España va en camino de cumplir con el objetivo de déficit del 2% del PIB que en un ejercicio de realismo comunicó a Bruselas el pasado mes de abril -el objetivo previsto en la 'senda oficial' es del 1,3%- según el tradicional análisis que a mitad de año suele realizar la Autoridad Fiscal sobre la marcha de las cuentas de las Administraciones Públicas españolas, pero también va en camino de deslizarse hacia los terrenos ya conocidos del descontrol de cuentas en las administraciones territoriales. Así lo ha querido advertir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que ha hecho público este jueves y en el que pone de manifiesto el inquietante deslizamiento hacia el incumplimiento de las cuentas de comunidades autónomas y corporaciones locales.
El organismo presidido por José Luis Escrivá no se queda ahí e insta al Ministerio de Hacienda a actuar contra seis comunidades autónomas, entre las que se encuentran la de Madrid y la de la Comunidad Valenciana, aplicándoles la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exigiéndoles que en el plazo de un mes presenten un plan con medidas para corregir las desviaciones de gasto detectadas en la primera parte del año.
La Autoridad Fiscal ha detectado en el primer semestre del año crecimiento desmesurados del gasto de entre el 5% y el 8% -no olvidemos que la economía está creciendo alrededor del 2,2%- en las comunidades de Canarias, Madrid y Navarra, que alejan a estas comunidades autónomas de los límites impuestos por la Ley de Estabilidad cuando las cuentas continúan todavía en territorio negativo. La situación es aún más inquietante en Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares donde a la ausencia de control de los gastos se une un elevado riesgo de incumplir el déficit previsto para este año. La Autoridad Fiscal insta a Hacienda a contactar con urgencia con todos estos ejecutivos autonómicos para intentar embridar la evolución de sus cuentas.
El informe de Airef revela que las expectativas de cumplir con el gsato comprometido en el ámbito de las comunidades autónomas se han deteriorado de forma significativa a la que éstas han comenzado a gestionar sus presupuestos en medio de un periodo electoral. Si a principios de año, y a la luz del positivo cierre de los Presupuestos de 2018, la Autoridad Fiscal solo apreciaba un riesgo elevado de incumplimiento de la regla de gasto en la Comunidad Valenciana, con el paso de los meses el mapa autonómico ha ido tiñéndose de riesgos.
El informe publicado este jueves continúa situando a la Comunidad Valenciana en ese área de riesgo, pero agrega a otros diez comunidades autónomas: Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.
El resultado es que el organismo que vela por la adecuada gestión de las cuentas públicas ha pasado de considerar factible el objetivo de déficit del 0,1% asignado a las comunidades autónomas en el plan que se envió a Bruselas a creerlo "muy improbable" y a situar el déficit autonómico esperado en el 0,5% del PIB.
Se diluye el 'colchón' del superávit municipal
Todo apunta a que los ayuntamientos sí cumplirán con el holgado objetivo que le plantea el Gobierno, que aparentemente se conforma con que en conjunto cierren 2019 en equilibrio presupuestario cuando llevan un lustro con superávits presupuestarios de en torno al 0,5% del PIB. Sin embargo, esa red de seguridad -sin la cual el Reino de España aún continuaría penando en el exigente control reforzado de Bruselas- parece mostrar síntomas de relajarse.
La Autoridad Fiscal ha decidido reducir de cinco a cuatro décimas del PIB la previsión de superávit de las administraciones locales a la vista de la relajación observada en el cumplimiento de la regla de gasto en grandes ayuntamientos como Madrid, Valencia, Córdoba o Las Palmas.
Con todo, el organismo considera todavía 'factible' que España cumpla con ese déficit del 2% del PIB con el que se comprometió a cerrar el año. La entidad cree que el Estado y la Seguridad Social sí cumplirán con los objetivos a los que se comprometieron y que las desviaciones en las administraciones territoriales no impedirán llegar a buen puerto. No obstante, y como medida de prevención, ha instado al Ministerio de Hacienda a ahorrar todos los recursos extra que se puedan generar por la prórroga presupuestaria o cualquier otra circunstancia para compensar las posibles desviaciones que pueda haber en CCAA y Ayuntamientos.
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