No tienen ninguna duda de que ha sido un paso en falso o un paso al vacío. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de las pequeñas y medianas empresas (CEPYME) han alertado del "enorme impacto sin precedentes" que supondrá en la economía española la medida que ha anunciado el Gobierno de paralizar las actividades no esenciales con motivo de la crisis del coronavirus.
"Va a ser una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial. Este parón puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social", subrayan ambas instituciones a través de un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitara a declarar en su anuncio del sábado por la noche que había informado previamente a los agentes sociales.
Según aseguran los empresarios, existe un "desconcierto total" en la actividad empresarial sobre las actividades que el Gobierno considera no esenciales y exige al Gobierno dar a conocer el listado de esas actividades para adoptar las medidas oportunas. Ambos organismos dicen no discutir la medida del Gobierno porque la prioridad es la salud, si bien instan al Ejecutivo a tomar otras consideraciones para evitar un "agravamiento de la situación" que atraviesan las empresas y evitar así una destrucción masiva del tejido empresarial y del empleo de manera definitiva.
Más duros si cabe se han mostrado desde una patronal muy afectada por la decisión, Confemetal (que agrupa a las empresas industriales del metal). En concreto, ha mostrado "su más absoluto rechazo a una medida que no solo provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar, sino que también, lejos de favorecer la lucha contra la crisis sanitaria la complicará, dificultando haciendo más difícil y menos efectivo el trabajo en las actividades directamente implicadas en primera línea contra la pandemia y aquellas que les dan soporte inmediato".
Y añaden que esta decisión "solo puede haberse tomado desde el desconocimiento del funcionamiento de una economía avanzada como la española, hará imposible mantener un nivel mínimo de actividad económica que garantice la eficiencia para enfrentarse a la crisis sanitaria". Asimismo, advierten de que la paralización de la mayor parte de la actividad también impactará en las esenciales.
Por su parte, desde el ámbito político, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha saludado la decisión aunque le ha afeado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la falta de autocrítica por la compra de los tests rápidos que resultaron ser fallidos. En esta misma línea, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha reprochado al jefe del Ejecutivo que no explicase con "claridad" la medida en lo que respecta a las actividades afectadas.
García Egea, en resumen, ha aplaudido las medidas del Gobierno, si bien ha recordado que eran peticiones de los presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras. "Hay medidas que llegan tarde, López Miras pidió el cierre total de la actividad improductiva y hoy el señor Sánchez en su comparecencia lo ha anunciado, o como el alcalde de Madrid pidió también la paralización de la construcción", ha subrayado el número dos de Génova.
Por su parte, desde las autonomías se encaja el anuncio de manera muy distinta. Mientras el presidente catalán, Quim Torra, aplaude que al fin se hayan endurecido las condiciones del confinamiento, ya que él recuerda que lleva pidiendo esta restricción desde la misma declaración del estado de alarma, en el País Vasco se lo han tomado peor, toda vez que siempre han temido esta decisión por el fuerte componente industrial de su economía.
De este modo, el PNV se ha mostrado "sorprendido" por la forma en que el Gobierno central ha "tomado y comunicado" la medida de paralizar las actividades no esenciales y ha mostrado su preocupación por la "excesiva unilateralidad y la falta de respeto y comunicación del Gobierno español con instituciones, agentes y partidos que estamos actuando con total lealtad".
"Ayer, desde el Gobierno español se nos aseguró que esta medida no se iba a adoptar. Desde algunos ámbitos gubernamentales se nos pidió incluso que se arropara al Ejecutivo para defender esa posición. Hoy, sorprendentemente, se cambia de criterio de manera radical", ha advertido el partido nacionalista que gobierna en Vitoria.
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