Piden "valentía" al Gobierno

CCOO y UGT piden que el alquiler no pase del 30% del ingreso medio de los hogares

Fotografía de un edificio en alquiler.
Fotografía de un edificio en alquiler.
Canva.

UGT y CCOO han propuesto que el precio máximo del alquiler no supere el 25-30% del ingreso medio de los hogares en las "zonas tensionadas", en la que consideran que también deberían gravarse las viviendas vacías. Son dos de las medidas presentadas este lunes por los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo en el marco de la "Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda", que trasladarán al Gobierno y a los grupos parlamentarios.

En ella se plantea la necesidad de regular las viviendas turísticas, sobre todo en zonas urbanas en las que encarecen los precios de los alquileres. También se habla también de reformular los beneficios fiscales destinados al alquiler entre arrendador y arrendatario, elevar el tipo en el impuesto de sociedades a las SOCIMI y revisar el conjunto de la fiscalidad que afecta a las empresas que actúan en materia de vivienda para estimular el alquiler social.

Sordo y Álvarez han pedido "valentía" al Gobierno para asegurar la limitación de los precios del alquiler en aquellos ayuntamientos o comunidades autónomas que pudieran oponer resistencia a medidas como la limitación de precios.

UGT y CCOO han propuesto que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) otorgue la competencia de la definición y el funcionamiento de este mecanismo al Gobierno, mientras que las comunidades autónomas sean las responsables de su aplicación y funcionamiento real.

Asimismo, abogan por un programa de alquiler seguro para los arrendadores que cedan sus viviendas y asequible para los arrendatarios con más dificultades económicas, acompañado de un plan de rehabilitación para las viviendas que se sumen al programa.

Junto con la actuación sobre el mercado del alquiler, los sindicatos incluyen en su iniciativa la creación de un parque público viviendas para alquiler social sostenido con fondos públicos.

De acuerdo con sus cálculos, con un presupuesto anual de 2.980 millones de euros se podrían llevar a cabo 150.000 actuaciones de alquiler seguro y asequible, 100.000 actuaciones de rehabilitación, 25.000 de adquisición de suelo, 25.000 de nueva construcción y 50.000 acciones de compra para el parque social de vivienda pública.

Sordo y Álvarez han coincidido en que un derecho básico no debe asegurarse a través del mercado y en que el Gobierno está "obligado" a actuar, puesto que es un derecho constitucional y un "gravísimo problema" que viene de lejos y que no se ha solventado.

Mostrar comentarios