La organización de defensa de los derechos humanos apela en un comunicado a "las sociedades multinacionales que utilizan baterías de iones de litio en sus productos a realizar controles en materia de derechos humanos para saber si el cobalto (utilizado en esas baterías) es extraído en condiciones peligrosas o por niños, y a ser más transparentes acerca de sus proveedores".
La RDC, recuerda la oenegé, concentra más de la mitad de la producción mundial de cobalto.
Al lado de algunos grandes grupos que garantizan la parte esencial de la producción del país africano, concentrada en Katanga (sudeste de la RDC), decenas de miles de "excavadores" (mineros clandestinos), muchos de ellos menores, trabajan en condiciones de higiene y seguridad deplorables, con frecuencia poniendo en peligro sus vidas por una remuneración irrisoria en galerías subterráneas cavadas con herramientas rudimentarias.
Al término de una investigación sobre 16 multinacionales, entre ellas grandes de la electrónica o el automóvil como Apple, Daimler, Lenovo, Microsoft o Samsung, Amnistía Internacional afirma que dichas sociedades, en su conjunto, son incapaces de determinar el origen del cobalto empleado en las batería del iones de litio fabricadas por proveedores chinos a los que recurren para sus productos.
La RDC rebosa de recursos mineros pero sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. La riqueza del subsuelo contribuye a alimentar los conflictos armados que desgarran el oriente del país desde hace más de veinte años, sobre todo las provincias del Norte y Sur Kivu, grandes productoras de oro, estaño, coltán y tungsteno.
Para evitar que las empresas financien indirectamente los conflictos en la RDC, una ley estadounidense sobre estos minerales llamados "de sangre" impone desde 2014 a las sociedades que cotizan en Estados Unidos que indiquen a las autoridades bursátiles si emplean esas materias primas y llegado el casi que notifiquen si esas materias fueron extraídas en la RDC o alguno de sus nueves países vecinos.
En un informe publicado en abril de 2015 con la oenegé Global Witness, Amnistía Internacional acusaba a las grandes empresas estadounidenses de hacer caso omiso de las obligaciones derivadas de esa ley.
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