AI urge a China a actuar contra el creciente número de desahucios violentos

Pekín, 11 oct.- Amnistía Internacional (AI) urgió hoy al Gobierno chino a actuar contra los desahucios violentos que se practican en el país, cuyo número "aumentó de forma significativa" en los últimos dos años debido al dinero que obtienen las endeudadas autoridades locales a través de la venta de las tierras expropiadas. Así lo asegura la citada organización en el informe "Defendiendo su tierra", publicado hoy tras más de dos años de investigación y 40 casos estudiados, 9 de los cuales concluyeron con la muerte de los propietarios que intentaron resistirse a la evacuación.

La asociación denuncia cómo autoridades locales han incrementado el número de "acuerdos sospechosos" con promotores inmobiliarios para expropiar tierras, venderlas y saldar así sus "enormes deudas" con los bancos estatales.

Para ello, añade, se llevan a cabo desalojos violentos que en ocasiones han derivado en la "muerte o encarcelamiento" de los propietarios, forzados a abandonar sus casas tanto en áreas urbanas como rurales de toda China.

"Algunos (dueños) estaban en tal estado de desesperación que llegaron a prenderse fuego", reza el texto, que registra 41 inmolaciones de víctimas de desahucios entre 2009 y 2011, una cifra muy elevada en contraste con la decena contabilizada en otros periodos similares de tiempo.

Aunque muy pocos son dados a conocer por los medios oficiales, la agencia china Xinhua publicó el pasado mayo que una mujer se suicidó y provocó la muerte de otras dos personas en Yunnan (suroeste) al hacer estallar los explosivos adheridos a su cuerpo en la oficina que gestionaba la expropiación de su casa.

Amnistía amplía la lista y da fe de decenas de casos de muertes y vejaciones, como el de Wang Cuiyan, una septuagenaria que murió enterrada por la excavadora que demolió su vivienda en la ciudad de Wuhan (Hubei, centro) en marzo de 2010.

También relata la esterilización forzosa a la que fue sometida una mujer de la ciudad de Hexia (Jiangxi, sureste) como medida de coacción para que detuviese la petición de paralización del desahucio que había solicitado al Gobierno local.

Las expropiaciones de viviendas en China -donde toda la tierra es propiedad estatal y las ventas de inmuebles se realizan a un plazo máximo de setenta años- son causa frecuente de protestas entre la población, sobre todo en las áreas rurales.

Aunque el primer ministro, Wen Jiabao, ha llegado a reconocer el problema y hay nuevas regulaciones desde 2011 (mayores compensaciones para los damnificados y la prohibición explícita del uso de violencia en los desalojos), estas leyes "están aún lejos de aplicarse", denuncia AI.

Al margen de la corrupción, el informe señala como otra causa fundamental el hecho de que, a pesar de las normativas promulgadas, el Partido Comunista chino (PCCh) todavía promociona a los funcionarios que consigan el mayor crecimiento económico en sus provincias, sin importar "cómo se ha conseguido".

Dentro de China también se han levantado voces contra estas prácticas ilícitas, que han dejado sin hogar a 50 millones de campesinos en la última década.

Es el caso de la abogada Ni Yulan y su marido Dong Jiqin, condenados en abril a 24 meses de cárcel por "generar peleas, causar disturbios y dañar intencionadamente propiedades privadas y públicas" tras años de defensa de los derechos de las víctimas de desahucios y demoliciones forzosas.

Ni, quien recibió en 2011 el Premio Tulipán del Gobierno holandés por su compromiso con los derechos humanos, está postrada en una silla de ruedas desde que en 2002 fue torturada durante su primera estancia en la cárcel.