Más de 10 millones de pensionistas verán actualizadas sus percepciones el año que viene: la subida general será del 1,6%, pero llegará al 3% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas. Nada nuevo. La subida ya estaba prevista en esos términos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y el gasto asociada a la misma, descontado. Sin embargo, la expectativa alimentada por el Gobierno de un nuevo esquema de revalorización asociado al IPC real y alejado del índice de revalorización de las pensiones ideado por el PP -que condicionaba las subidas a la salud financiera del sistema- ha disparado la inquietud de analistas y organismos internacionales sobre la capacidad de las finanzas del país para soportar ese gasto extra.
Con la deuda pública anclada en el entorno del 100% del PIB, sin un sistema claro para financiar esos 4.000 millones de euros de gasto extra que acarreará la actualización anual de las pensiones con el IPC y con la demografía azuzando el problema, el principal responsable de la Autoridad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, ha decidido que es el momento de estrechar la vigilancia sobre el impacto que el gasto en pensiones tiene sobre la evolución de la deuda pública y ha resuelto elevar el asunto al 'consejo de sabios' del organismo para estudiar las líneas de trabajo que puede desarrollar la institución para monitorizar el asunto.
El primero de estos movimientos se presenciará en la primera semana de 2019 cuando la Autoridad Fiscal tiene previsto hacer pública su opinión sobre la trascendencia presupuestaria de la subida de pensiones confirmada el pasado 28 de diciembre por el Consejo de Ministros y plantear, asimismo, una batería de potenciales soluciones para hacer frente al déficit estructural de la Seguridad Social, según anunció el propio Escrivá en un discurso ante el Cercle de Economía.
El presidente de Airef no ha dudado en señalar la factura de las pensiones como una de las principales amenazas latentes sobre la economía española ante una potencial nueva recesión, sobre la base de unas proyecciones internas que indicaban - ya antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy primero y el de Sánchez después decidieran revalorizar las pensiones al compás del IPC -que el gasto en pensiones iba a desbordar en al menos un punto del PIB- más de 10.000 millones de euros - los ingresos del sistema al menos hasta 2020. Y tampoco se ha cortado a la hora de desenmascarar los posibles trucos del Gobierno para aligerar las proyecciones oficiales del gasto en pensiones.
Hasta ahora, lo que se sabe es que el Gobierno confía en financiar en 2019 el coste extra en pensiones -hay que insistir en que rondará los 4.000 millones de euros- con los mayores ingresos por cotizaciones derivados de la inercia de la creación de empleo, la subida de las bases máximas de cotización y el efecto inducido de la subida del 22% del Salario Mínimo, además de los posibles ingresos que se pudieran derivar de la entrada en vigor del impuesto sobre las transacciones financieras.
Se sabe también que la intención del Gobierno es empezar a financiar parte de la factura de las pensiones con impuestos, pero ni se sabe qué parte ni se sabe con qué cuantía. Fuentes del diálogo social aseguran que si bien el Gobierno ha dejado claro que hay que abordar un segundo proceso de separación de fuentes de financiación para aclarar qué se debe financiar con cotizaciones -principalmente las pensiones contributivas- y qué con impuestos, "no tenemos muy claro que es lo que se quiere financiar con impuestos y en qué plazo se debe hacer".
La solución de corto plazo encontrada por el Gobierno ha conseguido poner de uñas a la nueva cúpula de CEOE y según los analistas puede tener efectos no deseados sobre el empleo al incrementar el coste laboral para los empresarios.
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