Almeida acelera su primera gran compra inmobiliaria para pasar 'limpio' a 2020

  • Aprieta a Zurich Seguros, dueño del inmueble que alberga el centro informático municipal, para cerrar la venta en 2019 y no consumir gasto de 2020.
Fotografía de José Luis Martínez Almeida.
Fotografía de José Luis Martínez Almeida.

El Ayuntamiento de Madrid está moviendo todos los resortes a su alcance para acelerar lo máximo posible el cierre de la operación de compra de un edificio de oficinas de la calle Julián Camarillo 6, aprobada la pasada semana por la Junta de Gobierno y por el que ya se ha acordado pagar 55 millones de euros a sus propietarios, Rex Spain Zdhl, filial inmobiliaria de la aseguradora Zurich Seguros, en una carrera por cargar la operación al ejercicio presupuestario de 2019 y pasar a 2020 con la cuenta de gastos del presupuesto municipal 'liberada' de una operación millonaria que restringiría de manera significativa el margen de maniobra del nuevo equipo de Gobierno en el primer ejercicio completo bajo su gestión.

Según fuentes conocedoras de los pormenores de la operación, el Ayuntamiento de Madrid ya ha hecho saber a los actuales propietarios del inmueble, que alberga la sede del Servicio Municipal de Informática y del Centro de Gestión de Movilidad, entre otros servicios municipales, la urgencia de cerrarla a todos los efectos antes de que acabe 2019,  ello a pesar de que la Junta de Gobierno no dio su visto bueno a la misma hasta el pasado 12 de diciembre lo que deja un margen de tiempo bastante limitado para sustanciar todo el papeleo de una operación de este porte.

¿Cuál es el motivo de tanta urgencia? Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se asegura que no hay otra opción dadas las circunstancias. Esas 'circunstancias' son que Rex Spain Zdhl -la entidad propietaria del inmueble- no les habría comunicado su intención de vender hasta "hace poco más de un mes" -en concreto, el pasado 13 de noviembre- y que el derecho de tanteo del que disfrutaba el Ayuntamiento de Madrid sobre el edificio, en su condición de principal inquilino, vencía el 13 de diciembre, lo que habría precipitado la necesidad de realizar la operación con tanta rapidez.

El relato del equipo de Martínez-Almeida explica el 'timing' de la decisión de compra, pero no la urgencia en cerrarla en todos sus extremos antes de que finalice 2019. De hecho, las fuentes próximas a la entidad vendedora consultadas por La Información aseguran que la presión para sustanciar todo lo vinculado a esta operación en diciembre no viene de la filial de Zurich Seguros sino de las autoridades locales.

Las ventajas para Martínez-Almeida de una 'compra express'

El asunto tiene una interesante derivada presupuestaria. Según fuentes del Consistorio madrileño, imputar ese gasto a 2019 tiene una importante ventaja para la gestión del Presupuesto de 2020. Ya no es sólo que 'liberaría' a las primeras cuentas del alcalde Martínez Almeida de arrancar con 55 millones de euros de gasto ya comprometidos, sino que ampliaría el margen de maniobra del equipo de Gobierno municipal para el año que viene vía regla de gasto.

¿Cómo? Lo explica el exconcejal delegado de Hacienda con Manuela Carmena y actual portavoz de Economía de Más Madrid en el Pleno Municipal, Jorge García Castaño. Según su explicación, la singular operativa de la regla de gasto implantada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro hace que ésta opere sobre el gasto efectivamente ejecutado en el año anterior, con independencia de que éste haya cumplido o no con las exigencias normativas.

Desde esa perspectiva, y una vez asumido por todos que el Ayuntamiento de Madrid va a incumplir la regla de gasto en el ejercicio presupuestario de 2019, imputar esos 55 millones de euros a la cuenta presupuestaria de este año simplemente ampliaría ese incumplimiento, pero a cambio proporcionaría un margen extra de 55 millones de euros de gasto para el ejercicio siguiente, ya que la restricción presupuestaria derivada de ese mecanismo se calcula sobre el gasto efectivamente ejecutado un año antes. Ya no es solo que el Ayuntamiento no tendría que gastarse esos 55 millones en 2020, sino que además tendría un margen extra equivalente a esa cantidad. 

Una operación redonda con un único asterisco, muy relevante, que admite García Castaño. El Ministerio de Hacienda podría no aceptar ese margen extra en el Plan Económico Financiero que deberá presentar el Ayuntamiento de Madrid por la desviación ya segura de este año 2019, pero ello implicaría una suerte de impugnación por parte del Gobierno Central de los presupuestos ya presentados por el Ayuntamiento de Madrid con las consecuencias políticas que ello tendría. 

Para el portavoz económico de Más Madrid en el Pleno Municipal de Madrid es evidente que  el equipo de Gobierno pretende realizar esta maniobra para ganar margen presupuestario. "Si su objetivo hubiera sido cumplir este año con la regla de gasto podrían haber ejecutado este gasto en 2020 o incluso ejecutar esta compra a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles -que no computan a efectos de regla de gasto-, pero claro eso hubiera retrasado el proceso a 2020", explica.

Sobre la decisión de no hacer la compra a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida señala que no "quedaba otra opción" por el poco tiempo del que disponían. "Era materialmente imposible meterlo por IFS. El plazo que nos dejaron era muy corto", aseguran fuentes del Consistorio. Además, recuerdan que con la decisión "se ahorrarán 25 millones de euros en un periodo de 20 años", al dejar de pagar el alquiler, que ascendía a unos cuatro millones de euros anuales. 

El Ayuntamiento de Madrid continúa así la senda del anterior gobierno de Manuela Carmena, que también adquirió edificios que alojaban dependencias municipales por los que hasta entonces pagaba un alquiler. Es lo que ocurrió con el que está situado en Alcalá, 45, muy cerca del Palacio de Cibeles, cuyo precio se situó en los 104 millones de euros. Dicho inmueble perteneció al consistorio hasta el año 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón decidió venderlo para después pagar el alquiler para que albergara algunas sedes de concejalía. Durante la etapa de Carmena, estas oficinas acogieron las delegaciones de Economía y Hacienda y de Participación Ciudadana. Un precio que la oposición de entonces, liderada por PP y Cs, denunció que era "muy alto" y que estaba basado "en datos de Idealista". 

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