"Los bancos trasladarán ese coste fiscal extra a otros componentes de la hipoteca. Es legítimo. El mercado hipotecario español es extraordinariamente competitivo y los márgenes de rentabilidad del sector no permiten alardes. ¿Que el Gobierno quiere controlar que eso no ocurra? Sinceramente, no sé cómo va a hacerlo. Ni siquiera sé si podrá". La reflexión - realizada bajo la condición del anonimato - es de un alto funcionario del Banco de España y traslada las dos principales reflexiones que ha suscitado en el organismo el anuncio del Ejecutivo de que hará lo posible para que los bancos no drenen a las hipotecas el coste extra que les generará tener que asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados: uno, que es normal que las entidades lo hagan; y dos, que no hay mucho que el Gobierno pueda hacer para evitarlo.
En Moncloa no terminan de estar de acuerdo con ninguna de las premisas de esa reflexión y están dispuestos a pasar a la acción. Si en un primer momento la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que la banca trasladara el sobrecoste por el pago del AJD a otros componentes de la hipoteca, fue apelar el pasado miércoles a la responsabilidad del sector para que no lo hiciera, tras la reunión ministerial del jueves en la que se sancionó la reforma legal necesaria para que pagaran el impuesto los bancos, el relato gubernamental había madurado hacia otro mensaje mucho más contundente: el Gobierno vigilará para que los bancos no trasladen de forma abusiva el coste derivado del pago de la AJD a las hipotecas.
¿Cómo? El sostén del renovado y más tajante discurso del Gobierno sobre el asunto es la hasta hace unos días olvidada Autoridad Independiente de Protección del Consumidor y el Inversor Financiero, el órgano consensuado hace meses por PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para activar un sistema eficaz de protección de los consumidores y usuarios de productos financieros antes eventuales comportamientos abusivos de las entidades y conseguir que éstas corrijan sus actuaciones en los casos en que así se considere, según la argumentación de la proposición no de ley consensuada por los grandes partidos.
El asunto es que más allá de la imposibilidad legal de que el Gobierno impida que la banca traslade ese coste, salvo que lo haga de una forma abusiva, según ha reconocido el mismo Gobierno, la creación de ese nuevo órgano tampoco es cuestión pacífica. Los grandes órganos supervisores de los mercados financiero y de capital de la economía española, el Banco de España y la CNMV, han observado la iniciativa con desconfianza desde el primer instante que se planteó en el marco de la reforma general de los órganos reguladores.
Lo que ha deslizado el Gobierno en las últimas horas es que su voluntad es poner en marcha este nuevo órgano lo antes posible, de modo que esté operativo para supervisar las actuaciones de la banca y rastrear cualquier indicio de traslado ilícito de los costes asociados al pago del AJD a otros componentes de los contratos hipotecario, en un esfuerzo por trasladar a la sociedad que los bancos no podrán repercutir ese coste a los consumidores tan fácilmente. En palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "velará por los derechos de los consumidores y prevendrá que se introduzcan cláusulas abusivas que trasladen este coste (el del impuesto de Actos Jurídicos Documentados)".
Fuentes próximas a los reguladores han confirmado a La Información la inquietud que ha despertado en estos organismos la eventual puesta en marcha de un nuevo órgano que, para empezar, asumiría las competencias que a día de hoy tienen el Banco de España y la CNMV en materia de control de las conductas de mercado, tanto en el ámbito financiero como en los mercados de capitales, que pasarían de forma automática a esta nueva Autoridad Independiente.
El Banco de España no opina de forma oficial sobre la eventual puesta en marcha de ese nuevo órgano de control, pero funcionarios del supervisor bancario advierten de las potenciales distorsiones que podría generar la escisión del control de la solvencia y de la conducta de las entidades en dos organismos diferentes. Subrayan que el Banco de España a día de hoy ya trabaja para detectar que el comportamiento de las entidades se ajusta a la regulación vigente y que se realizan recomendaciones y actuaciones en los casos en que su política comercial presenta indicios de irregularidades, "pero sin entrar nunca en su política comercial", avisan en referencia a las últimas declaraciones del Gobierno sobre el AJD.
El movimiento del Gobierno afecta de forma especial a las expectativas de la CNMV, que aspiraba a centralizar todo lo relacionado con el control de las conductas de mercado en un modelo de supervisión - defendido hasta hace unos meses por el Partido Socialista - en el que el Banco de España se encargaría en exclusiva de la supervisión de la solvencia de las entidades y la CNMV asumiría la vigilancia de las conductas. Un modelo que la aparición en escena de este tercer organismo compromete.
Frente a la oposición más o menos explícita de los reguladores aparece la repetida exigencia del Defensor del Pueblo para arbitrar un esquema de atención y resolución de las reclamaciones de los consumidores "más garantista" y que tenga carácter vinculante para las partes, tanto para los usuarios de servicios financieros como para las entidades.
La ley 7/2017 que reguló por primera vez la creación de una entidad de resolución alternativa en el ámbito de la actividad financiera dejaba abierta en su redacción esta opción al decir que sus resoluciones podrían tener carácter vinculante o no, pero la intención del Gobierno es que las resoluciones de la entidad no solo tengan carácter vinculante sino que ésta tenga la capacidad de imponer sanciones. Hay que recordar que las resoluciones o recomendaciones del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España no son vinculantes.
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