En concreto, según ha informado Acora en un comunicado, "de los casi 30 millones destinados a esta línea de ayuda en Andalucía, 3.244.983 euros se invertirán, provisionalmente, en el sector industrial fabricante de aceite de oliva y 26.000.188 euros en cooperativas. Esto es, en Andalucía el 89 por ciento de los fondos destinado a la mejora de la agroindustria van a parar a cooperativas y tan solo un once por ciento se invierte en el sector industrial".
Pero lo más significativo de esta convocatoria, "además de la discriminación existente entre cooperativas e industriales en el reparto de los fondos, es que tan solo tres cooperativas se llevan el 50 por ciento de la subvención de la comunidad autónoma", logrando "14,5 millones de fondos públicos".
Desde Acora se señala que no discuten "la labor social de estas entidades asociativas, ni lo concentradas o integradas que estén, pero debemos recordar a la Administración que existen en Andalucía 802 almazaras, de las que 416 son cooperativas y 386 son almazaras industriales, sin contar a la industria entamadora".
REPARTO POR PROVINCIAS
A juicio de Acora, el reparto por provincias "evidencia el resultado global", destacando "la situación de la provincia de Córdoba, pues desde el punto de vista de la producción de aceite de oliva, está casi a la par que las cooperativas, siendo del 45 por ciento el porcentaje de aceite de oliva obtenido en almazaras industriales del total de la provincia, frente al 55 por ciento de cooperativas".
Sin embargo, según ha indicado Acora, "estas proporciones no se respetan si tenemos en cuenta la asignación de subvenciones de esta convocatoria, pues del total de fondos destinados a la provincia de Córdoba, que ascienden a 9.202.335 euros, el 97 por ciento de los mismos van destinados al sector cooperativo, frente al tres por ciento restante, cuyos beneficiarios provisionales son almazaras industriales fabricantes de aceite oliva".
En consecuencia, en la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba afirman lamentar "el trato discriminatorio al que están sometidas las almazaras industriales de la provincia y el escaso reconocimiento que la Administración profesa a la labor económica y social que los fabricantes industriales de aceite de oliva desarrollan en su ámbito territorial".
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