Participará en el debate sobre el plan de reformas

Airef aprieta al Gobierno para aflorar la factura oculta tras el 'escudo social'

La Autoridad Fiscal, en plena ofensiva institucional para ganar margen de maniobra, exige información sobre las líneas de avales y las moratorias fiscales para testar su potencial impacto en el déficit.

Cristina Herrero, presidenta de la AiReF
Cristina Herrero, presidenta de la AiReF
CONGRESO

"Se trata de medidas que no tendrán ningún impacto en el déficit". Como la sucesión de elogios a la que sigue un inquietante 'pero' o los llamamientos a la calma justo antes que se desate la tormenta, esa tarjeta de presentación suele acompañar a las medidas que en efecto no impactan en el déficit en el año en curso, pero que se traducen inexorablemente en pérdidas en la mayoría de los casos cuantiosas a medio y largo plazo. ¿Recuerdan el rescate financiero que no le iba a costar un euro al contribuyente? Bueno, pues vamos ya por más de 40.000 millones de euros. La respuesta del Gobierno a la crisis ha incluido algunas medidas de esa índole, como las líneas de avales del ICO, materializadas al fin y al cabo en préstamos bancarios...con garantía del Estado; los aplazamientos en el pago de impuestos o cotizaciones sociales o las moratorias concedidas a determinados contribuyentes, iniciativas que en principio no son más que préstamos con derecho a devolución que incluso luego pueden generar intereses.

La experiencia, sin embargo, demuestra que eso casi nunca es así y que en un contexto de crisis una parte de esas ayudas nunca se vuelven a recuperar y se traducen en impagos. Son lo que en terminología técnica se conoce como pasivos contingentes,  que rara vez aparecen en las previsiones oficiales, pero tienen un coste millonario para las arcas públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) está decidida a aflorar las posibles pérdidas que pueden generar esas medidas y por ello está apretando al Gobierno para que le traslade la información necesaria para poder estimar el impacto que todas esas medidas de contingencia del llamado 'escudo social' pueden tener para las cuentas públicas a corto, medio y largo plazo.

"Necesitamos que la Administración nos proporcione esa información, no para conocer la cuantía de los gastos en que se ha incurrido", aclaran fuentes de la Autoridad Fiscal, "sino para valorar el riesgo de que parte de esas ayudas acaben calando en el déficit y para ello debemos conocer aspectos como la rentabilidad esperada de esos préstamos para los diferentes ejercicios, la certidumbre de reembolso de los mismos...". Información que de momento el Gobierno no ha proporcionado a la Autoridad Fiscal y sin la cual es imposible estimar qué parte de esas ayudas pueden convertirse en pérdidas para el Estado porque los beneficiarios no puedan atender a la devolución de esas ayudas o, directamente, porque los beneficiarios de esas ayudas ya no sean un agente económico activo porque hayan desaparecido del mapa, un escenario que se puede dar en el ámbito de las líneas ICO. 

Desde la Autoridad Fiscal se recuerda que la preservación de la sostenibilidad de las cuentas públicas es una de las claves de su mandato y que, para cumplirlo, debe conocer toda la información necesaria para evaluar la misma. Sólo en la línea de avales gestionada por el ICO, que canaliza préstamos bancarios con garantía del Estado de hasta el 80%, el Estado ha dado cobertura hasta la fecha a 75.000 millones de euros de financiación bancaria a empresas, según los últimos datos proporcionados por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos. A poco que estos préstamos sufran una tasa de morosidad en línea con la media del mercado - 5%, según los últimos datos del Banco de España-, el impacto sobre las cuentas del Estado rondaría los 4.000 millones de euros. Ésa, precisamente, fue la factura que el Banco de España estimó que el instrumento le pasaría a las cuentas del Estado a cuenta de los fallidos esperados.

Algo similar, aunque con un nivel de exposición mucho menor, ocurre con el 'escudo fiscal' de aplazamientos y moratorias de pago que el Ejecutivo ofreció a los contribuyentes y que según el último Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria, correspondiente al mes de julio, mantiene pendientes de cobro unos 3.000 millones de euros que la Hacienda Pública debería ingresar si todo va bien de aquí a final de año. 

La Autoridad Fiscal pelea por un mayor margen de maniobra

La Airef está decidida a pelear por conseguir que se refuerce su papel en el marco institucional español y asumir la evaluación de las políticas públicas como una función permanente, y no sujeta a los mandatos puntuales que le pueda realizar el Gobierno, como ha sucedido con los célebres 'spending review' que por primera vez en décadas han puesto en el punto de mira la eficacia de las políticas públicas y no sólo el gasto asociado a las mismas. El Plan Estratégico 2020-2026 de la institución, que constituirá la hoja de ruta del mandato de su nueva presidenta, Cristina Herrero, apuesta por incrementar la autonomía funcional de la Autoridad Independiente, mejorando su capacidad para gestionar sus propios recursos y aumentando su margen de maniobra para, por ejemplo, realizar evaluaciones a iniciativa propia, sin necesidad de esperar a un encargo del Gobierno o de alguna Administración Autonómica.

La institución entiende que de ese modo podría contribuir de forma mucho más eficaz a la mejora del diseño de las políticas públicas y a aportar transparencia a éstas, con datos contrastados y análisis rigurosos; y también se ganaría una voz de prestigio técnico en el debate sobre las reformas que necesita el país, hoy muy concentrado en el ámbito de las propuestas políticas. Para ello considera que necesita mayor autonomía de acción. Desde el punto de vista presupuestario, para ser capaz de manejar sus propios recursos, lo que según fuentes de la entidad requeriría un incremento de las tasas que percibe actualmente por los informes que realiza para las diferentes Administraciones; y desde el punto de vista de la gestión, flexibilizando su régimen laboral de modo que pueda incorporar a perfiles ajenos a la Función Pública que enriquezcan los análisis de la Airef, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de políticas públicas.

"Pensamos que nuestra experiencia acumulada y la singularidad que tenemos respecto a otros organismos nos coloca en buena posición para hacer este trabajo", argumentan fuentes de la AIReF.

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