la creación de una comisión de investigación, y llega al punto de no aceptar, ni siquiera, una simple pregunta para la presidenta.
"Antes de que se interviniera Bankia, el pasado mes de febrero, hicimos una pregunta a la presidenta, que la mesa de la Asamblea echó para atrás, alegando que no tenía competencia sobre Bankia. Entonces, la rehicimos y planteamos otra sobre la situación de Caja Madrid como accionista de Bankia, y recibimos la misma respuesta", denuncia Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid.
Estrechos lazos con Caja Madrid
Los argumentos utilizados por la mesa, controlada por el PP, chocan frontalmente con los datos, ya que, por una parte, Caja Madrid controlaba el 52% de BFA (Banco Financiero y de Ahorros), la matriz de Bankia, peso que le permitió nombrar a 11 de sus antiguos 19 miembros.
Pero, además, la Asamblea contaba con 53 de los 343 consejeros generales de Caja Madrid, el 15,5% del total, entre cuyos poderes estuvo "autorizar al Consejo de Administración (de la entidad) para que acuerde la emisión, por parte de la propia Caja o Sociedades de su Grupo, de cédulas, bonos, obligaciones y participaciones, cédulas territoriales, hipotecarias o de,cualquiera otra naturaleza y cualquier otro instrumento, incluso subordinado o preferente, para la captación de recursos ajenos, en euros y/o en divisas, así como valores negociables", según reconoce la propia entidad en su informe de Buen Gobierno.
Es decir, que la Asamblea de Madrid, en última instancia, dio luz verde a la salida a bolsa de Bankia y a la venta de preferentes, entre otras acciones. Además, tanto el ex presidente de la caja, Rodrigo Rato, como los consejeros Luis Blasco, Ricardo Romero de Tejada y Virgilio Zapatero ocupaban sus sillones en el máximo órgano de administración de la entidad en representación de la Comunidad.
A pesar de ello, cuando UPyD, con el respaldo de IU y PSOE, pidió que se creará una comisión de investigación tras la intervención de Bankia, la Asamblea volvió a vetarlo, previo informe del secretario general, en el que aseguraba que la Comunidad de Madrid no ostenta competencias significativas sobre Caja Madrid,
Esta afirmación choca también con el hecho de que el ex consejero de Economía de Aguirre y actual secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fuera quien autorizar la fusión de Caja Madrid con las otras seis entidades -Bancaja, Ávila, Segovia, Rioja, Canarias y Laietana- que dieron lugar a Bankia.
UPyD volvió a la carga presentando la solicitud de una interpelación al Gobierno de Aguirre, para que explicara su política sobre la exigencia de responsabilidades frente a los administradores de la caja, que fue rechazada por "no corresponderse con una cuestión de política general de la Comunidad de Madrid".
Lo mismo ha ocurrido con la propuesta que ha hecho este grupo para que el Gobierno de la Comunidad sancione administrativamente a los gestores de Caja Madrid, les exija responder con sus patrimonios de desfalco y envíe a la Fiscalía todos los datos que conozca que puedan ser delictivos. En esta ocasión, la Mesa ha pedido para aceptar la iniciativa un nuevo informe jurídico, jugada que, según denuncia Marcos, "impide que se pueda debatir antes de octubre".
Recurso al Constitucional
Ante este bloqueo, el diputado asegura que su partido va a recurrir al Constitucional. "Estamos trabajando en ello y, con total seguridad, vamos a denunciarlo, porque no pueden impedir que, como mínimo, se debata qué ha ocurrido".
A la espera de que la justicia se pronuncie, Aguirre se mantiene firme en que Caja Madrid queda fuera del ámbito de competencia de su Gobierno.
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