El Gobierno de Andalucía ha acordado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo central, y solicita su suspensión cautelar hasta el momento en el que haya una resolución, ya que cree que invade competencias autonómicas y que va "contra Andalucía".
El Ejecutivo andaluz considera que es un tributo creado "única y exclusivamente" para contrarrestar la bonificación del impuesto de Patrimonio aprobado en la comunidad y ha avisado de que el Gobierno presidido por Juanma Moreno no tolerarán que nadie "pisotee" ni "injiera" en la autonomía fiscal de la región.
El Gobierno andaluz se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas. En concreto, el recurso, que se presentará en los próximos días, se basa en tres argumentos, el primero de ellos por una invasión de las competencias normativas atribuidas a la comunidad y recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades.
Además, argumenta que se vulnera el artículo 23 de la Constitución por el procedimiento utilizado para aprobar el impuesto, ya que se hizo a través de una enmienda en una ley por que la que se creaban otros dos impuestos. Por su parte, la Junta entiende que con esa fórmula se ha privado a los grupos parlamentarios de la posibilidad de presentar enmiendas al impuesto, por lo que se "cercena" un derecho de los diputados, ha explicado en rueda de prensa la consejera de Economía, Carolina España.
El tercer argumento en el que se sustenta el recurso es la vulneración del principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9.3 de la Constitución, ya que introduce una novedad normativa "de una forma sorpresiva" e impide a los afectados "reaccionar y adaptarse", ha explicado la consejera.
La Junta pide la suspensión cautelar del impuesto hasta que haya una resolución para que las familias no se vean obligadas a hacer frente al primer pago del impuesto. El recurso, que cuenta con un informe de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo, se presenta porque el Gobierno andaluz recibe el impuesto a las grandes fortunas como "un ataque a la autonomía fiscal y financiera de Andalucía".
Según los cálculos de la Junta, en Andalucía no llegarían a un millar de personas las que tendrían que pagar el impuesto, pero la consejera ha destacado que se "ahuyenta" la inversión y que, por ejemplo, se frena el objetivo de que los extranjeros de las zonas costeras se hagan residentes en la región.
El impuesto de Patrimonio lo pagaban 19.000 contribuyentes en Andalucía, pero la consejera ha asegurado que la preocupación de la Junta no es la recaudación, sino el "ataque frontal" a la autonomía fiscal y el "efecto huida" que ahora existe. Carolina España ha denunciado que el Gobierno central ha aprobado "por la puerta de atrás" y vía enmienda un impuesto "que lo único que trata es de cortar las alas de Andalucía" en un ejercicio de "oposición" al Ejecutivo que preside Juanma Moreno.
Ha lamentado que es "algo sin precedentes", que un impuesto estatal se haya "superpuesto con tal descaro" sobre la materia impositiva de otro impuesto estatal, para "dejar sin efecto" las bonificaciones aprobadas por la Junta en el Impuesto de Patrimonio. "El Gobierno ha pretendido hacer oposición al Gobierno andaluz saltándose, de forma ilegítima, todas las leyes más importantes que tenemos", ha criticado la consejera.
El gravamen que aprobó el Gobierno central, de carácter temporal, será abonado por los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable, que son 23.000, con un impacto esperado de 1.500 millones, según el Ministerio de Hacienda.
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