El Ejecutivo ha aprobado una sede de medidas que de acuerdo con las palabras de José Luis Ábalos, ministro de Fomento, "recogen la ambición de empezar a hablar con seriedad de política de vivienda como derecho y con su función social". Por ello, el Gobierno ha diluido hasta dejarlo en un puñado de medidas sociales el gran plan que anunciaron al inicio de la legislatura.
En este sentido han modificado los contratos de alquiler que partan desde particulares para que su duración sea prorrogable a cinco años, en vez de dejarlo en los tres en los que se encontraba actualmente tras la reforma de Mariano Rajoy. De hecho, tal y como ha comentado Ábalos, esta modificación no ha surtido efecto: "Los precios no han bajado, han aumentado".
En este mismo sentido, también ha ampliado el periodo de prórroga tácita, que ahora es de un año, a tres, y ha destacado que la limitación de la cantidad de mensualidades que se pueden pedir como garantía al inquilino acaba con la situación actual en que "se puede plantear cualquier exigencia".
Por el contrario, ha rechazado una de las grandes medidas que solicitada el grupo de Unidos Podemos, la limitación de precios del alquiler, pese a comentar que la actuación "tiene que ver con una situación difícil en el mercado de alquiler de vivienda en determinadas ciudades que precarizan el acceso".
Este Real Decreto también lleva aparejado la imposición de nuevas medidas sobre las viviendas turísticas, al estilo de las 'Airbnb', como son la posibilidad de que paguen más dinero en concepto de comunidad "con un límite". "Para que paguen más los que más usen las zonas comunes", señaló el propio Ábalos.
Con respecto a estas mismas viviendas, también ha aumentado el porcentaje necesario para negar la existencia de una vivienda turística en una comunidad de vecinos. De esta forma, y como ya había anunciado la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se amplía la mayoría cualificada a las tres quintas partes de los inquilinos la cantidad de vecinos que son necesarios para limitar este hecho.
Por otra parte, también obliga a la instalación de medidas de accesibilidad, como ascensores, en las comunidades de vecinos siempre y cuando las ayudas públicas superen el 75% del coste total de la obra. Algo que hasta ahora estaba contemplado en la ley, pero no se hacía efectivo.
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