Alarma en los fondos: "En España no se mueve nada por la inseguridad jurídica"

"La confianza es el principal valor a la hora de invertir en un país". Esta frase, en boca de un importante inversor, resume a la perfección el sentimiento que alberga un fondo internacional a la hora de jugarse sus dineros en un país. Una economía en recuperación, o con visos de ella, necesita de la presencia de los grandes fondos que proporcionan la liquidez y fuerza necesarias para arrancar un proyecto o participar en el accionariado de una compañía del Ibex.

A menudo, su presencia en España está rodeada de discreción y es difícil obtener alguna declaración que dé pistas sobre sus intenciones, especialmente relevantes en tiempos de crisis. Por esta razón, aprovechan la participación de terceros en encuentros económicos para que pongan voz a sus reivindicaciones que, en este caso, no son más que hacer cumplir lo prometido, o dicho de otra forma: la seguridad jurídica.

Y así lo han hecho durante las dos semanas de cumbre empresarial organizada por la CEOE. Por la misma han pasado lo más granado del empresariado español. La automoción, la energía, las telecomunicaciones, la consultoría, la construcción, la sanidad, el turismo, los servicios… Todos los sectores han estado representados para reivindicar sus intereses y, por supuesto, sus ideas sobre cómo y cuándo debe producirse la recuperación económica de España.

Sin embargo, entre las más de 150 personalidades que han ido desfilando no se encuentran los fondos de inversión internacional. Un actor de primer orden en la configuración económica de cualquier país. Están acostumbrados a apostar cifras multimillonarias para participar en empresas que proporcionen un retorno de la inversión vía dividendos o ventas a medio plazo. Una operación que requiere de un alto grado de confianza en el entorno económico y jurídico. Sin esta confianza las posibilidades de que un fondo procedente de un extraño o exótico país pueda sentarse a la mesa de los grandes son muy reducidas.

Desde 2014, la presencia de estos gigantes del capitalismo se cuenta por miles de millones de euros. Sólo en ese año, la inversión de los fondos internacionales superó los 50.000 millones de euros, estando presentes en la salida a bolsa de empresas semipúblicas o en la compra de grandes empresas privadas, en las que los históricos, como KKR o CVC, siempre están presentes, pero a los que se han añadido otros como IPIC, Macquarie, Sigma o Ardian, procedentes de lugares tan lejanos como Alaska, China o Australia.

En medio de tantas voces clamando por atención y dedicación en la CEOE, es extraño que unos actores de tal importancia no hayan hecho acto de presencia en el mayor encuentro empresarial celebrado en España hasta el momento.

Lejos de estar ausentes, la voz de los fondos ha podido escucharse y lo ha hecho en aquellas empresas en las que tienen una participación directa. No es de extrañar que "seguridad jurídica" sea una de las frases más repetidas por las decenas de directivos que han podido intervenir hasta el momento en la CEOE.

Y es que "sin seguridad (jurídica) no habrá inversión". Así se lo han hecho saber los representantes de los fondos internacionales en España a las empresas en las que participan. Y se ha plasmado en los discursos de las principales empresas españolas como Ferrovial, Sacyr, Mercadona, Inditex, Iberdrola, Repsol o incluso asociaciones como ASEDAS o ANGED. Todas ellas condicionan gran parte del éxito español para salir de la crisis con el respeto al principio de la confianza en forma de seguridad jurídica.

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¿Cuál es el verdadero interés de los fondos internacionales por introducir el término en el debate público?

La respuesta la encontramos en el pasado. Un importante representante de estos fondos afincado en nuestro país lo explica a la perfección: "Si echamos la vista atrás y vemos cómo se comportó (España) en el pasado, no podemos ser muy optimistas. Algún día se darán cuenta del error que supuso desmontar toda la regulación en energías renovables con efectos retroactivos de 2013".

Otro, con una importantísima participación en el sector energético español, apela al componente comunicativo para entender qué pasa por la mente de una entidad que debe aprobar la inversión de miles de millones en un país: "Son ese tipo de cosas que luego te toca explicar en Singapur o en Londres y que nadie entiende. Sin seguridad jurídica no se moverá ni un euro. Ya no podemos volver a pedir más implicación sin un mínimo de garantías".

España acumula más de 800 millones de euros en arbitrajes perdidos ante el CIADI y el tribunal arbitral del Banco Mundial. Una cifra que se resiste a pagar amparados en la comunicación europea, que declara ilegales los arbitrajes que no tuvieran en consideración la prelación de leyes comunitaria cuando de fondos de inversión europeos se trate.

La célebre sentencia Achmea supuso un alivio jurídico para el Reino de España, pero todo un menoscabo para la credibilidad de un país que ahora necesita como agua de mayo dinero para sacar adelante la economía, aunque provenga de Alaska, Japón o Alemania.

Como en todo discurso, es imprescindible saber qué ocurre al otro lado, el del receptor del mismo, que, en este caso, no es otro que el Gobierno y, concretamente, la ministra de Economía Nadia Calviño, afanada, junto a la ministra de Exteriores, en ofrecer un país en el que la inversión internacional esté garantizada. Un empeño que no dudan en repetir allá por donde estén, pero que choca frontalmente con las 'exhibiciones de poder' en el 'Financial Times' de Pablo Iglesias.

"Deben darse cuenta de que un inversor internacional se informa de lo que ocurre en España por el 'FT'. Cualquier declaración altisonante o que pueda poner en peligro cientos de millones en juego tiene un efecto inmediato: la pérdida de confianza".

Sin ella, todo parece estar perdido. A falta de participación directa, la estrategia de los grandes fondos internacionales ha pasado por 'exigir' a sus representantes la reclamación de seguridad en las inversiones. Un argumento que Felipe VI tendrá que escuchar e incluso adoptar en la clausura de las, probablemente, jornadas empresariales más importantes que se recuerdan en nuestro país en los últimos 20 años.