Airef avisa que retirar ahora incentivos a la contratación generaría más parados

España gasta cada año 2.900 millones de euros en incentivos a la contratación, ya sea a través de ayudas directas o de bonificaciones en las cuotas a pagar a la Seguridad Social. Estos incentivos buscan básicamente dos cosas: favorecer la consecución de un empleo a colectivos especialmente vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, mujeres o personas con discapacidad) y reducir la temporalidad por la vía de rebajar el coste de la contratación indefinida. Desde hace años pesa sobre ellos una sombra de sospecha por su presunta ineficacia y ello fue lo que hizo que el Gobierno, en tiempos de Mariano Rajoy, encargara a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) una auditoría de los mismos para conocer hasta qué punto cumplen con la función por la que se crearon en su día, si son útiles para conseguir esos fines o si por el contrario únicamente generan un ahorro de costes a las empresas que los utilizan y se han convertido en un cauce indirecto para rebajar sus cotizaciones sociales.

El Gobierno de Pedro Sánchez había dado ya en cierta medida esa pregunta por contestada y contaba con abordar una importante 'limpia' de incentivos fiscales y laborales en su proyecto de Presupuestos del Estado de 2021 - ya lo hizo en los anteriores- para reorientar esos recursos hacia dónde realmente se necesitan, en opinión del Ejecutivo. La Autoridad Fiscal ha publicado su informe sobre el particular este miércoles y  entre otras cosas ha advertido de que una retirada masiva de incentivos fiscales en plena crisis podría tener efectos muy negativos sobre la evolución del desempleo en los próximos meses. No es un afirmación gratuita. Se basa en la experiencia de lo que ocurrió en el año 2012, cuando en un contexto muy parecido al similar, en medio de una profunda crisis económica y con una necesidad urgente de obtener recursos públicos, el Gobierno de Mariano Rajoy se cargó de una tacada la mitad de los incentivos a la contratación que estaban en vigor. Según el análisis realizado ocho años después por la Autoridad Fiscal, esa decisión aceleró un 8% la destrucción de empleo en los meses posteriores.

El informe de la Autoridad Fiscal está lejos de defender la política de incentivos a la contratación que se aplica en España. Sostiene que son menos eficaces de lo que debieran, que están lastrados por su diseño, que son demasiados, que están demasiado dispersos y que en algunos casos ni siquiera tienen efectos relevantes sobre el mercado laboral, pero también concluye que son útiles cuando están bien diseñados y que resulta que son especialmente eficaces  cuando sobrevienen periodos de crisis económica o recesión a la hora de favorecer la empleabilidad o el mantenimiento del empleo en colectivos vulnerables.

De hecho, una de las propuestas que ha trasladado la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, es "instrumentar de manera excepcional y mientras se abordan reformas estructurales un plan temporal de estímulo a la contratación indefinida de los jóvenes en el actual contexto, a la vista del singular impacto que la Covid-19 ha tenido sobre el empleo de los jóvenes y sobre la base de las evidencias disponibles sobre el mayor impacto de este tipo de políticas de incentivos en periodos de crisis económica.

Contrato de formación para todas las edades

Otra de las propuestas que la Autoridad Fiscal ha trasladado al Gobierno a la luz de las evidencias obtenidas en este informe es la extensión del radio de acción del contrato de formación y aprendizaje, actualmente restringido a los trabajadores menores de 30 años. La Autoridad Fiscal entiende que en España las ayudas a estos contratos se focalizan en exceso a la conversión de contratos temporales en indefinidos, a pesar de que el ejemplo de otros países indica que ese tipo de contrato resulta muy útil para favorecer la inserción laboral de parados de larga duración y colectivos con baja empleabilidad. Por ello plantean aumentar las ayudas a la formalización de contratos de formación y derogar el límite de edad, como lleva años pidiendo la CEOE, bajo determinados supuestos como paro de larga duración o proceso de reconversión temporal. De hecho, desde Airef se entiende que éste sería un instrumento útil para recolocar a los miles de trabajadores que saldrán expulsados de los sectores más afectados por la crisis sanitaria.

El posicionamiento de Airef a este respecto responde a un planteamiento general: la necesidad de vincular los incentivos a la contratación en España a la formación. Una conclusión a la que ha llegado no solo a la luz de lo que se hace en otros países sino también de la evidencia para España de que los incentivos a la contratación acaban beneficiando especialmente a los trabajadores con un nivel de formación medio o alto, es decir, que las empresas acaban transformando en indefinidos a los trabajadores con unas capacidades más adaptadas a lo que necesitan.

El informe de la Autoridad Fiscal aflora las costuras del sistema de incentivos a la contratación. Constata la ineficacia de los incentivos al emprendimiento - a establecerse como autónomo, vaya- aprobados en lo más duro de la crisis y derogados por el Gobierno Sánchez a finales de 2018; el efecto limitado de las ayudas para transformar empleos temporales en indefinidos; concluye que la tarifa plana para trabajadores autónomos sí ha conseguido sus objetivos de mejorar las expectativas de mantenimiento de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, pese al escepticismo creciente respecto a este instrumento; pero si algo concluye es que no se puede enfocar la política de incentivos a la contratación como un sustitutivo de las reformas estructurales que necesita el mercado laboral para, por ejemplo, reducir la tasa de temporalidad en el empleo, que hasta ahora siempre se ha atacado a golpe de estímulos a la contratación indefinida.