Un informe español en Washington alerta del riesgo de atacar ahora el aceite

  • Advierte de que en caso de aprobarse una 'Marketing Order', se produciría un serio problema en este mercado.
Aceite de oliva
Aceite de oliva

Un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Washington alerta del peligro de que se establezcan aranceles en el mercado del aceite de oliva en Estados Unidos, lo que repercutiría negativamente en el comercio de este producto.

El informe indica que actualmente no existe una norma que restrinja la comercialización del aceite de oliva en EEUU, pero advierte de que en caso de aprobarse una 'Marketing Order', similar a lo ocurrido con las aceitunas, bajo una norma no compatible con las directrices del Consejo Oleícola Internacional (Internacional Olive Council, COI), se produciría un serio problema en este mercado.

En la actualidad, el Agricultural Marketing Service (AMS), dependiente del USDA (United States Department of Agriculture), en aplicación de la denominada 'Marketing Order' inspecciona el 100% de las aceitunas negras importadas, en contra de lo recomendado en la normativa internacional, lo que supone un sobrecoste estimado del 5%.

Según el informe, se ha intentado, sin éxito, reducir el número de inspecciones y la reciente apertura de un caso AD/CVD (Anti-dumping and Countervailing duties) contra este mismo producto, a petición del sector californiano, no presagia una solución a este conflicto.

Respecto al aceite de oliva, actualmente no existe una norma que restrinja su comercialización, pero se producirían problemas en caso de aprobarse una medida similar a la de las aceitunas. En EEUU se ha producido un aumento en los controles e inspecciones de las importaciones agrícolas y de otros productos de consumo, ya que La ley Food Safety Modernization Act (FSMA) y sus reglamentos exigen planes de controles preventivos y aumento de inspecciones, certificaciones, registros y un mayor número de requisitos que pueden suponer una barrera importante para las pequeñas empresas.

El informe detalla que bajo el término 'Buy America(n)' se aglutina un conjunto de disposiciones proteccionistas que quedan recogidas en numerosos textos legales, cuyo objetivo es dar preferencia al producto americano frente al extranjero en las compras públicas.

Hay que distinguir dos normativas, 'Buy American' y 'Buy America': la primera se aplica a todas las contrataciones públicas de bienes que realicen las agencias federales, mientras la segunda se aplica a las compras que se realicen dentro del área de transporte y que gocen de alguna financiación federal.

Esta normativa, explica el informe, existe desde hace ya muchos años y se vio reforzada por la Administración Obama, que aumentó los porcentajes de contenido americano exigido y dejó de conceder 'waivers' a su aplicación, que sí se concedían en el pasado. Con la nueva Administración, todas las señales indican que se va a un endurecimiento de esta política.

En abril de 2017 Donald Trump firmó una orden ejecutiva, bajo el slogan 'Buy American Hire American', con el objetivo de reforzar aún más estas medidas proteccionistas y garantizar la contratación de mano de obra estadounidense y el uso de bienes 'made in America' en toda contratación pública. Además, a las medidas aplicadas por el Gobierno Federal se unen las de algunos estados, cuyas leyes presupuestarias exigen, de forma análoga, que los productos o materias primas sean 'made in USA' a la hora de realizar determinadas infraestructuras.

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