El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema en muchas zonas del territorio, especialmente en las denominadas zonas tensionadas, donde el mercado del alquiler está totalmente saturado y los precios han pasado a ser demasiado exigentes para la mayoría de los bolsillos. En este contexto, el Gobierno ha decidido prorrogar durante seis meses el tope en el 2% a la subida de los contratos de alquiler ya existentes para tratar de frenar el impacto del alza de la inflación. Sin embargo, algunos propietarios han dado con la trampa para burlar este tope: alquilar por habitaciones y acogerse al Código Civil para formalizar el contrato, lo que les exime de exponerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, señala en una conversación con La Información que esta no es una práctica nueva, pero que han observado como el volumen de personas afectadas aumenta desde 2017. En ciudades como Madrid o Barcelona, donde para muchos ciudadanos el alquiler supone un notable porcentaje del sueldo, es habitual que muchas personas opten por arrendar una única habitación en lugar de un piso o una vivienda al completo. Por tanto, el perfil de afectados es variado, desde estudiantes que se trasladan para continuar sus estudios, jóvenes que emprenden su carrera profesional o incluso personas de mediana edad que han perdido su residencia o se han divorciado.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reformada por última vez en 2019, estipula ciertos derechos que deben ser respetados en la relación arrendador-inquilino, como la renovación automática de los acuerdos de menos de cinco años o de siete en el caso de las personas jurídicas. Además, las medidas aprobadas por el Ejecutivo que limitan la subida del importe del alquiler al 2% y renuevan por seis meses los contratos que caduquen antes del 30 de junio sin que se modifiquen las condiciones pactadas con anterioridad, resultan de aplicación para los acuerdos que se basen en la LAU.
La trampa de acogerse al Código Civil
Sin embargo, otros propietarios optan por la 'trampa' de basar su contrato en el artículo 1543 del Código Civil que establece que "una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto". Pero este no regula la vivienda en específico, sino que es aplicable a cualquier objeto, por lo que no recoge todas las especificidades como si lo hace la norma. Desde el Sindicato de Inquilinas, trasladan que efectivamente se trata de un fraude de ley, puesto que se ha desarrollado una norma específica para regular la relación que tiene que ver con la vivienda, pero al mismo tiempo se encuentran en una encrucijada, ya que la jurisprudencia de Madrid ha dado la razón a estos arrendatarios.
En 2019 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que los contratos de alquiler de pisos compartidos no se regían por la LAU, porque las habitaciones sin baño ni utensilios de cocina no garantizan "el desarrollo de la vida doméstica del inquilino con la intimidad y servicios que hoy se consideran indispensables", dado que su acceso es compartido. A efectos prácticos que el piso sea alquilado al completo por varias personas o que la relación sea entre cada uno de ellos con el arrendador, no conlleva diferencias en el uso del piso -denuncian desde el sindicato- sin embargo, hacerlo así les habilita para renovar los contratos cada ciertos meses y elevar el precio del alquiler, lo que se suma a la incertidumbre constante de si van a renovar o no su acuerdo.
Además, Víctor Palomo destaca que también se estaría dando una evasión fiscal. La normativa destinada a la vivienda obliga al propietario a depositar la fianza en el organismo público habilitado para ello en cada territorio y en caso de no hacerlo, se enfrenta a una sanción. Este procedimiento que el sector público lleve a cabo un control de los alquileres, sin embargo, si se acogen al Código Civil este requerimiento tampoco les es de aplicación, lo que favorece que un mayor número de acuerdos sean en negro.
Ley de Vivienda en Negociación
El Sindicato de Inquilinas estima que la solución pasa porque se especifique qué es habitable, para que deje de darse esta paradoja que se traduce en una merma de los derechos de los alquilados. Algo que se podría materializar a través de una nueva reforma de la LAU o en la ley de vivienda que se encuentra en tramitación y que el Gobierno espera que se apruebe "en las próximas semanas", según expresó la ministra de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Sin embargo, entre los frentes abiertos en su tramitación, no ha trascendido si alguna de las fuerzas políticas se ha hecho eco de esta reivindicación. Al menos desde la organización sindical no tienen constancia.
Fuentes de Unidas Podemos trasladan a La Información que su objetivo es regular los precios del alquiler de manera que sea eficaz y pueda evitar las subidas abusivas, aunque rechazan entrar en detalles sobre la negociación, debido a su gran complejidad técnica. Desde el grupo socialista en el Congreso tampoco se aventuran a hacer valoraciones sobre lo que estará y no incluido en la futura ley de vivienda, pero transmiten a este medio que está en la mano de las comunidades autónomas abordar esta problemática en el marco de sus competencias, dado que fijan las condiciones de habitabilidad de los inmuebles.
Durante el mes de enero su tramitación ha quedado parada, a no ser que la mesa autorizase la realización de sesiones extraordinarias de las comisiones implicadas, como ha solicitado el Gobierno. De acuerdo con las palabras de la responsable de la cartera implicada, la negociación estaría bastante avanzada y podría salir adelante según se retome la normalidad parlamentaria tras el parón de fin de año. Sin embargo, los partidos en el Gobierno deberán hacer un último esfuerzo por acercar posiciones con EH Bildu y ERC, quienes registraron enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
Además, los socios del Ejecutivo deberán limar asperezas entre sí dado que la materia de vivienda ha suscitado reproches contra el ala socialista desde comienzos de legislatura. Se trata de uno de los compromisos acordados por UP y PSOE para sellar el pacto de Gobierno, sin embargo, la negociación de esta norma quedó en el tintero cuando José Luis Ábalos estaba al frente de la cartera de Fomento, antes de que se produjese la renovación de asientos en el equipo de Gobierno. Ahora, ambas formaciones buscan apuntarse un tanto con el que engordar su agenda social antes de estrenar el ciclo electoral de 2023.
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