Almunia avanza que el sector naval tendrá que devolver las ayudas fiscales

Madrid, 27 jun.- El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, va a proponer al Ejecutivo comunitario que España devuelva las ayudas fiscales ("tax lease") del sector naval, una decisión a la que se oponen frontalmente los astilleros y los sindicatos y que también genera rechazo en los partidos y el Gobierno.

El dirigente europeo ha explicado que el reintegro del dinero tendrá que correr a cargo de los grandes inversores que financiaron la construcción de los buques, así como de los armadores que los compraron a un precio inferior al del mercado.

Según ha explicado, los astilleros y los bancos que financiaron a estos últimos estarán exentos de la devolución, aunque en los contratos que firmaron en su día los constructores navales asumieran la responsabilidad de las ayudas recibidas.

"El derecho europeo es superior a cualquier tipo de contrato privado o civil que pudiera establecerse entre los actores", ha dicho tajante.

No obstante, ha matizado que serán las autoridades españolas las que tendrán que identificar quiénes tienen que devolver las ayudas y qué cantidades.

En España hay un amplio espectro de empresas que invirtieron en este tipo de proyectos, por lo que obligación de devolución no solo se circunscribiría al ámbito financiero, explican fuentes del sector.

La decisión, que formalmente debe adoptarse por la CE el próximo 17 de julio, ha hecho saltar las alarmas entre los constructores navales, que desde hace tiempo vienen alertando de que la devolución del dinero hará desaparecer los astilleros en España.

Durante el acto informativo en el que Almunia ha explicado su propuesta, el presidente de PYMAR, Álvaro Platero, que se encontraba entre el público, se ha levantado y le ha espetado: "Lo que está haciendo supondrá el cierre inmediato de los 19 astilleros de España y el final de la construcción naval".

Posteriormente, en rueda de prensa la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha reiterado que de salir adelante la propuesta de Competencia desaparecerá una industria que da empleo a 87.000 personas y ha asegurado que es "una auténtica falacia" que los astilleros estén exentos de la devolución del dinero.

Según ha explicado, los contratos con armadores e inversores incluyen cláusulas que trasladan a los astilleros cualquier cambio o riesgo regulatorio.

López del Pozo ha cuestionado el argumento de Almunia de que el derecho comunitario prevalezca y ha vaticinado que se llevará a los astilleros y a sus clientes a los tribunales y supondrá el bloqueo de pedidos.

"No hay voluntad por parte del comisario de arreglarlo", subrayan desde PYMAR antes de recordar que "no piden un trato de favor" sino que se corrijan problemas técnicos de este conflicto "perfectamente subsanables".

Los astilleros reclaman para España el mismo trato que a Francia, quien, a pesar de ser condenada en 2006, no tuvo que devolver estas ayudas.

El "tax lease" es un sistema de bonificaciones fiscales para las empresas que intervenían en la financiación de un proyecto de construcción naval declarado ilegal en 2011.

En España, estas ayudas estuvieron vigentes entre 2002 y 2011 pero la devolución sólo se aplicaría desde 2005, fecha en la que comenzó el expediente a Francia.

El sector calcula que la cantidad que habría que devolver asciende a 3.000 millones de euros.

El Gobierno también ha mostrado su oposición ante la eventual devolución de las ayudas. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que "espera y desea" que España no tenga que devolver el dinero, ya que se haría un daño "irreparable e irreversible" al un "sector competitivo que ha hecho un enorme esfuerzo por modernizarse" y a la economía del país.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha asegurado el partido no comparte la propuesta de Almunia y que intentará luchar contra esa decisión que pone en riesgo el sector y muchos puestos de trabajo.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha confiado en que el comisario europeo "se piense dos veces" la propuesta que hará a la Comisión, mientras que el PNV ha calificado de "inaceptable" su propuesta.