Políticos de ida y vuelta: 200 cargos han usado el atajo para irse al sector privado

En apenas tres años y medio, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), una Dirección General que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha autorizado 234 actividades privadas a ex altos cargos -de todos los colores políticos-. En la mayoría de los casos estos responsables han tenido que esperar menos de seis meses desde su cese para incorporarse a la empresa privada y en algunos casos incluso menos de una semana. Estos accesos al sector privado, en principio, no tienen que ver con las 'puertas giratorias', un término peyorativo que describe el paso a un sector afín al cargo público desempeñado y que puede generar un conflicto de intereses.

Los registros del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado muestran que desde 2015, año en el que se aprueba la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que endureció las condiciones de acceso al sector privado, se han aprobado 374 solicitudes, que afectan a 205 altos cargos -algunos han hecho más de una-. La ley contempla que el paso al sector privado no debe ser inmediato y tienen que transcurrir dos años tras el cese para evitar que presten servicios en entidades privadas que han resultado afectadas por decisiones en las que han participado. Sin embargo, se prevé una autorización antes de que transcurran esos dos años, que se obtiene tras ser evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses.

A estos poco más de 200 cargos que pidieron permiso y se lo autorizaron para trabajar en empresas, universidades y despachos o colaborar en medios de comunicación durante el periodo comprendido entre marzo de 2015 y noviembre de 2021, hay que añadir otras 313 peticiones autorizadas entre 2006 y 2015, según los datos de la Oficina de Conflictos de Intereses. Según consta en una reciente respuesta parlamentaria a una pregunta registrada en el Congreso por la secretaria general del Grupo Socialista, Rafi Crespín,  durante estos 16 años, la Oficina de Conflicto de Intereses, que nació en abril de 2006, solo ha 'tumbado' 14 de las peticiones tramitadas. En los últimos seis años se han tramitado más expedientes y ha habido menos denegaciones -solo nueve-, que en los nueve comprendidos entre 2006 -a año en el que se aprueba la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la AGE- y 2015.

El pase al sector privado se frena si se detectan decisiones en la actividad pública que afectan a la empresa en la que se pretende desembarcar

Para dar el salto al sector privado es necesaria la aprobación de la OCI, un organismo que dirige Flor María López Laguna que, tras un exhaustivo examen, debe confirmar que no ha detectado anomalías en estas más de 700 peticiones recibidas desde 2006. La autorización se frena si se detecta que alguna de las decisiones desempeñadas durante la actividad pública ha afectado a la empresa en la que se pretende desembarcar. Ese obstáculo desaparece a los dos años de dejar el cargo. Una de las claves, que no resulta fácil de detectar, es si el fichaje de estos cargos por empresas privadas tiene que ver con sus actitudes, formación y profesionalidad o su contratación se debe más a operaciones de márketing y reconocimiento -ver caso Rivera-Echevarría- o más frecuente a una forma de tener una de acceso directo a los que toman las decisiones políticas.

Según los datos que ofrece el Portal de Transparencia, el último en beneficiarse del acceso rápido al sector privado ha sido el el ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha pedido seis autorizaciones, que se han producido apenas seis meses después de su cese,  para colaborar con medios de comunicación -Ara, Cadena Ser, Gara, Contexto y Cadena RAC1- y para trabajar para Universitat Oberta de Cataluña. También la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo ha recibido el visto bueno para colaborar con la Ser. Precisamente, las peticiones para participar en medios son mayoritarias, pero también para trabajar en consultoras y despachos de abogados, impartir clases en la Universidad y para trabajar en empresas tecnológicas. 

Entre los últimos 'visados' para trabajar en el sector privado está el de Salvador Delgado, Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, que ahora será asesor de Petronor, tras 18 meses de espera para conseguir su autorización. También recientemente se ha producido el paso del Jefe del Mando Aéreo de Combate a la compañía aeronáutica Airbus. Mientras, los grandes despachos de abogados son un polo de atracción para cargos de muy diferentes áreas. Los fichajes más recientes han sido el de la ex vicepresidenta de la CNMV Ana María Martínez-Pina por Gómez Acebo y Pombo y el de ex embajador en Reino Unido Carlos Bastareche por Cremades & Calvo Sotelo.   

Acciona, BBVA, Deloitte, KPMG, Ernst & Young o Iberdrola son algunos destinos en los que recalan altos cargos

Mientras Acciona, BBVA, El Corte Inglés, Deloitte, Banco Santander, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Iberdrola o Enagás son otros de los destinos en los que recalan altos cargos y responsables de organismos públicos tras su paso por la Administración. Pero tampoco faltan los que deciden regresar a la actividad política pura y dura de partido, dedicarse a dar clases en universidades o convertirse en autónomos estableciéndose por cuenta propia. El fin de un mandato, como el que se produjo tras la moción de Pedro Sánchez al Gobierno de Mariano Rajoy, provoca un aluvión de peticiones, desde ministros a directores generales, que deben ser autorizadas por los responsables del Gobierno entrante.

El pasado octubre Unidas Podemos anunciaba una proposición de Ley para prohibir las llamadas 'puertas giratorias' y sancionar los casos de altos cargos políticos con elevada influencia dentro de un partido. En la norma, según señalaron, debería incluirse un código de conducta vinculante con sanciones en supuestos muy graves así como un pacto anti puertas giratorias con todos los partidos políticos, similar al pacto antitransfuguismo. También Ciudadanos ha incluido iniciativas para que el paso del sector público al privado no resulte tan sencillo.