(ampliación) los bancos nacionalizados necesitan 36.965 millones, de los que 17.960 corresponden a bankia

Los bancos españoles nacionalizados necesitan 36.965 millones de euros, de los que 17.960 corresponde a Bankia. Además, la gallega NCG necesitará 5.425 millones de euros, Catalunya Banc unos 9.080 millones y Banco de Valencia, 4.500 millones.
Los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea prevén una serie de ejercicios de evaluación de la deuda subordinada y la transferencia de una parte de los activos tóxicos y préstamos a una empresa de gestión de activos (Sareb), lo cual reduce las necesidades de capital de los bancos. Además, la institución europea transferirá 2.500 millones a la Sareb, el llamado ‘banco malo’.
Así lo explicó este miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, quien señaló que con los planes aprobados para las entidades nacionalizadas –salvo Banco de Valencia que ya ha sido adjudica a Caixabank-, “volverán a ser viables sin necesidad de más ayudas públicas”.
Respecto a la adjudicación de Banco de Valencia, Almunia indicó que “no era viable como entidad autónoma” y que se integrará en otro banco “es más barata” que su liquidación.
El comisario de Competencia indicó que se contempla la venta de NCG y Catalunya Banc en el plazo de aplicación de sus planes, y que si en diciembre de 2017 no se hubiera conseguido, estas entidades tendrían que ser liquidadas.
Respecto a Bankia, el objetivo es que la entidad siga operando en el mercado en condiciones de "beneficio razonable y de solvencia".
Los planes tienen un horizonte de cinco años, con lo que el proceso terminará en diciembre de 2017. Las redes de oficinas se reducirán a finales de 2017 a la mitad de las que había en 2010 y el balance financiero de cada banco lo hará en más del 60 %.
Estas entidades venderán o liquidarán filiales y participaciones industriales, y centrarán su actividad en banca minorista. Almunia dijo que deben hacerlo “durante el periodo de aplicación del plan y en las mejores condiciones posibles”.
En este sentido, Almunia explicó que los bancos centrarán su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las pymes en sus principales regiones históricas.
Además, abandonarán las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitarán su presencia en el mercado al por mayor.
En su explicación, Almunia aclaró que se han limitado las operaciones inmobiliarias porque la “historia pasada" demuestra que “no son capaces de gestionar operaciones de riesgo”.
En esta misma línea, dijo que se ha limitado el negocio a sus ámbitos territoriales tradicionales porque su “expasión ha conllevado alto riesgo” al igual que salirse de una banca minorista ha comportado un “elevado riesgo”, y que ello ha derivado en la situación actual. “Deben abandonar los préstamos al sector promotor y a otras actividades riesgo”, sentenció.
Respecto a los despidos que la aplicación del plan conllevará en las cuatro entidades, Almunia no quiso dar detalles y sentenció con un tajante “no, claramente no”, que la Comisión haya impuesto a las entidades que apliquen la nueva reforma laboral.
Preguntado por los responsables de la situación, el vicepresidente de la Comisión añadió que son “quienes gestionaron mal estas entidades” en el pasado lo que derivaría en “una lista relativamente larga”.
Por otra parte, hizo referencia a la absorción de las pérdidas soportadas por los bancos y sus accionistas, algo que garantizará, junto con las medidas de reestructuración, un “reparto satisfactorio” de las cargas y una aportación propia adecuada a la financiación de los significativos costes de reestructuración. Según la Comisión, esto reduce la ayuda estatal necesaria para reestructurar los bancos en alrededor de 10.000 millones de euros.
En el marco de este proceso, los bancos se han comprometido a limitar las remuneraciones y prohibir pagos de bonos hasta que no se hayan aplicado plenamente las medidas sobre el reparto de la carga en materia de instrumentos híbridos.
Estos bancos tampoco harán publicidad de la ayuda estatal ni utilizarla para prácticas comerciales agresivas y prohibir adquisiciones.