Jon, de 50 años, es propietario de una vivienda vacía en un pequeño pueblo industrial de Gipuzkoa. Hace tres años decidió ceder su piso al Gobierno Vasco, con un contrato de seis años, para que éste lo alquilara dentro de su programa de alquiler social. "Yo no me ocupo de nada y cada mes el Gobierno vasco me ingresa 452 euros", explica. "Dentro de tres años, cuando venza el contrato, me lo entregarán en las mismas condiciones en las que estaba o decidiré si vuelvo a ceder el piso por otros seis años". Irune, de 29 años, está separada y con un hijo. Vive de alquiler en un piso que gestiona el Ejecutivo autonómico en un pueblo de Bizkaia por el que paga 260 euros. "No tengo un sueldo muy alto, más bien es bajo, y ésta es la única forma de poder vivir en un piso en alquiler", dice.
Son solo dos ejemplos entre los 23.000 pisos, 8.000 de ellos de propiedad pública, que gestiona el Gobierno de coalición PNV-PSE a través de la empresa pública Alokabide para ofrecerlos en el mercado del alquiler, que en el País Vasco ronda las 115.00 viviendas. Unos inmuebles, los gestionados públicamente, con una renta media de alquiler de 226 euros, mientras que el precio medio en el mercado libre se sitúa en los 651, cantidad se eleva en las tres capitales, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Sobre todo en las dos primeras, que se encuentran entre las ciudades españolas con los precios de alquiler más caros. El País Vasco es la única comunidad española en la que la vivienda es un derecho subjetivo del ciudadano, desde el año 2015. Quienes lo reclaman -deben tener unos ingresos máximos de 25.000 euros- obtienen un piso de alquiler o una ayuda para pagarlo que entrega el Gobierno vasco. El inquilino que accede a una vivienda gestionada públicamente nunca paga por su piso en alquiler más del 30% de sus ingresos. En Etxebide (el servicio público vasco de vivienda) hay apuntadas 65.000 familias.
La de la vivienda es una política fundamental para el Gobierno vasco y su Plan de Vivienda 2018-2020 está dotado con 1.119 millones de euros, frente a los 1.070 que destina la Administración central para el mismo periodo en todo el territorio nacional. Además, a diferencia de los acuerdos e intenciones que han firmado el PSOE y Podemos para esta legislatura, en el País Vasco no se limita el precio del alquiler en el mercado libre, tal y como ha recomendado hace poco el Banco de España. "En cada zona hay situaciones diferentes y nosotros lo que creemos es que hay que poner en el mercado de alquiler vivienda pública a precios asequibles y vivienda en general y eso creemos que no se logra limitando el precio en el mercado libre sino con otras medidas", explica a La Información Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco, dentro del departamento que dirige el consejero socialista, Iñaki Arriola.
"En Euskadi no hay grandes propietarios de viviendas. Aquí no hay Socimis, como en el resto de España, porque pagarían el mismo tipo de impuesto de sociedades, el 21%, que el resto de empresas. Aquí el propietario tipo es el que tiene un segunda vivienda. Hay 20.000 pisos vacíos en Euskadi que no se utilizan. Nosotros tenemos que hacer que salgan al mercado del alquiler. Y eso no se logra limitando los precios del alquiler. Sino con otro tipo de políticas, digamos, políticas del palo y la zanahoria", sentencia Yoldi.
Así, el Gobierno vasco aplica políticas fiscales contra la especulación en vez de limitar los precios de alquiler. Por ejemplo, grava a los propietarios que tengan viviendas vacías y sin utilizar y pretende que quien ponga la vivienda en alquiler a precios por debajo de los de referencia en el mercado que publica cada seis meses el propio Ejecutivo tengan rebajas, desgravaciones y bonificaciones fiscales, "aunque esto nos va a costar más llevarlo a cabo". Igualmente, las VPOs (Viviendas de Protección Oficial) mantienen esa calificación indefinidamente por lo que los precios de venta o alquiler son limitados. Igualmente, todas las promociones públicas estarán dedicadas íntegramente al mercado del alquiler a partir de 2020 y, para las obras en el mercado libre, la reserva de vivienda protegida alcanza el 40% en suelo urbano y del 75% en suelo urbanizable.
El plan bautizado como Bizigune, que ha sido reconocido por la plataforma de soluciones de vivienda Housing Solutions Platform como una de las 50 ideas más innovadoras de 2019, pretende movilizar las viviendas vacías en manos de particulares. Éstos se las ceden al Gobierno vasco, que las ponen en el mercado de alquiler protegido y es el Ejecutivo el que se encarga de todo e ingresa la propietario un máximo de 600 euros al mes. Igualmente, la comunidad autónoma vasca ha sido la primera en adquirir pisos a la Sareb para sacarlos al mercado de alquiler social.
El convenio con la iglesia
En el empeño de captar viviendas para incluirlo en su plan, el Departamento de Vivienda incluso firmó el pasado mes de abril un convenio con la iglesia de Bizkaia y ahora está a punto de hacerlo con las de Gipuzkoa y Álava. Éstas dos últimas diócesis están realizando un inventario de sus pisos vacíos para cederlos al programa de alquiler social del Gobierno vasco, Alokabide. Así, las diócesis dirigidas por Mario Iceta, José Ignacio Munilla y Juan Carlos Elizalde recibirán por sus pisos una cantidad similar a la que perciben las 6.000 personas físicas acogidas al programa Bizigune, un máximo de 600 euros mensuales por vivienda.
El País Vasco es una de las sociedades más envejecidas de Europa y por sus características económicas y hasta geográficas, con poco suelo disponible, el acceso a los jóvenes a la vivienda es complicado. Por ello, el Gobierno ha puesto en práctica el programa Gaztelagun, con 50 millones de euros, por el que se conceden ayudas de hasta el 60% del alquiler a 6.000 personas menores de entre 23 y 35 años, con un nivel de renta, según la tipología familiar, que va desde los 8.300 a los 25.000 euros. "Es clave facilitar la emancipación a los jóvenes", explica Yoldi. Igualmente, y con el fin de que no existan guetos en los edificios de viviendas públicas y protegidas y se logre la cohesión social, un 40% de los pisos se destinan a menores de 35 años, otro 40% a solicitantes que tienen el derecho subjetivo a una vivienda, un 10% a personas con necesidades especiales como mujeres que padecen violencia de género o discapacitados y el 10% que resta para la ciudadanía en general.
Viena es el modelo
El objetivo del Ejecutivo vasco es "seguir creciendo en el parque de viviendas de alquiler social que gestionamos. Ahora son 23.000 y hay que ir paso a paso. Luego 35.000, más tarde 50.000... Porque nos encontramos muy lejos de los estándares europeos en este sentido y apenas llegamos al 2,3% del total de viviendas en Euskadi, que es de un millón. En este sentido nuestro modelo es Viena, pero ellos llevan 100 años de política social de vivienda en alquiler". Así, en la capital austriaca, que dedica 600 millones anuales a su política de vivienda, y con un parque de 750.000 viviendas y 1,8 millones de habitantes, el Ayuntamiento tiene un parque de 220.000 viviendas que alquila a un precio medio de 400 euros y además hay otras 200.000 casas que reciben ayudas públicas y cuyo alquiler medio se sitúa en 512 euros.
Mientras, y pese a los esfuerzos del Gobierno vasco, San Sebastián sigue siendo la tercera ciudad española más cara para alquilar con 1.309 euros al mes de renta media, según un estudio del portal pisos.com. Sin embargo, según la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA) del ejecutivo autonómico, basada en las fianzas depositadas obligatoriamente en los registros de los contratos vigentes, es de 859 euros. Diferencia que llevó a decir en su día al Consejero Iñaki Arriola que "está claro que los precios que encontramos en los portales inmobiliarios poco tienen que ver con los realmente pagados por los arrendatarios".
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