El pesimismo empieza hacer mella entre los españoles y uno de cada tres ciudadanos teme ya que la situación económica empeore en los próximos 12 meses, un porcentaje muy similar al que se registraba entre 2008 y 2013, en plena recesión económica, según el último Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Mientras, muchos indicadores que van apareciendo con cuentagotas avalan este desánimo y adelantan que España, más pronto que tarde, volverá a vivir una nueva crisis, sin que todavía sea posible calibrar su intensidad.
Más paro -el peor de los síntomas-; frenazo de la industria -que experimenta su mayor recorte en tres años-; menos recaudación de IVA, que crece al ritmo de 2012; descenso de la confianza de los consumidores y caída de las ventas de viviendas y vehículos, entre otros índices, marcan una hoja de ruta directa a la recesión, aunque el Gobierno en funciones siga obstinado, en pleno periodo electoral, en que no hay indicios suficientes para ser alarmistas. Pero fuera ya de los datos económicos hay otras señales que muestran que no es el momento de mirar hacia otro lado y que la crisis prácticamente está aquí.
Los juzgados son un barómetro casi perfecto de la situación y pese a que normalmente no dan la alarma al principio, algunos ya muestran evidencias claras de la que la situación está cambiando. "En tiempos de crisis hay cuatro jurisdicciones que se ven afectadas en mayor o menor medida con un aumento de la carga de trabajo, pero más que al inicio, cuando ya estamos bien metidos en los problemas económicos más graves", asegura Juan Pedro García, secretario de Acción Sindical del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) en Andalucía.
"Nadie se pone a despedir el primer día de crisis a sus empleados -social-, los bancos no reclaman judicialmente el impago de un préstamo el prime mes que se abona -civil-, la delincuencia no aumenta el primer día que empiezan los problemas económicos -penal- y las reclamaciones en el contencioso-administrativo no se producen de repente, porque primero debe agotarse la vía administrativa", asegura a La Información el responsable sindical.
García vaticina a corto plazo un aumento de los litigios ante el actual contexto de inestabilidad, "que serán difícil de asumir por algunos juzgados, ya de por sí saturados y con plantillas escasas". Pone como ejemplo la ciudad de Jerez de la Frontera, que con apenas 200.000 habitantes tiene buena parte de sus sedes judiciales con exceso de carga de trabajo y apunta a la normativa que determina que son necesarios nuevos juzgados cuando los módulos de trabajo superan el 30% en los cinco años anteriores. "Solo tres órganos en Jerez no están saturados, mientras, es alarmante la situación del Juzgado de los Contencioso-administrativo y merecen especial atención los juzgados de lo social", apunta García.
Un repaso detallado a los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial deja patente que algunos indicadores apuntan crisis, otros incluso muestran tendencias idénticas a las de los peores años de la recesión y otros se muestran más o menos estables e incluso a la baja, por muy diferentes razones. Así, los concursos de acreedores presentados en los juzgados en el segundo trimestre de 2019 -última fecha disponible- fueron 2.982, lo que supone un incremento del 23,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Hay que remontarse al segundo trimestre de 2013 para encontrarse con una cifra similar. Hasta junio se han presentado un total de 5.778 concursos de acreedores, que suponen un 27% más que los 4.543 presentados durante el primer semestre de 2018. Destacan los concursos presentados por personas físicas, 1.254, un 46% que en el segundo trimestre de 2018. Cataluña es la comunidad que lidera el ránking de los concursos presentados ante lo mercantil y duplican los registrados en la Comunidad de Madrid.
Mientras, también se registra un incremento del 16,4% de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) del artículo 64 de la Ley Concursal, tras cuatro trimestres de descenso y a la espera de los expedientes que presenten las grandes empresas -muchas de ellas ya los han anunciado- a final de año. También se constata un aumento del 9,1% de las demandas de despido, liderando el ránking Cataluña y Madrid, comunidades que duplican el porcentaje medio.
Por último, un vistazo a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias -32,9%-y por impagos de alquiler -6,6%- parece invitar la optimismo, pero realmente es un 'espejismo'. El responsable de USO apunta que sería impensable que ahora se produjesen un número de lanzamientos similar al que se dio durante un crisis, provocada en buena medida por la burbuja inmobiliaria. "Ahora los bancos, tras la experiencia, han cortado el grifo del crédito y hay menos riesgo de impago. Respecto a los alquileres, la situación puede empeorar", asegura.
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