Airef advierte de que habrá que jubilarse a los 67 años para 'salvar' las pensiones

Buenas nuevas sobre el futuro de las pensiones. La Autoridad Fiscal, el organismo independiente impuesto por Bruselas a España en la etapa inmediatamente posterior a la crisis para garantizar la fiabilidad de las cuentas públicas nacionales, considera a contracorriente del pensamiento dominante sobre el asunto que el sistema público de pensiones tiene futuro y es sostenible a largo plazo. Es decir, que cuando llegue 2040 o 2050, y ya se haya jubilado las cuantiosas cohortes de población de la generación del 'baby boom', con el estrés financiero que eso supondrá para la Seguridad Social, el sistema seguirá existiendo y con una salud financiera razonable, a poco que se adopten un puñado de medidas básicas.

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Y es ahí dónde vienen las curvas. La Autoridad Fiscal, que empleó dos años en estudiar el asunto con todo detalle y publicó el pasado mes de febrero el resultado de su análisis, entiende que las cargas adicionales que le esperan al sistema público en las próximas dos o tres décadas equivaldrán a tres puntos del PIB, es decir, en torno a 35.000 millones de euros extra...todos los años. Un sobrecoste que se reducirá a la mitad solo con que la edad media a la que se jubilan los españoles se eleve a los 67 años -a día de hoy no siquiera llega a los 65 años de la edad legal de jubilación-, según precisó el presidente de Airef, José Luis Escrivá, en el marco de un acto sobre pensiones organizado por Servimedia.

Si se consigue, algo en lo que la Seguridad Social ya ha empezado a trabajar restringiendo el acceso a mecanismos de jubilación anticipada, la mitad del problema estará resuelto. Pero la Autoridad Fiscal advierte de que habrá que adoptar otras medidas de calado. La más relevante, extender el cálculo de la pensión al conjunto de la vida laboral, ahora se sitúa en 22 años sobre una vida laboral de entre 35 y 40 años.

También serán necesarias medidas desde el ámbito de la política, siguiendo el análisis de la Autoridad Fiscal. La más urgente de ellas es tomar la decisión de financiar con impuestos un puñado de gastos de la Seguridad Social que no tienen que ver de forma directa con el pago de las pensiones y que carga año tras año las cuentas de la Seguridad Social con unos 18.000 millones de gastos 'impropios', según las cuentas realizadas por Airef. "Si eso se hiciera", ha recalcado José Luis Escrivá, "el déficit actual de la Seguridad Social prácticamente se eliminaría".

A medio y largo plazo, la Autoridad Fiscal incide en la necesidad de ordenar los flujos migratorios y poner en marcha políticas de fomento de la natalidad para desafiar las proyecciones de población del INE y garantizar que la población de España como mínimo se mantiene en el futuro. La enmienda de totalidad del presidente del organismo, José Luis Escrivá, a la mayoría de los estudios que auguran un 'crack' del sistema de pensiones se basa en que se sostienen en proyecciones de población que prevén una 'japonización' de España y un desplome de la población española.

La parte buena del cuadro perfilado por la Autoridad Fiscal es que a partir de 2027 la edad legal de jubilación ya será de 67 años para aquellos que no acrediten más de 38 años y seis meses cotizados, ya que los que sí acrediten está cifra (los menos) podrán jubilarse a los 65 años. El debate está en cómo conseguir que la edad real de jubilación coincida con la edad legal, algo que no se ha conseguido en 40 años.

Con ese ramillete de medidas, la Airef entiende que el sistema público de pensiones no sólo sería sostenible a largo plazo sino que también podrían mantener el poder adquisitivo de las pensiones, es decir, que garantizaría la subida de las pensiones con el IPC. Algo que la ley ya no garantiza, tras la reforma de las pensiones de 2013, duramente criticada por la Autoridad Fiscal que defiende la derogación de sus elementos más significativos, y que todo apunta a que el futuro Gobierno sea del signo que sea reimplantará tras el consenso alcanzado en el seno del Pacto de Toledo hace poco más de un año.

Con el Gobierno en funciones y las cuartas elecciones generales en cuatro años en puertas, el debate ahora se sitúa en como garantizar que el próximo 1 de enero las pensiones no suban el 0,25%, como establece la legislación vigente, y lo hagan conforme al IPC previsto para 2020.

A día de hoy existe cierta incertidumbre al respecto porque un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones de ese calado y nada garantiza que el 10-N alumbre un Gobierno de forma rápida vistas las últimas experiencias. Ante este panorama, UGT y CCOO se han puesto manos a la obra para construir ante del 10-N un consenso político generalizado entre los partidos para garantizar que el 1 de enero las pensiones suben con el IPC, con independencia de si hay Gobierno o no.