Los departamentos jurídicos de un buen número de grandes empresas españolas inmersas en procesos de devolución de ayudas a la UE que se han declarado ilegales han empezado el año con mal pie y todas las alarmas lanzadas: una de las enmiendas que el PSOE ha planteado para el Proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal plantea la opción de retirar los beneficios fiscales de aquellas empresas que se demoren o que no accedan a la devolución de unos remanentes millonarios que obtuvieron hace una década en el seno de la UE, y que tras un laberinto judicial, tienen que aflorar ahora porque se considera que fue una práctica contraria a las normas comunitarias sobre ayd
El caso más conocido es el del ‘tas lease’ que funcionó en España entre 2007 y 2011, que permitía financiar la construcción de barcos a través de Agrupaciones de Interés Económico (AIE), con una ventaja del 20% al 30% sobre el precio final que permitía que los inversores de esas financiaciones sacar una buena rentabilidad. Una sentencia del Tribunal General de la (TGUE) de septiembre pasado confirmó que esa opción financiera para construir buques es una ayuda de Estado, otorgada con carácter selectivo, vulnera las normas de la competencia europeas y perjudica a otras empresas que construyen buques y a sus financiadores.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista no es ajena a la situación de estancamiento en la que se encuentra el proceso de devolución de las presuntas ayudas de Estado del 'tax lease', de las que se beneficiaron unos 80 inversores, entre los que se cuentan algunas de las principales empresas del país. El Gobierno ya anunció a las grandes empresas a finales de 2019 su intención de empezar a reclamar a través del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria la devolución de los incentivos fiscales aplicados bajo ese mecanismo.
En la era Montoro, el Ministerio de Hacienda estimó la cuantía total de las ayudas fiscales percibidas por este cauce por los inversores que participaron en este tipo de estructuras financieras en 126 millones de euros, pero la Comisión Europea duda de estas cifras y otras fuentes asumen que la factura de una eventual devolución sería mayor (hasta 260 millones) si se tiene en cuenta que durante ese periodo se invirtieron unos 3.000 millones de euros anuales en la construcción de embarcaciones bajo este esquema fiscal.
Una enmienda "arbitraria" y poco concreta
La sentencia del TGUE ya se ha recurrido en casación al Tribunal de Justicia de la UE, pero mientras eso se dilucida, en muchas empresas de todo tipo (alimentación, textil, bancos, infraestructuras, etc…) que entonces entraron a ese jugoso negocio, esperan ahora la llegada de las "comprobaciones" desde la Agencia Tributaria, para que devuelvan el dinero, con una enmienda a la ley del fraude fiscal sobre la mesa que les presiona con la retirada de cualquier otro beneficio fiscal que tengan si no proceden al pago. Fuentes consultadas en las empresas y sus asesores legales no ponen en duda la validez de la sentencia ni eluden su cumplimiento, pero ven un riesgo innecesario en “la amenaza” al resto de bonificaciones fiscales que tienen en la actualidad y que, por lo pronto, no se van a modificar. “Nos van a quitar la exención por doble imposición de dividendos, perfectamente reconocida en toda Europa, por un tema que nada tiene que ver con eso”, se quejaba un asesor fiscal conocedor de este tema.
Desde el punto de vista técnico no se entiende la necesidad de implantar una medida tan “arbitraria” en la nueva norma contra el fraude, cuando ya existe en la Ley General Tributaria un sistema para que el Estado recoja el dinero que hay que devolver y lo haga llegar a Bruselas. A la vista de los problemas y los retrasos que siempre ha habido por la devolución de este tipo de ayudas, en la mayor parte de los casos muchos años después de haberlas obtenido en base a normativa legales y fiables (principio de confianza legítima), se estableció la obligación de liquidar la deuda primero, y reclamar después, para que no sancionen a España por retrasos en las devoluciones.
Los especialistas en derecho mercantil comunitario advierten, además, de que la complicación operativa no va a ser menor, dado que tras una primera "comprobación" a cada una de las Agrupaciones de Interés Económico implicadas, se debe trasladar una nueva y específica para cada uno de los partícipes que las componían, hace más de una década, muchos de los cuales ya no existen. "Hasta ahora nadie ha pagado -señalan las fuentes consultadas implicadas en el proceso- y esas segundas liquidaciones pueden congelar los procesos".
La enmienda que el propio PSOE plantea a un proyecto de ley del Gobierno controlado por ese mismo partido –“cosa que llama la atención”, recuerdan los asesores–, va en la línea europea de eliminar la mayor parte de los beneficios fiscales que tienen las grandes empresas, pero desde el ámbito privado señalan que no se puede generalizar en cualquier tipo de deducción o ventaja, porque puede dar lugar a situaciones muy injustas para empresas que están arriesgando mucho por tirar de la economía en estos momentos duros de crisis por la pandemia.
El fondo de comercio y las 'vacaciones fiscales'
Hay que tener en cuenta, además, que no solo está pendiente de liquidar en la UE el tema del ‘tax lease’ de los astilleros de hace más una década, sino que quedan por devolver a la UE algunas de las ayudas de estado consideradas ilegales en el caso del fondo de comercio financiero, que permitía deducir de la base del Impuesto de Sociedades el valor de ese fondo en las adquisición de participaciones de más de un 5% por no menos de un año de empresas extranjeras. Existen además otros casos aislados en el sector de las infraestructuras, la energía y las telecomunicaciones que pueden verse perjudicados también por una aplicación demasiado laxa de la enmienda que prepara el PSOE.
La guerra europea contra las ventajas fiscales españolas sentenciadas como ayudas de estado empezó a finales de los noventa, con la guerra contra las llamadas ‘vacaciones fiscales’ vascas. Según los últimos datos oficiales, quedan pendientes de resolver unos 155 procedimientos con intereses españoles, con una concesión de ayudas de este tipo que se estimaba en más de 3.000 millones de euros en 2019. Otros socios europeos están muy por encima de esas cantidades, pero la cuestión se puede complicar a futuro si tenemos en cuenta que para los próximos tres años van a llegar a España 140.000 millones para proyectos empresariales, de los que la mitad son partidas a fondo perdido, siempre susceptibles de ser denunciadas y sentenciadas como ayudas de Estado.
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