"Eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios". La segunda recomendación de la Autoridad Fiscal para desarrollar un modelo de Renta Mínima eficiente desde el punto de vista del gasto y eficaz a la hora de reducir la elevada tasa de pobreza severa que todavía arrastra la economía española es romper con el principio que encadena en España el derecho a recibir cualquier prestación asistencial del sistema al hecho de estar en situación de desempleo.
El organismo que preside José Luis Escrivá aboga por hacer compatible la percepción de esa Renta Mínima con tener un empleo, a modo de complemento salarial, al menos hasta que la suma de ambos ingresos permita al núcleo familiar en cuestión superar el umbral de la pobreza.
Los argumentos de la Autoridad Fiscal para plantear este nuevo paradigma se basan en dos cuestiones fundamentales. La primera es que la evidencia acumulada sobre el fenómeno de la pobreza apunta al desempleo de larga duración como el factor principal a la hora de explicar la causa de que un individuo o una familia caiga en esa situación de exclusión. La segunda, como ya ha puesto de manifiesto la Autoridad Fiscal en otros de sus informes, es la ineficacia de la política pública de subsidios en España a la hora de facilitar la reinserción en el mercado laboral y su reverso oscurso, su carácter de desincentivo a la hora de buscar un puesto de trabajo.
"La incompatibilidad con el empleo genera desincentivos a participar en el mercado laboral", concluye la Autoridad Fiscal, que plantea "hacer la prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente".
La Autoridad Fiscal también aboga por enfocar la Renta Mínima a las personas y familias que se encuentran en una situación de pobreza severa en España, en concreto hacia los individuos cuyos ingresos no superan los 355 euros al mes o 746 euros mensuales, en el caso de familias con dos hijos. Cerrando el foco de las ayudas, la Autoridad Fiscal entiende que el sistema puede ser más eficaz a la hora de sacar a personas de la pobreza. Mientras con el esquema planteado por los sindicatos, la Autoridad Fiscal estima que sólo se sacarían de la situación de pobreza a una de cada tres personas que actualmente viven en esa situación (3,1 millones de personas en España), el esquema plantado por Airef asegura que duplicaría el porcentaje de beneficiarios.
Y, además, con un menor coste para las arcas públicas. Los técnicos de la Autoridad Fiscal dan por seguro que el planteamiento 'extensivo' de Renta Mínima planteado por los sindicatos tendría un 'efecto llamada' sobre los potenciales beneficiarios y elevaría su coste de los 7.500 millones de euros al año inicialmente previstos hasta los 9.800 millones. El esquema defendido por la Autoridad Fiscal, más centrado en las familias en situación de pobreza severa, no tendría ese efecto llamada y tendría un coste muy inferior para las arcas públicas: 3.500 millones.
"La financiación de esta prestación supone un reto ante una situación de déficit estructural en torno al 2% del PIB con una deuda pública cercana al 100%", sostiene la Airef. En este contexto, pide encuadrar la puesta en marcha del sistema de rentas mínimas en un "plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural de gasto" y garantizar "el seguimiento y evaluación continua del programa para asegurar su eficacia y eficiencia".
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