(ampliación) bruselas exige la devolución de las ayudas fiscales al sector naval entre 2007 y 2011

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, confirmó este miércoles que España deberá exigir la devolución de las ayudas fiscales concedidas a los inversores en astilleros del país entre abril de 2007 y 2011.
En una rueda de prensa, Almunia dijo que estos inversores, que formaban parte de agrupaciones de interés económico, “pudieron beneficiarse indebidamente” de una reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades y de un sistema especial de tributación en función del tonelaje.
Tras esta decisión de Bruselas, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, que la podría suspender, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe elaborar una lista de los inversores que participaron en estas agrupaciones de interés económico y determinar cuántas ayudas fiscales beneficiaron a cada uno de los inversores.
A partir de esta información, el propio departamento dirigido por Cristóbal Montoro debe discernir qué parte de las ayudas es compatible con las ayudas de transporte marítimo u otras deducciones para realizar el cálculo de la cuantía que debe ser devuelta.
Sobre la cifra, que según el sector alcanzaba unos 3.000 millones de euros si se contabilizaba desde 2005, el vicepresidente de la Comisión mostró cierta incredibilidad. “No tiene mucho que ver con el montante total de la recuperación”, afirmó.
A este respecto, Almunia reiteró que la devolución no afecta ni a navieras ni a astilleros y aseguró que los inversores no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros en aplicación de contratos existentes.
INSEGURIDAD JURÍDICA
En cuanto a la última propuesta de la CE, que retrasa de 2005 a abril de 2007 la fecha de inicio del plazo para reclamar las ayudas, explicó que se produce porque se ha encontrado alguna jurisprudencia que frente a la regla general de que la inseguridad jurídica cesa cuando Bruselas anuncia la apertura de una investigación, la fecha que rompía esta situación de inseguridad jurídica era la de publicación en el boletín oficial.
Con respecto al hecho de que la Comisión no iniciara esta investigación hasta 2011, lo justificó porque España no notificó el establecimiento de estas ayudas en 2002 y porque en 2006 el control de este tipo de subvenciones dependía del comisario de Transporte y no del de Competencia.
Además, indicó que fue en 2010 cuando se produjo una denuncia formal contra estas ayudas ‘tax lease’, que fue presentada por siete asociaciones nacionales representantes del sector naval, y solo entonces se abrió una investigación en profundidad.
Por otro lado, preguntado por la carta de la comisaria Neelie Kroes que según el Gobierno español respaldaba estas ayudas, Almunia defendió que no se refería al sistema de ‘tax lease’, ya que cuestionaba una posible discrimminación de los astilleros españoles frente a los de otros países, “un aspecto lateral del sistema”, según el comisario.
Apuntó también que esa carta no está basada en ninguna investigación formal sobre ayudas de Estado y que estuvo dirigida exclusivamente al Gobierno de Noruega.
Por último, negó que esta decisión afecte a las futuras inversiones en los astilleros españoles, porque el nuevo sistema de ‘tax lease’ está plenamente operativo desde 2012 y ofrece seguridad jurídica.
“Creo que hay inversores y que habrá inversores, hay que buscarlos y convencerlos y estoy seguro de que así se va a hacer”, concluyó.