Diez ministros y décadas de 'parches' sin conseguir que baje el precio de la luz

El precio de la luz, en su cota más alta desde 2002 y uno de los más elevados de la Unión Europea (UE), sigue imparable, pese al intento, traducido en fracaso, de todos los ministros de Energía, Industria o Transición Ecológica que han ejercido durante los últimos 40 años por bajarlo, tirando de reformas -solo una ambiciosa-, decretos y 'parches' legislativos. Hasta una decena responsables de gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista han intentado encontrar la fórmula mágica, muchos a través de una ley propia con la que pasar a la historia, para que un bien básico como es la electricidad llegue a los consumidores a un precio asequible y justo.

La complejidad del recibo de la luz, con tres patas en muchos casos 'incontrolables' -el precio de la energía, la cotización del CO2 y los peajes, cargos e impuestos, que suponían hasta ahora el mayor porcentaje del recibo mensual- que hacen crecer la factura final de forma independiente, es responsable en buena medida del estrepitoso fiasco, con gobiernos de todos formas y colores -el último de coalición- que solo han apuntado en sus reformas a uno de los elemento que determinan el recibo de la luz, dejando descontrolados el resto. Mientras, las políticas contradictorias ejecutadas en cada legislatura, con grandes beneficiados y grandes perjudicados que cambian su papel cada cuatro años, dan la puntilla al objetivo final.

Las eléctricas y la llegada al poder de González

La llegada de los socialistas al poder en 1982 desata el temor de las eléctricas. Solo un año más tarde, el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, perpetra una nacionalización de a alta tensión, comprometiéndose a asumir la deuda amortizable de las eléctricas. Desde el principio de ese mismo año, según reconoce el ministro, empezaron a trabajar en un amplio proyecto que contemplaba la reconsideración del programa nuclear, asignar precios realistas a los combustibles y un nuevo Plan Energético Nacional, una estrategia básica para reconvertir el sistema eléctrico con el visto bueno de las empresas y poner la primera piedra de lo que sería Red Eléctrica Española. Solchaga permanece en el cargo hasta julio de 1985, momento en el que toma las riendas de Economía y Hacienda y sustituye a Miguel Boyer.

A mediados de los 80, el precio de la luz se fija anualmente vía BOE y se empieza a aplicar el IVA máximo a la electricidad, una rémora para la bajada del precio

Durante 1986, año electoral, Joan Majó, que reemplaza a Solchaga durante un año, y Luis Carlos Croissier se ponen al frente de Industria y Energía. En el mandato de este último comenzó a fijarse anualmente vía Boletín Oficial del Estado (BOE) el precio de la luz, una iniciativa que estuvo en vigor durante una década. En 1986 también el Estado empezó a pagar directamente a las empresas eléctricas por su labor en la producción, transporte y distribución de energía, con excepción de Endesa, que era pública. Una clara apuesta por el intervencionismo. Ese año, el presidente Felipe González, tras la entrada de España en la Unión Europea (UE), empezó a aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para gravar la electricidad y pese a que tuvo la posibilidad de optar por uno reducido, se decantó por el máximo, una rémora para la bajada del precio de luz desde entonces. 

No fue hasta once años después, ya con un Gobierno de José María Aznar, en el que el responsable de Energía era Josep Piqué, cuando se inició la liberalización del mercado eléctrico, con una ley que contaba con el visto bueno de Bruselas, que había invitado a España a introducir la competencia en un sector clave con la finalidad de que los precios para el consumidor bajasen y aumentase la calidad de los servicios. Se puso en marcha un mercado trimestral -anunciar la subida de la luz cada tres meses era un mal trago para el ministro- en el que se recogían las transacciones de compra y venta correspondientes a la producción y al suministro de energía para fijar el precio de la electricidad. Efectivamente, la luz bajó en los años siguientes. 

El déficit tarifario y el Coste de Transición a la Competencia tuvieron un efecto perverso en el modelo energético. Pese a todo, la luz bajó unos años desde 1997

Pero no solo la liberalización fue responsable de esta buena noticia, que duró poco, también tuvieron que ver la implantación de una subvención del Estado al sector, que se denominó Coste de Transición a la Competencia (CTC), y a comienzos de 2000, del llamado déficit tarifario, un mecanismo que determinaría desde ese momento el futuro de un precio de la luz casi siempre al alza, dos fórmulas que a medio plazo fueron muy contraproducentes para los hogares. El déficit tarifario surge por la diferencia entre las tarifas reguladas que pagan los consumidores y los costes que las normas regulatorias reconocen a las compañías. El objetivo del Gobierno de aquel momento era evitar que los aumentos en los costes de las empresas eléctricas se trasladaran a los consumidores y por esa razón se ideó un sistema por el cual las eléctricas ingresaban una cantidad por su actividad inferior a los costes, de tal forma que esa diferencia se convertía en deuda que se debía pagar, con sus respectivos intereses, en el futuro.

El dardo envenenado del déficit de tarifa y el CTC

Con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que permaneció desde 2004 a 2011, tres ministros pasaron por Industria y Energía: José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. Fueron años muy duros para la hogares, con la mayor crisis económica desde 1929, que además vieron como casi se duplicaba lo que pagaban por la luz, en buena medida por el déficit tarifario, pero también por otras razones. Montilla impulsó en 2005 la Ley de reformas para el impulso a la productividad. Por su parte Clos sacó adelante en 2007 la Ley 17/2007 de transposición de la directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el Decreto por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Solo tres años antes de la llegada a la presidencia de Rodríguez Zapatero, Rodrigo Rato, el flamante vicepresidente económico de José María Aznar, lograba que Bruselas archivase el expediente abierto contra España por la Comisión Europea por las compensaciones al sector eléctrico español, conocidas como CTC. El compromiso fue que las energéticas siguieran recibiendo este fondo, pero nunca más allá de 2010 -con limitación en el tiempo- y condicionándolo a que el precio del kilovatio hora no excediese un precio determinado. De esta forma, Rato eliminaba las incompatibilidades señaladas por Bruselas y abría la puerta a seguir recibiéndolas al menos durante unos años. 

La hiperactividad de Soria, solo truncada por los 'Papeles de Panamá', abrió numerosos frentes en el sector, casi los mismos como los fracasos cosechados.

El 'enemigo' de las renovables

José Manuel Soria recibía el 22 de diciembre de 2011 la cartera de Industria, Energía y Turismo de la mano de su antecesor Miguel Sebastián y accedía a un cargo que duraría cinco años -en dos legislaturas- y que tuvo que asumir de forma temporal Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, tras ser implicado en los 'Papeles de Panamá'. Soria fue especialmente activo y abrió numerosos frentes en el sector energético, que se saldaron con otros tantos fracasos-, desde el 'impuesto al sol', que disparó los litigios de los inversores en renovables a los tributos a las eléctricas, entre ellos el polémico gravamen del 7% a la generación.

El ministro Soria, duramente criticado por la izquierda, fue el responsable del desmantelamiento, tras detectarse numerosos movimientos sísmicos en la zona, del "faraónico e innecesario" proyecto Castor, un almacén de gas en el mar frente a la costa de Castellón que puso en marcha Sebastián en 2008. La iniciativa ha supuesto un quebranto millonario para las arcas públicas tras una indemnización al grupo ACS de Florentino Pérez de 1.350 millones de euros por la paralización del almacén, que se impulsó en un momento de alta demanda de gas, aunque los tribunales no han dicho la última palabra sobre el asunto. Su apuesta más clara fue por la energía nuclear.

Pero tal vez su legado más controvertido, con grandes defensores, pero también con duros detractores, sea la implantación del recibo por horas en 2014, un modelo que todavía hoy está vigente y que provoca subidas muy importantes de forma puntual, pero también bajadas prolongadas, un sistema que según los expertos resulta rentable a largo plazo. Casi 11 millones de hogares, acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), están expuestos a importante subidas de su recibo de luz que está vinculado al precio del kilovatio hora.

La inactividad provocada por la pandemia hizo que la luz bajase, pero Filomena y ahora las altas temperaturas han disparado el recibo eléctrico

El kilovatio hora es responsable del 35% de la factura de estos consumidores. Se fija en el mercado eléctrico mayorista (OMIE) diariamente y a cada hora en el 'pool', donde compiten renovables, nuclear, gas y carbón y los productores de energía hacen sus ofertas para cada hora del día siguiente. Estas se ordenan de menor a mayor, y los consumidores y comercializadoras proponen los precios, de mayor a menor. El precio final se fija a partir de un punto de equilibrio entre la oferta, la demanda y otras variables.

La inactividad generada por la pandemia en 2020 propició un precio medio del 'pool' mínimo, del que se beneficiaron estos consumidores. Sin embargo la borrasca 'Filomena' a principios de 2021 y uno de los inviernos más fríos que recuerda disparó la factura, lo mismo que sucede ahora, debido en este caso a un verano muy caluroso, que ha hecho que para muchos hogares y el ventilador sea indispensable. El pasado 21 de julio el 'pool' eléctrico registraba un precio medio de 106,57 euros por megavatio hora. El viernes, hubo una pequeña tregua para el consumidor y bajó a 96 euros.

Nadal 'El breve' y sus numerosos frentes

Mientras, el breve paso del 'popular' Álvaro Nadal por el Ministerio de Industria y Energía -de noviembre de 2016 a junio de 2018- no contribuyó a reducir la factura de la luz a los consumidores, que según decía era su principal objetivo. Lo que si consiguió en apenas año y medio es enemistarse con prácticamente todo el sector, excepto con la industria del carbón. Se puso incluso en contra a las renovables, indignadas por su veto a la eliminación del 'impuesto al sol'. Además, cerró definitivamente la central de Garoña. Pese a todo, consiguió sacar adelante un nuevo bono social que buscaba proteger al consumidor más vulnerable.

Las renovables son la prioridad para la ministra Ribera, impulsora del parche de la rebaja del IVA y del recorte de los 'beneficios caídos del cielo'

La apuesta por lo 'verde' y el parche del IVA

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha puesto en marcha un ambicioso plan, enviado a Bruselas, para que las renovables sobre el uso final de energía represente el 42% en 2030. La descarbonización será fundamental para lograr llegar prácticamente al 100% de energías renovables sobre el consumo de energía final a mediados de siglo. Unos precios de la luz asequibles para los consumidores es el objetivo básico y el Gobierno pretende llegar a él con la autosuficiencia, aprovechando al máximo la energía procedente de las renovables, y evitando la dependencia de importaciones de combustibles fósiles, más caros y volátiles.

Otro de los pasos del nuevo Ejecutivo ha sido el recorte de mil millones a las eléctricas para acabar con los 'windfall profits'. El pasado 1 de junio inició  la tramitación de un anteproyecto de ley con el que reducir los llamados 'beneficios caídos del cielo' de las nucleares y las hidráulicas para abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.

Mientras, el Congreso aprobó el pasado miércoles el Real Decreto-ley que contempla la rebaja al 10% el IVA aplicado en la factura de la luz hasta final de año y suspende el impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas durante tres meses, justo el día en el que el precio medio de la luz tocaba un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista. Desde la oposición han criticado la iniciativa, a la que califican de insuficiente y un mero parche temporal para un problema permanente. Los expertos creen que el efecto será mínimo y contraproducente, ya que la rebaja impositiva dañará los ingresos del Estado, y que si se produce un recorte de los precios será escaso.