(ampliación) educación. Wert asegura que la aplicación de la lomce no generará más déficit a las autonomías

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró este lunes que la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no supondrá un aumento del déficit autonómico, pues los 974 millones de euros que costará su puesta en marcha durante los próximos tres cursos serán asumidos entre el Estado y el Fondo Social Europeo.
La consolidación de esta norma durante los ejercicios 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 tendrá un coste estimado de 400 euros por curso, lo que en total supone unos gastos de implantación y consolidación de 2.164 millones de euros hasta 2020.
De cara a la puesta en marcha, el Estado se hará cargo de 320 millones de euros y Bruselas aportará 614 millones hasta 2017 con cargo al Fondo Social Europeo, ya que entiende que la nueva Formación Profesional Básica y la implantación de itinerarios en 4º de ESO ayudarán a combatir el abandono escolar y fomentar la empleabilidad de los jóvenes (objetivos elegibles para ser financiados por este programa).
En rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Educación, Wert fue tajante al negar que los 634 millones de euros procedentes de Europa que el Estado adelantará a las comunidades autónomas vayan a generar deuda para estas administraciones.
“No habrá deuda ninguna, pues en cuanto justifiquen que la cantidad ha sido gastada se generará un crédito que acabará con la deuda que muy temporalmente pudiese existir”, señaló Wert.
Tampoco se generará déficit con cargo a estos anticipos, prosiguió, pues “los adelantos del Fondo Social Europeo están libres del cobro de intereses”.
En cuanto a la consolidación de la ley para el período 2017-2020, Wert señaló que la financiación se repartirá entre el Estado y las comunidades autónomas y que se negociará en la próxima cumbre de política fiscal y financiera.
Lo “normal es que la nueva financiación autonómica se apruebe antes” del curso 2017-2018, pero de no ser así se repetirá la fórmula de cofinanciación entre Bruselas, Estado y autonomías.
Andalucía, con 189,6 millones de euros hasta 2017, será la autonomía que más fondos reciba para la puesta en marcha de esta nueva ley, seguida de Comunidad Valenciana (112,1), Madrid (110,8), Cataluña, (106,1), Castilla y León (59,9) y Castilla-La Mancha (58,1). Las que menos perciben en términos absolutos son La Rioja (9,7), Navarra (11,7), Asturias (12), Cantabria (12,4), Baleares (23) y Aragón (26).
PREOCUPADOS POR LA DEUDA
Sin embargo, los consejeros de Canarias, Asturias, Cataluña, Euskadi y Asturias manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que la puesta en marcha de la Lomce y el adelanto de fondos europeos les pueda computar como deuda.
Según la consejera de Asturias, Ana González, responsables del Ministerio de Hacienda se reunieron hace días con directores generales y otros técnicos de las autonomías y “así fue como nos enteramos de que ese adelanto nos podía contar como deuda”. “Le hemos preguntado a Wert y no nos lo ha sabido aclarar”.
Por su parte, el consejero de Educación y vicepresidente de Canarias, José Miguel Pérez, se mostró convencido de que hasta que las comunidades “podamos certificar el destino de esos fondos, nos va a contar como deuda”. ”Puede ser que no tengamos que devolverlo al final, pero estamos sujetas a una limitación muy estricta en cuanto a capacidad de déficit y si esto nos computa, habrá otras partidas en las que tengamos que dejar de invertir”, agregó.
De ahí que el consejero andaluz, Luciano Alonso, reclamase al Gobierno una memoria económica que asegurase la financiación de la Lomce. “Es la primera ley de educación que no se financia desde Hacienda, sino a través del Fondo Social Europeo, que no sabemos si tendremos que devolver”, subrayó.
Las consejeras de Euskadi y Cataluña, Cristina Uriarte e Irene Rigau, respectivamente, señalaron que “más que el cuanto”, les preocupa “cómo se van a gestionar estos fondos”. “No podemos decir sí a una financiación que funciona como préstamos” y que puede generar más déficit a las comunidades autónomas, concluyó Rigau.
En esta Conferencia Sectorial también se ha dado el impulso final al desarrollo curricular de la ESO y del Bachillerato. Paralelamente, se ha abierto un nuevo plazo de información pública en la página "web" del Ministerio y el nuevo proyecto de real decreto ha sido enviado al Consejo de Estado para su pertinente dictamen.