La Autoridad Fiscal no se cansa de pedirle al Gobierno una estrategia fiscal a medio plazo que sea "creíble" y "realista" y que permita alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia sendas más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la economía española. Esto implicaría ampliar el horizonte temporal de la estrategia esbozada en el Programa de Estabilidad e integrar en ella las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, algo que la institución que preside Cristina Herrero ha demandado en varias ocasiones desde el estallido de la pandemia y que el Ejecutivo (en concreto, el Ministerio de Hacienda) no considera procedente hasta que no cese la situación de emergencia provocada por la pandemia y en tanto se mantenga la incertidumbre.
En la actualización del escenario fiscal presentado este jueves, la Airef estima un déficit del 7,9% del PIB en 2021, una décima superior al recogido en el informe anterior, como resultado de la interacción de diferentes factores. Aquí se junta, por un lado, la adopción de nuevas medidas en el ámbito de apoyo a las empresas o de gasto sanitario en las comunidades autónomas o el incremento del gasto en determinadas rúbricas como la remuneración de asalariados o el Ingreso Mínimo Vital; y por otro lado, la positiva evolución de la recaudación en la primera parte del año, así como, en el sentido contrario, el impacto de las modificaciones de la fiscalidad sobre la electricidad. Todo ello, acompañado de una menor estimación de la ejecución prevista para los fondos europeos de recuperación.
El escenario actualizado incluye otra novedad, y es que la Autoridad Fiscal ha trasladado al próximo ejercicio 2022 la compensación por la revalorización de las pensiones en 2021 por debajo de la inflación. Hay que recordar que el Gobierno, en el Plan de Estabilidad, incluyó la paguilla compensatoria que se abonará a los pensionistas por la diferencia entre el Índice de Precios de Consumo (IPC) registrado en 2021 y el incremento inicial de las prestaciones, que fue del 0,9% desde el día 1 de enero. En un principio la Airef había considerado que el abono se haría efectivo este mismo año, pero con la información disponible ha trasladado su impacto en el gasto a 2022. Según sus cálculos, la compensación tendrá un coste de 700 millones de euros.
En cuanto al escenario macroeconómico, la Autoridad Fiscal ha decidido mantenerlo inalterado (sostiene que el PIB crecerá este año un 6,6%) ante el elevado grado de incertidumbre persistente y las señales mixtas. De un lado, constatan que el avance en la vacunación y la eliminación de restricciones han contribuido a la reactivación de la actividad, pero del lado opuesto observan riesgos a la baja derivados precisamente del impulso asociado al Plan de Recuperación, que antes estimaban en 1,5 puntos porcentuales. Asimismo, en el frente de amenazas también destaca el aumento de contagios en las últimas semanas, tanto en España como en los principales países de afluencia de extranjeros, lo que puede poner en riesgo la recuperación del turismo en los meses de verano. Todo ello, acompañado de una ligera mejora en la tasa de paro, que bajaría hasta el 15,8%.
Durante la presentación del informe, Herrero ha advertido de que la inexistencia o la suspensión de las reglas fiscales no supone la falta de supervisión fiscal y en este sentido ha insistido en su recomendación de elaborar una estrategia fiscal a medio plazo que sea "creíble y realista" y que integre las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, así como de las reformas que afectan a ámbitos nucleares para el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas, tales como las relativas al sistema público de las pensiones, el mercado laboral, los impuestos o la modernización de las administraciones públicas.
La Airef considera que el importante aumento del stock de deuda pública legado de esta crisis sumado a un elevado nivel de partida sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto para el conjunto de las administraciones como para el subsector de las comunidades autónomas en una posición de "gran vulnerabilidad". En ambos casos, "se requiere una reducción gradual y sostenida del déficit público hacia el equilibrio estructural para reconducir la deuda hacia los niveles previos a la pandemia a lo largo de la próxima década". En este sentido, para el conjunto de las administraciones públicas, el mantenimiento en el largo plazo de un déficit estructural similar al de 2024, esto es, entre el 3,5 y 4,5%, estabilizaría la ratio de deuda en niveles sensiblemente superiores al 100% del PIB.
En suma, se mantiene prácticamente intacto el escenario macroeconómico -introduciendo apenas cambios en la composición del crecimiento- mientras se empeoran las previsiones para las finanzas públicas. En septiembre, con información más completa, la Airef tiene previsto revisar el conjunto del cuadro macroeconómico con vistas a determinar el grado de realismo de las previsiones macroeconómicas del Gobierno contenidas en el borrador de presupuestos para 2022. El ciclo presupuestario está arrancando, pues el Ejecutivo tiene previsto tener el techo de gasto listo en los próximos días para llevarlo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados.
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